Como se sabe, a raíz de las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, la ciudadana Fiscal Luisa Ortega Díaz, sin medir muy bien el alcance de las palabras, -supongo yo, porque la buena fe se presume y la mala hay que probarla- y en un apresuramiento injustificado, impropio de un funcionaria de su elevada jerarquía, declaró que las mencionadas sentencias del TSJ habían roto el orden constitucional.
Esta declaración, además de tremendista o exagerada, fue evidentemente un gigantesco´error; un error, que aun puede tener nefastas consecuencias para nuestro país. Porque, ¿qué implicaciones desde el punto de vista institucional hubieran tenido esas declaraciones si la ruptura que mencionaba se hubiera producido realmente? Qué el régimen constitucional hubiera sido abolido y sustituido en su lugar por uno de facto, o sea, por una dictadura.
Ahora, la pregunta es: ¿el Ministerio Público, como consecuencia de esas sentencias, dejó en algún momento de funcionar, de cumplir libremente con sus delicadas obligaciones? O las demás e instituciones u organismos del estado, ¿se vieron éstos en algún momento impedidos de cumplir las funciones que les acuerda la Carta Magna? ¿Se suspendieron en algún momento las garantías políticas y sociales de los ciudadanos contempladas en la Constitución? ¿Se prohibió acaso el derecho de reunión, de manifestar pacíficamente, de circulación y de asociación con fines políticos? ¿Se conculcó el derecho de los ciudadanos a expresar libremente por cualquier medio y sin censura previa sus opiniones?
Ahora, si nada de esto ocurrió ¿dónde está entonces la ruptura del orden constitucional denunciada en un tono dramático por la ciudadana fiscal? No ha habido ninguna ruptura de este tipo en el país. ¿Qué sucedió entonces? Que el Tribunal Supremo de Justicia, para evitar que el país se paralizara debido a la situación de desacato y de desconocimiento de la Constitución en la que tercamente se mantiene la Asamblea, decidió asumir momentáneamente algunas funciones de ese organismo deliberante. Y lo hizo con el fin de que se pudieran realizar algunas actividades y operaciones económicas altamente sensibles para los intereses de la nación. Pero fue sólo, como dijimos, una situación momentánea.
Pero además de lo anteriormente expuesto, está un hecho que no puede sino suscitar profundas dudas acerca de lo que realmente perseguía la señora fiscal con esa declaración. Se trata de que jamás le dirigió un una solicitud, un exhorto, a la Asamblea Nacional para que depusiera una actitud que, por encontrarse manifiestamente al margen de la Constitución, era contraria a los intereses del país y su democracia. Porque para nadie es un secreto que esos parlamentarios, desde que llegaron a ese organismo legislativo, fue con la idea de desestabilizar políticamente al país y derrocar por vías extraconstitucionales al gobierno legitimo del presidente Maduro.
Para terminar y por considerarlo importante, quiero hacerlo con el último párrafo de un artículo mío recientemente publicado por este mismo medio. Y es el siguiente: "Y no es que estemos en desacuerdo con que el Ministerio Público, a cuyo frente se encuentra la Dra. Luisa Ortega Díaz, exprese su opinión desfavorable o no con respecto a la actuación de los demás poderes -decíamos en ese párrafo-. Pero lo que sí es conveniente, y es lo que los venezolanos esperamos, es que esas opiniones sean los más prudente y comedidas posible. Pero, además, que se encuentren estrictamente apegadas a la importancia de los hechos sobre los cuales se emiten esas opiniones.
Lo que no ocurrió en el caso que nos ocupa. Ya que en relación con los hechos que dieron lugar a sus desafortunadas declaraciones, es evidente que la ciudadana fiscal se excedió. Lo cual es por demás lamentable, por cuanto con toda seguridad serán tomadas por los enemigos del país, tanto los internos y como los externos, para hacerle a éste, a Venezuela, más daño del que el que ya le han hecho. De allí que creamos conveniente que, con la humildad republicana que debe caracterizar a todo funcionario probo y de una fidelidad inquebrantable hacia la patria, la Dra. Ortega Díaz, debe disculparse ante la nación.
NOTA: No creemos conveniente que Venezuela deba salirse de la OEA. Entre otras razones de peso, porque eso no impediría que nuestro país siga siendo agredida por el imperialismo. Con el agravante de que ni siquiera podría defenderse.
La OEA no tiene la culpa. Los culpables de que esa organización esté tomando un camino distinto al señalado por su carta fundacional, son los gobierno títeres y arrastrados que la componen. Gobiernos que con su humillante postración a las patas del amo imperial, no hacen sino llenar de oprobio a sus respectivos países. Casos particularmente vergonzosos son el chileno y el uruguayo.
A Hermann Escarrá hay que cuidarlo. Porque si llegaron a atentar contra un hijo de Freddy Bernal, que no significaba ninguna amenaza importante para la oposición, imagínense lo que estarán pensando de este coloso. Especialmente, después de su extraordinario discurso en la Alcaldía de Caracas.
¡Cómo se estarán revolcando en sus tumbas debido a la actitud servir e indigna que los gobiernos de sus respectivos países están asumiendo frente al imperialismo yanki! Me refiero a Eduardo Galeano y Mario benedetti, de Uruguay, y Salvador Allende y Pablo Neruda, de Chile
