Tras el fracaso de las intentonas golpistas locales y regionales para doblegar al pueblo venezolano y eliminar del panorama político al presidente electo Nicolás Maduro Moros, el imperio estadounidense y sus cipayos han optado por utilizar a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para tratar de legitimar su ambición colonizadora con base en dos comodines jurídicos: Crisis Humanitaria y Responsabilidad de Proteger.
De la dificultad de justificar la aplicación del concepto de crisis humanitaria en algunos casos "de interés" –por acotarla a situaciones de emergencia producto de desastres naturales y a conflictos armados de alta intensidad que ponen en peligro la vida de millones de personas- en el 2005 se aprueba el de la Responsabilidad de Proteger. Mucho más elástico pues posibilita la transferencia de la protección a la población de un país a la comunidad internacional cuando se "detecten indicios" que justifiquen la adopción de "medidas preventivas" oportunas o la "intervención militar" en caso de genocidio y otras matanzas en gran escala, limpieza étnica y "graves violaciones" delos DDHH que los gobiernos soberanos no pudiesen o no quisiesen evitar.
Medida aplicada, previa aprobación del Consejo de Seguridad, con los resultados nefastos que todos conocemos, en los casos de Darfur - Sudán en el año 2006, en Libia, Costa de Marfil, Yemen y Sudán del Sur en el 2011 y, sin la aprobación de ese Consejo, en Siria ese mismo año.
De más está decir que en nuestro caso los EEUU ya han aplicado de hecho lo que desde su punto de vista serían "medidas preventivas" para protegernos de la dictadura de Maduro -desconocimiento de los poderes públicos, amenazas, sanciones a funcionarios, bloqueo, etc.- en espera de encontrar la forma y la oportunidad de justificar una intervención armada.
De allí que nosotros como venezolanos y residentes en Venezuela, independientemente de cualquier otra consideración, estemos obligados a participar activamente en nuestra propia protección, entre otras cosas ubicando a nuestros pares en todos los países de la ONU y organizando una intensa, sostenida y efectiva campaña comunicacional Pueblo a Pueblo que enriquezca y refuerce las gestiones que realizan el Gobierno y la ANC para evitar la destrucción y balcanización de nuestro país.
Estamos obligados a exigir a los poderes públicos mayor coordinación y efectividad en sus gestiones así como mayor disposición y firmeza para enfrentar a quienes desde dentro y fuera de las instituciones los sabotean o trabajan directamente en pro del enemigo.
Y también, a exigirle a la Asamblea Nacional Constituyente un accionar más transparente y participativo, más cónsono con su origen y naturaleza.
