DEDICO:
A quienes ejercen de abogados noveles
en la UNELLEZ-VPA
El tema que nos ocupa no es el correspondiente a la impunidad o el sigilo que asumen algunas instancias judiciales ante casos evidentes de abuso de autoridad y violación de Derechos Humanos; no voy a caer en discusiones que se han querido ver desde distintas ópticas, cuando la verdadera percepción de cada uno de los hechos es un asunto que no termina de convencer a las familias de las víctimas, por ambos extremos, ni a las posturas de un Estado que busca defender su capacidad de gobernanza y de auto-determinación. A futuro este debería ser un tema de debate dentro del proceso revolucionario en la tarea de revisar, rectificar y reimpulsar.
El asunto que ocupa nuestro interés hoy es la figura de los abogados recién graduados, o con poca experiencia laboral, que son colocados en instituciones públicas a cumplir funciones de asesoría legal. Estos abogados asumen el acto de defensa de la institución desde dos posturas axiológicamente cuestionables: defendiendo el patrimonio nacional y moral de la institución, pero solamente aquél que le pasan en relación sus jefes inmediatos y no parten de un proceso de indagación doctrinario y científico que augure dictámenes serios y responsables que no hagan deslucir las acciones de norma que busca restituir la institución; y la persecución, implacable, desproporcional, del personal por la vía de alegatos imaginarios que terminan con falsos testigos, con falsificación de firmas y con veredictos inducidos que cuando se dan el primer sorprendido es la persona juzgada. ¿Qué esos procedimientos viciados se descubren con facilidad y pueden ser anulados? Sí, eso es cierto, pero luego de un proceso de degradación moral y ética del afectado, el cual la institución jamás aclara dejando en el más evidente sentido de indefensión la moral y rectitud de la persona que han perjudicado por voluntad de un supervisor vil y anti-revolucionario.
Esa experiencia se está viviendo en el ahora histórico con varios casos en la administración pública y se ha generado en razón de una deformación abierta de los procedimientos administrativos que el Estado tiene para cuidar su independencia y soberanía. Un caso que nos llamó la atención, y lo expresaré de manera genérica para evitar transgresiones del secreto sumarial y otras evidencias que se manejan en causas jurídicas-administrativas, es cuando se produce ante el extravío o la perdida de alguna herramienta de trabajo que ha sido asignada a un funcionario para el logro de sus actividades laborales. La lógica jurídica nos asiste en cuanto a que todo debe partir de una descripción de los hechos y para ello hay instancias judiciales, como el CICPC, que cumple el rol de ser el receptor inmediato de una denuncia. A ellos se les explica los hechos y son ellos los que por intuición y experiencia investigativa y policial, determinan aspectos técnicos que hacen de dicha denuncia un papel legal que debería respetar las instituciones. Pero como ha surgido la duda razonable, por parte de la Contraloría General de la República, de que muchos bienes se han perdida partiendo de la excusa simple y ya rayada de que se perdió, lo robaron o no se sabe dónde está, se han creado resoluciones de interpretación que hagan posible profundizar los casos de manera particular, hasta el punto de que se exija una actitud de corresponsabilidad, es decir, que el funcionario restituya en bien perdido, si no en su dimensión real, al menos en un porcentaje de su valor despreciativo. Hasta aquí, como dirían los "pavos de ahora", no hay "culebra", no hay problema ni por parte del funcionario afectado ni por parte de los procedimientos, están claros y la orden es seguirlos hasta darle un sentido de equidad al producto final de cada caso. Pero el asunto no se presenta, en la realidad de los hechos, de esa manera, los connotados noveles abogados les indican que deben manipular y dirigir el caso, a efecto de que la persona perjudicada aparezca cuestionada y se pueda fracturar moralmente su conciencia. Esto no es de "locos", esto que se les dice es verdad pura: hacen procedimientos administrativos a espaldas de la persona, nunca le avisan, buscan testigos falsos y asientan firmas falsificadas para convencer a la instancias de norma que la persona no quiere comparecer en torno al caso y se niega a cancelar el daño causado al patrimonio nacional. El dictamen final, culpable.
Pero al darse cuenta el afectado de lo que hicieron, por la vía de abogados de oficio y de un acercamiento directo a la realidad, alcanza desmontar la trama pero el daño colateral de esos actos viciados queda intacto: se vulnera la credibilidad y la condición ética y moral del afectado. ¿Qué suele pasar en estos casos? La persona prefiere, ante el cansancio mental y psicológico que ha producido el ataque, quedarse con una rectificación del procedimiento, anulación o convenimiento de pago, y dejar a la Justicia divina el cobro de ese acto de maldad, ya sea porque los involucrados no están en los cargos o por que piensa el afecto que fue un error del sistema. Esta situación no se puede permitir en este proceso de consolidación de la Justicia Bolivariana. Estos casos deben llevarse ante la Fiscalía y el Ministerio Público, debe haber una penalización a esta gente que obra con tanta maldad y cinismo. Estos imberbes abogados institucionalistas están dilapidando la confianza institucional de nuestra Revolución y ya debe haber una postura firme, seria, razonada y doctrinaria que imponga el Derecho y se erradique el uso de los mecanismos procedimentales en acciones administrativas como una vil excusa para cobrar facturas personales o de carácter político. No se tiene necesidad de seguir alimentando estas conductas indignas, despreciables y muy comunes en algunas instituciones del Estado. El llamado es a profundizar el proceso revolucionario en tiempos en que combatimos al Imperio por la vía de elecciones democráticas y participativas. Si queremos ganar y ganar, debemos obrar con rectitud y verdadera consciencia republicana.
