La guerra económica desatada contra la República Bolivariana, diseñada y dirigida desde Estados Unidos, y llevada a la práctica por las fuerzas opositoras venezolanas con el apoyo de los grandes medios de comunicación de la derecha criolla e internacional, ha tomado nuevos tintes para convertirse en una ola de terrorismo económico.

Las pérdidas por la violencia desatada se han evaluado en más de 100 000 millones de bolivares y entre las instalaciones atacadas aparece hasta el Hospital Materno Infantil, Hugo Chávez Frías, ubicado en El Valle, Caracas, cuyos trabajadores y pacientes fueron asediados por cerca de tres horas.

Entre los hechos vandálicos destacan los destrozos ocasionados a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) en el municipio Chacao del estado Miranda, el 8 del mes en curso. Durante el 20 y 21 de abril, grupos violentos ocasionaron daños a bienes privados y públicos en los sectores Cajigal y San Andrés de la parroquia El Valle.

Los violentos hechos han dejado 29 personas muertas (cuatro adolescentes y 25 adultos) y alrededor de 450 lesionados.

Los concejales del Bloque de la Patria en el Cabildo Metropolitano de Caracas denunciaron ante el Ministerio Público (MP) el financiamiento a grupos extremistas que reciben recursos provenientes de la Alcaldía Metropolitana, a cargo de Helen Fernández, y de las alcaldías de los municipios Chacao, Baruta, El Hatillo y Sucre, estado Miranda.

Para el ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional venezolano, Jesús Farías, la Guerra económica es una estrategia diseñada para desequilibrar a un gobierno: la desestabilización parte de una turbulencia económica que genera trastornos sociales, vinculados a malestar y conflictividad que pueden surgir de esa situación. Su expresión concreta es el repunte inflacionario, derivado de una especulación inclemente con los precios.

Agrega el ministro que otras manifestaciones son el acaparamiento y la escasez crónica de productos de primera necesidad, así como el ataque a la moneda nacional; el sabotaje a sectores claves productivos y el contrabando exagerado de alimentos, con amplio apoyo de poderosos medios de comunicación para generar angustia y zozobra. Es una estrategia que tiene implícito un propósito político: derrocar a un presidente legítimo y no existe ningún gobierno de izquierda en el mundo que no haya sido sometido a un ataque de esa naturaleza.

Recordemos que 2016 resultó uno de los años más duros desde el inicio de la Revolución Bolivariana debido a los enormes ataques que sufrió con la intención de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro.

Entre esas acciones aparece el bloqueo de las cuentas de la República por parte del Banco City Bank que intentó descalificar la credibilidad financiera del país.

Las calificadoras occidentales de riesgos como JT Morgan, presagiaban una inminente cesantía de pagos de deudas venezolanas, que propiciaron un cerco para acceder a créditos internacionales.

La empresa PDVSA como principal generadora de divisas del país, fue víctima de ataques y sabotajes que pretendían evitar un canje de deuda para el desarrollo de la industria.

Simultáneamente, hubo un complot para sacar de circulación y llevarse fuera del país todos los billetes de 100 bolívares. Ese golpe se montó sobre una estrategia para bloquear financieramente las operaciones y transacciones realizadas por la República para evitar que cumpliera con los proveedores de bienes, materias primas e insumos esenciales para abastecer de medicamentos, alimentos y de servicios a la nación, así como evitar la cancelación de la deuda.

Productos alimenticios y de higiene desaparecieron de los mercados, acaparados por compañías distribuidoras o sacados clandestinamente hacia Colombia por la extensa frontera.

Tras esa guerra económica, con el fin de culpar al gobierno por su "deficiente" gestión, aparecieron después los representantes de la derecha opositora y de los medios de propaganda que llaman a realizar cargas violentas e incendiar al país.

Es decir, se ha pasado al terrorismo como instrumento político-económico que supone la ejecución de actos violentos para propiciar una atmósfera de pánico colectivo y destruir el orden. Es intimidación organizada que puede lesionar o poner en peligro derechos individuales como la vida, integridad corporal, salud, libertad o patrimonio, o poner en emergencia a la seguridad pública lo que pasa por destruir o interrumpir servicios públicos; atentados o crímenes que tienden a crear una situación de terror por su carácter reiterado.

El presidente Nicolás Maduro puntualizó recientemente que la derecha quiere impedir que se consolide la agenda económica bolivariana, porque ya se había ido superando con mucho esfuerzo los efectos de la guerra económica.

La oposición de derecha esta obsesionada porque no ha logrado derrocar al Gobierno y en contraposición crecen los programas sociales en beneficio de la mayoría de la población.

Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) están llevando alimentos de primera necesidad a 6 000 000 de hogares priorizados que han aminorado las escaseces provocadas. La Gran Misión Vivienda ha entregado 1 600 000 casas en seis años; a modo de diversificar la economía, en el primer trimestre de 2017 la nación ha recibido 100 000 millones de dólares por exportaciones de camarón; ya se entregaron este año, 28 000 becas a estudiantes de educación media y diversificada para garantizarles la culminación de sus estudios; se aprobaron 1 000 créditos al programa Soy Joven dirigido a la juventud productiva.

Asimismo, el Gobierno compró 238 kilogramos de oro del Arco minero del Orinoco que pasaron a engrosar sus reservas internacionales; está en marcha el plan de la agricultura 2017 y se prevé la producción de 90 millones de kilogramos de alimentos; Venezuela ha cumplido en tiempo sus compromisos financieros al pagar recientemente 2 819 millones sin que mermaran las reservas del país.

La guerra económica de la derecha se ha convertido en terrorismo, una forma muy peligrosa para una región Latinoamericana que apuesta por la paz.