El país está envuelto en una vorágine. La violencia desatada tiene como principal responsable a un gobierno que no sólo desacata las normas fundamentales y universales sobre derechos humanos, sino que durante su ejercicio ha tenido una política económica y social errada, que ha conducido al empobrecimiento de nuestra población y la quiebra moral e institucional de Venezuela.
Desde el propio inicio del gobierno de Maduro, quien además de haber obtenido un escuálido triunfo para acceder a la presidencia de la República, han sido miles las voces que se han levantado en contra de su nefastas decisiones sobre el Estado y la sociedad. Sobre las críticas a Maduro, la mayoría de ellas siempre han sido con el propósito de esperar por parte del llamado poder ejecutivo, la rectificación en las diferentes áreas sobre las cuales sus equivocadas y controvertidas acciones generaron una esquizofrenia política en lo más alto del poder.
Lamentablemente, los llamados de atención de políticos, analistas, empresarios, pensadores, organizaciones y el pueblo como un todo, resultaron fútiles para Maduro, quien se empeñó en seguir por un camino que nos llevaba al abismo como nación y como sociedad.
Ante tal realidad, el madurismo recibió en las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional una contundente derrota, la cual se convirtió en la erupción de un país cansado y hastiado de una cúpula soberbia, prepotente y zascandil. No obstante, tal derrota en vez de convertirse en un puente que los llevara a establecer un auténtico diálogo ante los problemas del país, se convirtió en un escenario para radicalizar aún más la confrontación política desde el madurismo, no sólo desconociendo al parlamento como voz heterogénea del país, sino que utilizando artificios “legales” derivados de múltiples sentencias desde una ilegítima cúpula del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), crearon una inexistente figura del “desacato”, así como incluso han inhabilitado y encarcelado a diputados.
Tampoco podemos obviar, que ese TSJ cuando sacó a la luz pública las polémicas sentencias 155 y 156 en las cuales legalizaba el neototalitarismo, hasta la fiscal general de la República se pronunció sobre la ruptura de la constitucionalidad, o sea, la garante de los derechos en el país objetó sin ambigüedades la seudoinstitucional que se planteaba en tales “documentos”.
Todas esas acciones, concentradas en una fratricida lucha política por tratar de invisibilizar o destruir al adversario, han terminado en profundizar la crisis económica envuelta con la más alta tasa de inflación del continente, en el medio de la pulverización de los salarios como sostén económico de las familias, agravada con una terrible escasez de alimentos y medicinas. Asimismo, tenemos un permanente deterioro de la infraestructura y los servicios, especialmente de hospitales y ambulatorios, los cuales carecen no sólo de mínimas normas higiénicas, sino que llegar a un centro asistencial público de salud se ha convertido en una profunda agonía de camino a la muerte.
Para colmo el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha cerrado las puertas para una eventual consulta popular, no sólo cuando tribunales penales con ámbitos regionales truncaron la posibilidad de realizar un referendo revocatorio presidencial, sino que “suspendió” sin explicación constitucional las elecciones de gobernadores que debieron haberse llevado a cabo en diciembre de 2016, y que ahora con el llamado a una “constituyente” conforme con los preceptos que pretende Maduro, sin realizar previamente un referendo consultivo que apruebe o rechace las condiciones de ese “proceso electoral”, queda en evidencia el miedo que tiene el gobierno de medirse en unas elecciones justas, libres y universales.
Semejante realidad ha tenido de parte del pueblo una respuesta abierta en contra del gobierno de Nicolás Maduro, quien ante las diversas protestas que se originan sobre toda la geografía nacional, ha recurrido a la represión como forma de amedrentamiento e intentar sofocar el evidente y multiplicado malestar social, empleando la fuerza bruta de militares y policías con cualquier tipo de armamento de guerra (incluyendo vencidas bombas lacrimógenas), originando la muerte de venezolanos, así como miles de heridos y detenidos sin justa causa.
Ha sido tal, la intensidad de la represión contra el pueblo, que muchos venezolanos, entre ellos artistas y deportistas de renombre internacional, así como naciones y organizaciones han rechazado y elevado su voz de protesta ante lo que acontece en Venezuela, que ante lo indefendible, sólo reciben como respuesta de los maduristas, la descalificación personal y la bazofia lingüística como “argumentos ideológicos” sobre quienes exigen sindéresis a Maduro y su gobierno.
Y en el medio de múltiples voces, ha surgido el pensamiento del reconocido maestro internacional de orquestas, Gustavo Dudamel, quien luego del asesinato de un joven integrante de tal conformación musical, reaccionó con un profundo comunicado ante los abusos de Maduro y sus grupos de militares, policiales y civiles de “colectivos” represivos, que ha dislocado por completo a su claque, en especial la “intelectualidad” que apoya el autoritarismo y los abusos del poder, en virtud de que al no poder descalificarlo con epítetos, les surge un contagio de bradifrenia y prosopagnosia política¹; verbigracia sólo les quedó decir: “ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario”.
Las palabras de Dudamel son la síntesis del reclamo de un pueblo que busca salir de Maduro como única forma de encontrar la paz que requiere el país en el medio de sus dificultades. Por lo pronto, no es de extrañarnos que los laboratorios del madurismo terminen por decir, que la “creación” de Dudamel fue un exitoso “falso positivo”. A propósito de ser ciego. Quien tenga ojos que vea.
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