"Una cosa es el error y otra es el engaño; nosotros bien podemos equivocarnos, pero mal podemos engañarnos".

Hugo Rafael Chávez Frías (Aló Presidente N. 243; 8 de enero de 2006)

Resulta inaudito que luego de más 19 años de haber llegado la Revolución Bolivariana al poder con el Comandante Hugo Chávez y haber asumido la Presidencia de la República un líder bautizado como el "Presidente Obrero" Nicolás Maduro Moros, los jubilados de la industria petrolera y petroquímica nacional hayamos sido burlados y discriminados por la principal industria del país, Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Ya se ha hecho reiterado que a través de los medios de comunicación se conozca la noticia de lo ocurrido con el Fondo de Pensiones del colectivo de jubilados de Pdvsa y a través de las páginas de opinión de diarios y las páginas web, se puedan conocer los hechos de corrupción y el presunto saqueo de los haberes e intereses de los jubilados petroleros y petroquímicos.

A la anterior situación irregular se suman hechos que conforman una política discriminatoria en materia de Recursos Humanos, al crear jubilados de primera, segunda y de tercera en la principal industria del país a partir de enero del 2016.

Igualmente se da el caso de que en Pdvsa los personeros de la gerencia corporativa de RRHH obvien y desconozcan los incrementos salariales decretados por el Ejecutivo Nacional, al igual que de manera descarada hayan permitido el éxodo de un alto personal valioso al exterior, formado y capacitado por la propia industria petrolera venezolana.

Todo parece indicar que existiera un plan macabro concebido con la única intención de acabar con la primera industria del país. Plan que no es nuevo sino que comenzó luego del fracaso del paro petrolero y que se manifiesta en el descuido, la falta de mantenimiento y el deterioro de los equipos en los distintos procesos del negocio como la exploración, la perforación, la producción, refinación y comercialización del oro negro (Ver artículo de Aporrea de Félix Arellano).

Pero volviendo al tema que nos ocupa en el presente artículo, nos encontramos con el caso de la administración del Fondo de Pensiones del colectivo de jubilados petroleros y petroquímicos del país. El citado ente financiero de los jubilados petroleros nació el 30 de julio de 1993.

La intención del citado Fondo desde su nacimiento, según los estatutos originales, estuvo orientada a buscar en una administración independiente y en divisas para asegurar el futuro de los jubilados petroleros, sin depender de recursos directos del Estado y sin afectar el costo del barril, sobre todo ante los acosos del alto costo de la vida.

El éxito del ente financiero de los jubilados de la industria petrolera y petroquímica nacional no se hizo esperar y los recursos se multiplicaron con participación de capital en el exterior, a través de inversiones de capital y financiamiento de proyectos de la industria en sus diferentes procesos como refinerías, plantas y bienes e inmuebles (Caso Citgo y Veba Oel).

Es de hacer notar que en verdad el éxito financiero del Fondo de Pensiones nació bajo la tutela directa de la industria petrolera a través de una directiva y administración (en la ex Lagoven), regentada por los propios gerentes de la industria, actuarios internos y externos, sin ninguna participación en sus decisiones administrativas del colectivo de jubilados de la industria, quienes cotizaban de su sueldo para amortiguar su capitalización luego convertida en divisas del mercado bursátil.

Todo constituyó un secreto bien guardado por parte de los ejecutivos de la vieja Pdvsa mientras que los de la nueva Pdvsa, al descubrir los altos volúmenes de dinero allí administrados y su alta rendimiento e intereses, le pusieron la mano de una manera descarada e hicieron un adefesio jurídico para cambiar hasta sus propios estatutos (caso del artículo 33 del Fondo).

Los volúmenes y las maniobras financieras se proyectaron hasta en los Fondos buitre norteamericanos y del Caribe y luego fueron dados a conocer a la opinión pública venezolana (existen reportajes en los medios de comunicación) donde trascendieron denuncias de movimientos fraudulentos con recursos del citado Fondo de los jubilados, como lo representó el conocido caso Illaramendi que cursa en tribunales de los Estados Unidos.

En aquella oportunidad se manejaron cifras hasta por el orden de los 584 millones de dólares, mientras que en el año 2011 el entonces presidente de la junta administradora del Fondo de los jubilados Pdvsa – según el doctor Idelfonso Párraga de Ajip Oriente - Víctor Aullar cito cifras aproximadas por el orden de los dos millones 400 mil dólares.

Fue justamente el 9 de septiembre del 2011, cuando estando en la presidencia de Pdvsa Rafael Ramírez Carreño, se decidió meterle la mano a los recursos del Fondo de Pensiones de los jubilados (recursos no del Estado) y se cambió su destino y su uso con modificación al artículo 33, hecho que fue calificado como un adefesio jurídico por abogados jubilados de la industria como Francisco Castellanos e Irma Sosa, entre otros. (se cambió la capitalización individual por capitalización global)

Acompañaron entre otros a Rafael Ramírez en el adefesio jurídico, los directivos de la industria para entonces Eulogio Delpino, Asdrúbal Chávez, Oswel Manrique, José Pernía y otros que pasaron agachados como el sindicalista y líder sindical Wills Rangel con su nuevo CCP.

Para calmar los legítimos reclamos de los jubilados, los administradores del Fondo (directivos de Pdvsa) violaron sus estatutos y comenzaron a realizar adelantos o baños de manguera con pequeños bonos irrisorios, aludiendo adelanto de intereses de los haberes, cosa que no está permitida por tener sus tiempos legales en el ejercicio financiero para su pago.

Actualmente ante la crisis que vive el país, gracias a la acción de las juntas directivas de Ajip en el país y de Cenajip, asociaciones que legalmente agrupan al colectivo de jubilados petroleros y petroquímicos, se ha destapado la olla del Fondo de Pensiones y se hacen justos reclamos que esperan por la participación de instituciones del Estado como la Contraloría General de la República y la Fiscalía General, quienes no se han pronunciado sobre el caso.

Para los jubilados y sus representantes quienes han sido ignorados y vejados, por los miembros de la Junta Administradora del Fondo y los representantes de RRHH de Pdvsa, es de vital importancia que haya un reconocimiento a los estados financieros desde los años 2006 hasta el 2017 con sus respectivos balances contables y su rendimiento.

En los actuales momentos existen muchos jubilados que se prestaron a guardar silencio a través de la Ajip de entonces, de los adefesios cometidos por los directivos de Pdvsa (a espaldas del Presidente de la República).

Ellos saben de los montos involucrados y se hacen los locos y además, no presentaron cuentas y postergan las auditorias, las cuales deben estar abiertas a la opinión pública nacional (por Ley y por sus estatutos) y por ende a todo el colectivo de jubilados, después del próximo 30 de junio (de cada año).

Según palabras de la actual vicepresidente de Ajip, señora Helena Pino Blanca, presuntamente dicho Fondo "está secuestrado" porque la Junta Administradora (APJPDV) quien perdió autonomía e independencia.

Todo ello – según la vicepresidenta de Ajip – porque Pdvsa a través de la modificación arbitraria y lesiva del artículo 33 del Estatuto del Fondo, ahora es Pdvsa quien decide todo y los jubilados sólo somos "convidados de piedra".

Ante los hechos de corrupción detectados en Pdvsa, el colectivo de jubilados le extraña sobremanera porque la Fiscalía General de la República y la misma Contraloría General de la República no han tomado parte activa y en serio la situación pública, notoria y comunicacional del Fondo de Pensiones, el cual se ha convertido en un Fondo sin fondo.

En todo el país y en especial en la población de jubilados petroleros y petroquímicos existe mucha expectativa. Ahora se suman en las diversas instalaciones de Pdvsa y la Petroquímica a nivel nacional, los trabajadores activos quienes no quieren el mismo futuro a la hora de su jubilación.

El colectivo de jubilados ya no acepta más burlas, ni mamaderas de gallo por parte de las actuales autoridades de Pdvsa y la Junta Administradora, quienes deben dar la cara por lo ocurrido con el Fondo de Pensiones.

Ante los hechos pedimos se sumen en apoyo y en resguardo de los derechos consagrados en la Constitución Bolivariana, instituciones como la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la República y el propio Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros… ¡Exigimos Justicia Ya…! ¡Venceremos!

¡Amanecerá y veremos!