El presidente Donald Trump ha tomado decisiones económicas y financieras radicales contra Venezuela por dos motivos: esa nación no ha permitido que Estados Unidos se adueñe de sus enormes reservas petroleras, y en contraposición ha puesto a disposición del pueblo numerosos programas sociales subvencionados con los beneficios que se obtienen de los hidrocarburos.
Para Trump y todo su equipo ultraderechista, esa verdadera democracia en América Latina no puede sobrevivir en la región porque es un mal ejemplo para algunos gobiernos que acatan dócilmente las directrices de Estados Unidos.
La República Bolivariana de Venezuela ha resistido durante años los continuos ataques desestabilizadores dirigidos desde Washington y que son ejecutados por una oposición que en los últimos tiempos optó por acciones terroristas realizadas contra centros de salud, de educación, empresas y locales gubernamentales.
La instauración de una Asamblea Constituyente, apoyada masivamente por el pueblo en una votación abierta y democrática, que congeló a la Asamblea Nacional controlada por la derecha criolla que apostaba por derrocar al legítimo gobierno de Nicolás Maduro, acabó de llenar la copa del todopoderoso gigante norteamericano.
La primera reacción de Trump fue amenazar con ataques militares al Gobierno Bolivariano y al no contar con apoyo internacional para esa acción, firmó el pasado 27 de agosto una orden ejecutiva para implementar sanciones a la economía y al sistema financiero de Venezuela.
Esas medidas, con características de bloqueo, dan continuidad a la orden ejecutiva 13692 del 8 de marzo de 2015, emitida por el ex presidente Barack Obama, en la que se declaró a Venezuela una "amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de Estados Unidos".
La resolución prohíbe que "cualquier persona, entidad, empresa o asociación, legalmente radicada o que realice actividades en Estados Unidos, pueda efectuar negocios con nuevos bonos de deuda que sean emitidos por cualquier instancia del Gobierno venezolano".
Aunque no afecta directamente los bonos ya emitidos por el Estado y por la petrolera Pdvsa, que ya están en manos de tenedores, personas, empresas y entidades financieras en Estados Unidos, sí los lanza hacia la categoría de "bonos basura", lo que coloca a Venezuela como una "zona de peligro" para la inversión en el mercado de bonos, pese a que el país es un fiel pagador.
En los últimos 24 meses, Venezuela y Pdvsa han pagado por sus compromisos más de 65 000 millones de dólares.
La orden ejecutiva apuesta a que Venezuela caiga en default o impago de su deuda externa y como aseguró abiertamente el secretario del Tesoro norteamericano, Steven Mnuchin, "va destinada a ahogar al país suramericano".
Maduro denunció que Trump pretende imponer un bloqueo para ahogar económica y financiera a Venezuela con el objetivo de que entre en default o impago de su deuda externa.
El presidente bolivariano, en una transmisión televisiva, explicó que las sanciones afectan el suministro de crudo venezolano a Estados Unidos porque impide que se materialicen los mecanismos para el pago de estas transacciones.
En especial atentan directamente contra la empresa Citgo, filial de Pdvsa en Norteamérica, al prohibir que se hagan cartas de crédito para el pago del crudo venezolano, y por tal motivo se evalúan medidas para proteger a esa compañía.
En los próximos días, ejecutivos del gobierno caraqueño se reunirán con tenedores de bonos de deudas e inversionistas de Estados Unidos en busca de soluciones alternativas.
Esa reunión resulta importante porque el 62 % de los tenedores de las deudas venezolanas son estadounidenses y otros 12 % del Reino Unido, por tanto, la orden ejecutiva también afecta a esos ciudadanos.
La ola de sanciones de Washington contra Caracas ha ido en espiral ascendente. A finales del julio pasado el Departamento del Tesoro decretó ataques financieros dirigidos contra 13 altos cargos del Gobierno venezolano, civiles, militares y a PDVSA, a la vez que amenazó con agregar a la lista de sancionados a cualquier persona que saliera elegida para formar parte de la Asamblea Constituyente
El 30 de julio Washington bloqueó todos los activos del presidente venezolano, que estén o puedan estar bajo la jurisdicción de Estados Unidos y prohibió a los ciudadanos estadounidenses contraer cualquier acuerdo con Nicolás Maduro.
Según la Casa Blanca, las sanciones impuestas están cuidadosamente calibradas para negar al país bolivariano una fuente primordial de financiamiento, no importa que éstas violen la legalidad internacional y la carta de Naciones Unidas, el motivo final es destruir a la Revolución Bolivariana.
Maduro señaló que su país tiene mercado seguro para todo el petróleo que le vende a Estados Unidos, mientras que el representante de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez informó que ya la nación sudamericana suministra a China más de 600 000 barriles diarios de petróleo y a la India 420 000.
Otros socios importantes para Caracas son Rusia e Irán y como una de las primeras contramedidas para encauzar el blindaje contra las sanciones, Venezuela solicitó pertenecer al Grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y al Banco de Desarrollo de esa institución.
Innegablemente que las nuevas medidas afectarán a la economía de la República Bolivariana pero ya varios pueblos y países han demostrado que pese a esas ilegales medidas que violan los derechos humanos de cualquier país, se puede salir adelante mientras se defienda la soberanía y la independencia al precio que sea necesario.
Sin embargo, la comunidad internacional debe estar alerta pues ante las frustraciones por no poder derrocar al legítimo gobierno venezolano, Estados Unidos y su presidente Donald Trump podrían lanzar ataques militares contra esa nación, lo que convertiría a toda la región americana en un verdadero polvorín.
