En abril de 2017, sucede en la hermana República de Rusia un evento que conmociona a la sociedad rusa y al mundo en general, ocurre en el Metro de San Petersburgo, mueren por motivo de la explosión causada por explosivos en dicho subterráneo, 10 personas y cerca de medio centenar de ciudadanos y ciudadanas rusas quedan heridos y heridas. El mundo entero levanta sus voces en repudio a tales hechos; entre los cuales, la República Bolivariana de Venezuela fue entre las primeras en sumarse al repudio internacional mediante un Comunicado, emanado desde la Cancillería y fechado el 03-04-2017, en el que se destaca: "Venezuela rechaza y condena categóricamente estas acciones terroristas contra la heroica Rusia, que es hoy factor que procura el equilibrio y la estabilidad frente al belicismo impune de los centros imperiales. Rusia combate sin falsas posturas el terrorismo en todas sus expresiones, y en los ámbitos multilaterales internacionales ha sostenido una política firme para atacar este flagelo que azota a la humanidad". Y, al igual que Venezuela, todo el sistema de Naciones Unidas se unió en una sola voz en repudio a tales hechos, calificándolos de ataque terrorista como se desprende de otro Comunicado, pero esta vez, emitido por la Cancillería colombiana: "El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, condena el atentado terrorista perpetrado en la ciudad de San Petersburgo, entre las estaciones de metro de la Plaza Sennaya y del Instituto de Tecnología, que causó múltiples heridos y víctimas mortales". Incluso, el propio presidente de EEUU, mediante una nota emitida desde la Casa Blanca, repudió tales hechos: "Tanto el presidente Trump como el presidente Putin coincidieron en que el terrorismo debe ser derrotado rápidamente y con decisión". Tal unicidad, lograda por el Sistema de Naciones Unidas, ha permitido arrinconar al terrorismo, no dejándole espacios por donde colarse como alternativa de forma de lucha para el logro de determinados objetivos políticos negativos.
Un hecho con similares características, pero sin víctimas que lamentar y sin explosivos pero con bomba química (lacrimógena) incluida, ocurre en las instalaciones del Metro de Caracas el 05-02-2018, en la estación Plaza Venezuela, y el tratamiento que le dan las autoridades es totalmente díscolo por decir lo menos, en relación al consenso logrado a nivel internacional. La estampida, lograda en los vagones del Metro de Caracas repletos de gente como están casi todos los días, si bien no logró causar víctimas mortales producto de la carrera de los presentes en la estación para procurarse aire fresco y evitar eventuales asfixias, causó el terror suficiente en los presentes para procurarse otro medio de transporte. Todavía, se desconoce la identificación de los causantes de tal evento. En los primeros minutos de ocurrido, representantes de la empresa se refirieron a los hechos en su tuiter: @metro_caracas como un "acto de sabotaje" de un usuario quien activó una bomba lacrimógena. Lo cual, propició que se estableciera como tendencia mediática esa hipótesis. Incluso, no faltaron quienes otorgaron la autoría del evento a la GNB, según para reprimir una supuesta protesta de usuarios que nunca existió. Tras esa hipótesis, el evento se fue esfumando en un manto de impunidad que obligaría, días después, a las Fuerzas Especiales de la PNB a enfrentar un nuevo intento de ataque con bomba en la estación Petare del Metro de Caracas, y que fuera repelido y detenidos sus atacantes. Tenemos que destacar, la imprudente actuación del ministro Motta Domínguez, quien se entrometió en el asunto; apenas minutos de ocurrido, definiéndolo como un simple acto de saboteo que interrumpió el servicio, lo que evidencia el descontrol existente en las fuerzas de seguridad revolucionarias para abordar estas situaciones que escapan al ámbito del saboteo, y termina convirtiéndolos en los propios saboteadores de los cuerpos especializados con que cuenta el Estado Bolivariano para abordar, eficientemente, estos hechos. Hablamos, de unidades especializadas en antiterrorismo.
Un nuevo evento ocurre el día martes 13 de febrero, según explica Motta Domínguez: "Nos cometieron un acto de sabotaje en la estación Santa Teresa; eso ocurrió ayer (martes) a las 11:30 de la noche", explicó Motta Domínguez en un contacto telefónico con el programa Encendidos de VTV, este miércoles a las 6:18 de la mañana. "Esa es una subestación bastante amplia. Personas incursionaron por la parte de atrás de la subestación y cortaron los aterramientos de un transformador de 250 MVA. Al no haber aterramiento y haber una sobrecarga, el transformador explota y produce el incendio, causando daños que dejaron sin energía eléctrica a una gran parte la Gran Caracas y el estado Miranda", incluyendo Santa Teresa, Guarenas y Guatire. Al día siguiente, Caracas y Miranda amanecen a oscuras, afectándose servicios claves como efectos colaterales, incluyendo los servicios del Banco de Venezuela, en plena quincena o día de pago. Motta, insiste en su tesis del "sabotaje", con lo cual sigue encubriendo con cierto manto de impunidad a los eventuales autores materiales e intelectuales de tan criminales hechos. En la mañana del sábado 17, cuatro días después, otro evento contra el Sistema Eléctrico Nacional y buscando los mismos fines, ocurre en la subestación Corpoelec de La Concepción, municipio Jesús Enrique Lossada, donde es provocado un incendio en el cuarto de control que deja sin energía eléctrica algunos sectores del Estado Zulia. Nuevamente, la tesis del sabotaje es expuesta a la opinión pública.
El diccionario de la Real Academia define al sabotaje como el "Daño o deterioro que se hace en instalaciones, productos, etc., como procedimiento de lucha contra los patronos, contra el Estado o contra las fuerza de ocupación en conflictos sociales o políticos". Cualquier observador desprevenido pudiera justificar el supuesto "saboteo" de instalaciones eléctricas o del Metro de Caracas, en razones políticas y llevar a sus autores materiales e intelectuales al escenario de ser considerados "presos políticos" o presos de conciencia. No obstante, la novísima Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT), otorga un trato distinto a quienes acuden al supuesto "saboteo" como método de lucha contra todo un pueblo, generándole terror y zozobra. Así, en su artículo 4, define al Acto terrorista como: "aquel acto intencionado que por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional tipificado como delito según el ordenamiento jurídico venezolano, cometido con el fin de intimidar gravemente a una población…" ¿Quién puede poner en duda las finalidades políticas de esas acciones, contra el Metro de Caracas y el Sistema Eléctrico Nacional? Por lo demás, sus vinculaciones con potencias externas que se han auto declarado enemigas de la paz de la República. Asimismo, esta Ley permite definir criterios unificados sobre los distintos eventos que han venido afectando servicios públicos fundamentales como luz, agua, comunicaciones, gas, entre otros. Así, establece criterios bien claros sobre cuáles eventos deben ser considerados como actos terroristas: a. atentados contra la vida de una persona que puedan causar la muerte; b. atentados contra la integridad física de una persona; c. secuestro o toma de rehenes; d. causar destrucciones masivas a un gobierno o a instalaciones públicas, sistemas de transporte, infraestructuras, incluidos los sistemas de información, plataformas fijas o flotantes emplazadas en la zona económica exclusiva o en la plataforma continental, lugares públicos o propiedades privadas que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico; g. liberación de sustancias peligrosas, o provocación de incendios, inundaciones o explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas. Es por ello, que llevar los eventos ocurridos en el Metro de Caracas y contra el Sistema Eléctrico Nacional al ámbito del mero saboteo, no hace otra cosa sino propiciar la impunidad de hechos tan graves para la paz ciudadana de la República. Considérese, a tal efecto, que mientras la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico contempla sanciones para "Quien de manera intencional ocasione la interrupción del servicio eléctrico en todo o en parte del territorio nacional, será penado o penada con prisión de cuatro a ocho años" (LOSEN, Art. 109). Mientras que, la Ley Contra el Terrorismo es más punitiva, ya que una vez definido el acto como terrorista, según lo previsto en dicha Ley, "El o la terrorista individual o quienes asociados mediante una organización terrorista, realice o trate de realizar uno o varios actos terroristas, será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años" (LOCDOFT, Art. 52).
Así, como a nivel internacional se han unificados criterios para repudiar y enfrentar al terrorismo como un solo cuerpo en el Sistema de Naciones Unidas; urge también, unificar criterios y discursos mediáticos a nivel interno de la República Bolivariana de Venezuela, para contrarrestar esa plaga que pretende enquistarse en territorio nacional, bajo la mirada esquiva de los medios de la derecha, quienes ocultan sus fechorías y, en muchos casos, lo minimizan; pretendiendo, con ello, ocultar sus malignos efectos a la luz de la claridad internacional que existe para repudiar y erradicar el mal del terrorismo. En la misma tónica, urge también la revisión del marco legal nacional de manera de actualizarlo y colocarlo en connivencia con el derecho internacional sobre la materia. Saboteo y terrorismo, no son parte de la misma moneda. Mucho menos, tomando en consideración que según el dialecto popular, saboteo lo interpretamos como jodedera.
Caracas, 18-02-2018
