Venimos exigiéndole al gobierno que aplique las leyes porque es su obligación debidamente atribuida al Presidente de la República. Las más de las veces, el mismo gobierno se ha mostrado impertérrito ante tantos, reiterados, notorios y graves abusos inmorales y administrativos cometidos por los defenestrados del Poder a raíz de la instauración de la presente V República.
Muchos de esos defenestrados salieron electos con la locomotora de Hugo Chávez y son precisamente los corruptos que cometen sus mismos delitos de la 4ta. República., pero que ahora se les atribuye a la burocracia bolivariana sin distingos entre enchufados y delincuentes impunes, y los burócratas honestos que recién resultaron electos desde el mismo momento que emergió la V República y que lo hicieron por diáfana voluntad popular y mayoritaria, según conteos y reconteos, auditorías y reauditorías practicadas a todos los resultados que han favorecido a los electos por el pueblo en todas las casi 20 elecciones hiperdemocráticas que se lleva hasta ahora.
Pongámonos de acuerdo: si una persona comete delitos[1], el Estado reacciona y aplica las leyes correspondientes con los funcionarios correspondientes. Si no reacciona, decimos que es un incapaz que permite la impunidad, que no hace cumplir las leyes; si los delitos son graves en contra la ciudadanía y el Estado no reacciona prontamente, no sabe gobernar, pero si actúa prontamente y por todos los medios, entonces hablamos de represión. Eso no cuadra por ninguna arista de ningún raciocinio entre cuerdos.
Así ha ocurrido con los OLP, surgidos ante la evidencia de unos cuerpos de seguridad policial estatal y municipal cuya corrupción de manera conteste se atribuye unánimemente a los gobiernos del Puntofijismo por todos los partidos bolivarianos y chavistas de la 5ta. República, y también se le viene atribuyendo a la crasa, palmaria e inocultable lentitud procesal asumida por el Protocolo Judicial, una actitud que hoy luce a ojos vistas, con una Defensoría del Pueblo y una Fiscalía prestas para la defensa de delincuentes políticos y de políticos delincuentes, pero mudas e impávidas ante los actuales delitos cometidos por guarimberos, terroristas, paramilitares, etc., etc., etc.
Hasta hace días, el pueblo clamaba pro una mano de hierro hasta sugerida por el propio Chávez, pero el Ejecutivo y los militares* han abogado hasta el cansancio e infructuosamente por la paz, por "poner la otra mejilla", por dialogar, ante lo cual tenemos ahorita mismo y en dinámico ejercicio la peor de las arremetidas antipopulares ejecutadas por "los mismos" protagonistas impunes de la defenestrada 4ta. República; entonces el gobierno y los militares toman cartas en el asunto, un tanto maquiavélicas porque las circunstancias así lo han impuesto, y nos ponemos a decir que el gobierno es represor, dictador, y bla, bla, blaes.
* Los militares asumieron parte de la intermediación comercial ante tantas deviaciones practicadas por un comercio enemigo jurado de este gobierno, y ahora se les aplica: "zapatero a sus zapatos".
[1] Los delitos se hallan predefinidos en adecuadas leyes penales.
