El 8 de diciembre en la localidad de Canaima en la Gran Sabana el aparato militar del Estado por decisión del gobierno de Nicolás Maduro, desarrolló un ataque armado en contra del pueblo pemón hiriendo a varios indígenas y asesinando al indígena Charlie Peñaloza Rivas.

El ataque armado fue desplegado como parte de una operación encubierta de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que a través de un contingente de efectivos intentó simular que era una acción violenta desarrollada por alguna de las organizaciones armadas ilegales que se encuentran enquistadas en el llamado Arco Minero del Orinoco.

El asesinato de Charlie Peñaloza Rivas se suma a las decenas de muertes violentas generadas en el marco del establecimiento y la ejecución por el gobierno de Nicolás Maduro de los proyectos de megaminería en el Arco Minero del Orinoco. Decenas de asesinatos ocurridos en diferentes masacres y enfrentamientos armados que se registraron entre el año 2016 y el 2018. Por ejemplo, 17 asesinados en Tumeremo (2016), 11 asesinados en el sector El Triunfo (2017), 10 asesinados en la mina Las Babitas (2017), 18 asesinados en la mina La Cicapra (2018), 6 asesinados en la mina Caorín (2018), 5 asesinados en la mina La Janza (2018), 5 asesinados en San Luis de Morichal (2018), 3 asesinados en la mina El Salto (2018), 6 asesinados en el sector El Silencio (2018).

Es evidente que el capital surge chorreando sangre en procesos de acumulación por desposesión que acontecen en territorios como el Arco Minero del Orinoco. A partir de la apropiación y la eliminación por parte de las empresas capitalistas y gobiernos burgueses de territorios comunes, derechos humanos, bienes estatales, prácticas culturales y vidas.

El caso puntual del ataque armado del Estado a la comunidad pemón asentada en Canaima es parte de una política gubernamental de desplazamiento forzado de los pueblos indígenas, que tiene como objetivo lograr el control absoluto de las zonas mineras ubicadas en sus territorios ancestrales para su entrega posterior al capital minero transnacional. Además, es un hecho imbricado a la disputa de los jerarcas de la instituciones estatales y los pranes de las organizaciones delincuenciales paraestatales por las ganancias extraordinarias generadas por la extracción de oro, que satisface la demanda de la economía mundial capitalista.

El gobierno de Nicolás Maduro sigue cumpliendo un rol reaccionario y entreguista, porque a partir del incremento de los territorios incluidos en las actividades mineras y la intensificación de la transformación de la naturaleza en una mercancía para su comercialización en el mercado mundial define como población sacrificable a los pueblos indígenas asentados en el sur del país. Esto para continuar presentándose como el gobierno venezolano más beneficioso para el capital transnacional y conservar el apoyo de aliados geopolíticos como China, Rusia y Turquía. Dos cualidades que le permiten a los jerarcas civiles y militares del gobierno seguir obteniendo grandes ingresos por su condición de facilitadores de la explotación extranjera de los bienes comunes de Venezuela.

No obstante, escuchamos declaraciones y observamos acciones llenas de cinismo por parte de los jerarcas del gobierno. El General Vladimir Padrino justifica la muerte de Charlie Peñaloza al mentir cuando sostiene que fue en un enfrentamiento. En Telesur denuncian la represión del pueblo mapuche por parte de los gobiernos de Argentina y Chile, y al mismo tiempo encubren el asesinato de indígenas en la Gran Sabana. La alcaldesa chavista de Caracas coloca una estatua en honor de la Cacica Apacuana, y a su vez siguen los intentos de desplazamiento forzado en el sur del país.

En ese sentido, desde el Partido Socialismo y Libertad (PSL) repudiamos el asesinato de Charlie Peñaloza Rivas y rechazamos la política estatal de desplazamiento forzado de los pueblos indígenas ubicados en la Gran Sabana, que tiene como consecuencia el genocidio y etnocidio de esas poblaciones indígenas. Además, desde el Partido Socialismo y Libertad (PSL) exigimos que se garantice el respeto de la gestión autónoma de los pueblos indígenas de sus territorios ancestrales, y por lo tanto demandamos el retiro inmediato de los cuerpos represivos del Estado de la Gran Sabana y apoyamos la decisión de la comunidad indígena de Canaima de duelo por una semana, suspensión de las elecciones, castigo a los culpables y tomas de vías fluviales y terrestres.

En fin, hacemos un llamado a la solidaridad militante de los pueblos criollos e indígenas de América Latina para que de manera activa repudien las políticas aplicadas por el gobierno de Nicolás Maduro en contra de los pueblos indígenas que tienen sus territorios ancestrales en el sur de Venezuela.

¡No al Arco Minero del Orinoco!¡La vida y el agua valen más que el oro!¡Basta de colonialismo interno del Estado burgués!¡Fuera el capital de los territorios de los pueblos indígenas!