El Padre Libertador Simón Bolívar refería a la impunidad como uno de los grandes males de la República, y no escatimaba esfuerzos en aprenderla: "La impunidad de los delitos –decía- hace que éstos se cometan con más frecuencia: al fin llega el caso en que el castigo no basta para reprimirlos". Además, advertía: "…la clemencia con el malvado, es un castigo del bueno: y si es una virtud la indulgencia, lo es, ciertamente, cuando es ejercida por un particular, pero no por un gobierno". Sus sabias palabras, deben resonarnos en toda su amplitud y máxima frecuencia para comprender que, al permitir la impunidad de los delitos, graves delitos, que hoy encauza el liderazgo negativo de la oposición aglutinada en esa organización política denominada la MUD, estamos colocando en riesgo no solo la paz de la República sino su estabilidad futura. Nuestro Código Civil, plantea como una Máxima de nuestro Derecho en su artículo 1185 que: "El que con intención, o por negligencia, o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo…"

Cuántos daños no se han generados por los llamados irresponsables del liderazgo negativo de la MUD, en específico, de los realizados por: Henrique Capriles Radonski, María Corina Machado, Freddy Guevara, Lilian Tintori, Julio Borges o Henry Ramos Allup. No hablamos de los daños causados en muertos y heridos, sino en específico de los daños materiales, producidos por quienes siguiéndoles en sus directrices encauzan sus métodos de protestas para la destrucción de bienes públicos como pudiera ser un Centro de Salud (CDI o Ambulatorio de Barrio Adentro), unidades de transporte públicos (TrasnBolívar o unidades de Metrobus), edificaciones de la Misión Vivienda, de la Defensoría del Pueblo, guarniciones militares o policiales, depósitos de medicinas o alimentos, unidades de transporte de alimentos, robos de equipos informáticos, daños causados a equipos de telecomunicaciones (CANTV y MOVINET), ataques al Sistema Eléctrico Nacional y daños causados a alguna de sus instalaciones y equipos, entre otros daños causados desde que iniciaron esta ofensiva contra la paz de la República y cuyo monto, cuantificable en moneda nacional, alcanza ya, cifras astronómicas.

En Días pasados, el ministro de Vivienda y Hábitat, camarada Manuel Quevedo decía el pasado 24 de mayo, con cierto dolor, ante la quema de la sede del INAVI en el Estado Zulia: "Se perdieron proyectos estratégicos de vivienda, no solo de las 175 mil viviendas, sino además de los proyectos de aceleración del año 2017, son actividades criminales, con la más profunda maldad contra nuestro pueblo". Asimismo, el Secretario de Seguridad y Orden Público del Zulia, Comisario Biagio Parisi, describió la actuación del grupo terrorista que actuó: "El grupo ingresó a la sede y causó destrozos, rompieron vidrios, se llevaron computadoras y rociaron con gasolina las instalaciones con la intención de incendiarla…" Con este ataque terrorista, ya suman once los ejecutados en contra de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El ministro Quevedo, en un primer análisis de las pérdidas causadas a la República, con motivo de ese ataque terrorista, señaló: "Arrasaron con todo el plan de desarrollo urbano del estado Zulia, con planes estratégicos de aceleración del año 2017. Es doloroso, hemos hecho un recorrido y ha sido conmovedor ver ahí un censo de 320 mil familias inscritas que ha sido reducido a cenizas", estimando las pérdidas en más de 10 mil millones de bolívares. Esa sola cifra, nos indica de los mil millonarios montos en pérdidas que se han causado a la República en estos cuarenta y pico días que tienen ejecutando sus planes de guerra contra la paz de la República. A todas estas, nuestro pueblo se pregunta: ¿Quién paga esa destrucción ejecutada por esa oposición terrorista? ¿Por qué el Gobierno asume el costo de las reparaciones, si a fin de cuentas sería, como asumirlos todas y todos los venezolanos?

De allí, nuestro emplazamiento público al señor Procurador de la República, Dr. Reinaldo Muñoz, al cumplimiento de sus obligaciones Constitucionales y de Ley, en defensa de los derechos, bienes e intereses patrimoniales de la República. En tal sentido, le exigimos encauzar una demanda, en nombre de la República, contra quienes han atentado contra sus bienes patrimoniales, hablamos en específico de Henrique Capriles Radonski, Freddy Guevara, Lilian Tintori, María Corina Machado, Julio Borges y Henry Ramos Allup, para que de sus bienes y propiedades se resarce en algo, las cuantiosas pérdidas que sus seguidores han ejecutado contra los bienes de la República. Muchos bienes, en territorio nacional y en el exterior, tienen quienes se han adjudicado el liderazgo de la actual ofensiva contrarrevolucionaria contra la paz de la República. Hora ya, de activar una demanda judicial contra los ciudadanos y ciudadanas antes mencionados, para que sus faltas, graves faltas, no queden en la más absoluta impunidad y terminemos, todas y todos nosotros, pagando por sus delitos causados. Procurador, bajo sus hombros recae la responsabilidad de que ello no se concrete. Hora ya, que usted inicie los procedimientos de Ley ante los tribunales de la República, para que la Justicia les llegue con toda su carga reparadora, y con sus bienes inmuebles y monetarios en Venezuela y en el exterior, retribuya en algo sus males causados al pueblo venezolano…

Caracas, 28-05-2017