La respuesta del Gobierno Nacional ante los dolorosos sucesos ocurridos en “La Paragua” no podía ser más contundente. En breve tiempo se determinó el uso abusivo y excesivo de las armas. El propio Presidente Chávez lo anunció al país. Inmediatamente los militares implicados fueron puestos a la orden de la Fiscalía para ser acusados y presentados ante el Tribunal competente.

El día sábado 30 de septiembre (7 días después) el Tribunal Segundo de Control de Ciudad Bolívar ratificó la medida privativa de libertad sobre los 14 militares implicados y señaló que existen suficientes indicios para determinar el delito de homicidio calificado con alevosía en perjuicio de los mineros que resultaron brutalmente asesinados.

La actuación del Ministerio Público y el Poder Judicial en este caso deja claro que la violencia, la represión selectiva y/o colectiva no se pueden considerar como una Política de Estado. Todo lo contrario ocurría en el pasado donde se encubrió y protegió a los responsables de las masacres de Cantaura, Yumare y el Caracazo. Allí la represión se utilizaba como Política de Estado y se justificaban asesinatos inventando supuestos planes desestabilizadores o subversivos. El castigo que esperaba el pueblo está en marcha tal como lo establecen las leyes de una sociedad Democrática, Participativa y Protagónica.

Muy mal parado, ante la opinión pública, quedaron los oportunistas de la oposición que intentaron aprovecharse del dolor ajeno y hacer señalamientos dirigidos a responsabilizar al Gobierno Nacional por la actuación aislada de algunos militares de profesión y de tropa. Peor quedaron aquellos funcionarios que salieron a incriminar a los mineros como delincuentes y vincular los acontecimientos con el narcotráfico. La oportuna intervención del Presidente Chávez y el Ministro Jessi Chacón desmintieron esas apreciaciones y abrieron el camino para establecer la responsabilidad y el esclarecimiento de tan lamentables sucesos.

Muy lamentable resulta la actitud de los Legisladores Regionales que dejaron a un lado los muertos para darle mayor importancia a la quema de la casa del Alcalde del Municipio Sucre, a cuyos efectos nombraron dos Comisiones Especiales donde negaron la participación de los Legisladores de PPT con la perversa intención de utilizar su gelatinosa mayoría para responsabilizar a dirigentes de PPT de los hechos de violencia que se desataron como consecuencia de los asesinatos tanto en La Paragua como en el alto Caura.

Las acusaciones del Alcalde, Juan Carlos Figarella, contra el Dr. Víctor Mancini constituyen un acto de irresponsabilidad que refleja su desesperación por el altísimo grado de rechazo que tiene en el Municipio Sucre. Son acusaciones temerarias e irresponsables porque no tienen ninguna prueba que involucre a dirigentes de PPT en los hechos ocurridos en ese Municipio. Mal puede, el señor Figarella, convertirse en acusador porque la indignación de la población en su contra se debe a sus, supuestos, negocios en la comercialización del oro.

Mas lamentable se torna la actitud del Gobernador del estado quien hizo eco de la vergonzosa versión del “correo de la infamia” que trata de involucrar a Gilberto Villarroel, Alcalde del Municipio Raúl Leoni y militante de PPT, como responsable de la violencia que se desató en La Paragua producto de la ira colectiva luego de conocerse el asesinato de los 4 mineros y los 2 indígenas. La participación del Dr. Gilberto Villarroel se corresponde con su papel de Alcalde del Municipio. Dio la cara para tratar de intermediar y frenar la violencia. Siempre trató de buscar soluciones. Se mantuvo al lado del pueblo porque ningún funcionario del Ejecutivo Regional asumió esta responsabilidad y desde un comienzo denunció lo que era evidente: El uso excesivo de las armas de la República para asesinar a humildes Venezolanos.

Frente a La Reconversión Minera hemos mantenido una posición muy clara. La consideramos como una política pública imprescindible para la preservación de la Cuenca Hidrográfica del Caroní como fuente de vida y de energía eléctrica para atender el 64% de la demanda nacional. Nos luce necesaria para protección de la biodiversidad y la sociodiversidad. Sin embargo, observamos que su aplicación no puede hacerse de manera compulsiva porque involucra a hombres y mujeres que durante años han mantenido unas relaciones sociales y productivas derivadas de la explotación minera. Otros, como mano de obra explotada por los dueños de equipos de extracción que suponen cuantiosas inversiones y extraña protección.

Advertimos que para garantizar el éxito de La Reconversión Minera era necesaria una aplicación gradual y progresiva que permitiera evaluar cada paso, corregir errores y fortalecer su avance. Siempre con respeto por la condición humana del minero, del indígena y de los productores agrícolas ubicados en la región. Así mismo, señalamos que resulta urgente el diseño y aprobación de un Plan de Ordenamiento Territorial del Estado Bolívar que permita la definición de las áreas aptas para la explotación minera a nivel artesanal, pequeño y en gran escala.

Sabemos que hay muchos intereses que se mueven detrás de la minería en el Estado Bolívar: Sabemos que hay la intención de responsabilizar a miembros de PPT de las consecuencias de estos sucesos buscando aislarnos del Proceso de Cambios y Transformación Social. Sabemos que la intención que priva en el Gobernador pasa por romper la unidad de los factores comprometidos con la Revolución Bolivariana y dejar a un lado a quienes les resulten incómodos para sus objetivos particulares. Sabemos que nuestra crítica golpea las conductas oportunistas de quienes no tienen un verdadero compromiso social y político con Guayana y su gente.

Guayana nos conoce y sabe de nuestra lucha permanente por la preservación de la Cuenca Hidrográfica del Caroní, la Sierra Imataca, la Gran Sabana, etc. Defendemos la biodiversidad tanto como la sociodiversidad porque ello implica el respeto a la condición humana. Somos revolucionarios por convicción, nunca de ocasión.

Frente a los hechos de La Paragua y el alto Caura, desde el principio, señalamos que se trataba de asesinatos injustificados. Ante la Reconversión Minera hemos hecho las observaciones pertinentes y nunca dejamos de participar en la Alianza Pueblo-Gobierno por intermedio de las Alcaldías de Gran Sabana y Raúl Leoní.

Toda esta campaña contra dirigentes de PPT nos permite reafirmar nuestro avance organizativo, la fortaleza de nuestros planteamientos políticos y las respuestas precisas y coherentes en los momentos más difíciles.

Ante esta situación ratificamos nuestro compromiso con Guayana y su gente. No somos improvisados, ni andamos de paso. Ratificamos nuestro compromiso con la Revolución Bolivariana, con la Patria, con el Presidente Chávez… Y seguimos trabajando por la unidad como garantía de victoria el 03 de diciembre.