Pese a la ofensiva ultraderechista dirigida desde Estados Unidos contra la Revolución Bolivariana de Venezuela, el gobierno avanza en el desarrollo de sus políticas sociales y económicas a favor del pueblo.

El pasado 10 de enero el presidente Nicolás Maduro Moros fue investido para un segundo mandato después de ganar por amplia mayoría las elecciones generales realizadas en mayo de 2018.

Muchos analistas ven como un verdadero milagro la enorme capacidad de Venezuela que ha podido resistir durante 19 años los violentos sabotajes económicos, los cuales en América Latina solo tienen como antecedentes a Cuba que ha soportado 59 años de bloqueo económico-financiero impuesto por Estados Unidos.

Con el apoyo de la oligarquía criolla y de los poderosos medios de comunicación occidentales, la Revolución Bolivariana ha sufrido ataques de toda índole que van desde intentos de golpes de Estado y atentados contra sus dirigentes, sabotajes contra la producción petrolera, acaparamiento de alimentos y medicinas, contrabando de mercancías hacia las fronteras y violentas campañas de desinformación.

Estados Unidos cierra cada vez más el cerco contra esa nación sudamericana y a la par que impone sanciones económicas y financieras de todo tipo, impulsa a gobiernos de derecha latinoamericanos y a la ya desprestigiada Organización de Estados Americanos (OEA) a elevar la propaganda y las presiones contra el gobierno boliviariano y su presidente Nicolás Maduro.

Desde que Hugo Chávez alcanzó la presidencia en 1999, Washington ha diseñado una continua política de agresiones hacia Caracas que se reforzó con la llegada de Donald Trump y de los gobiernos de derecha que han tomado fuerza en la región.

Con inteligentes políticas sociales y económicas, y sobre todo con apoyo del pueblo, la dirigencia del país ha logrado resistir la guerra económica cuyo fin es el de provocar revueltas en esa nación que conduzcan el derrocamiento del gobierno.

Además de exhortar a la desobediencia y a realizar actos terroristas contra instalaciones públicas, empresas y hasta hospitales materno infantiles, como sucedió en abril de 2018, han sido constantes los ataques a la moneda nacional, la especulación de productos, acaparamiento, contrabando a través de la frontera con Colombia para provocar la inflación y el malestar de la población.

Las acciones desestabilizadoras han sido lanzadas desde todos los frentes y en esa vertiente se ha utilizado a las compañías calificadoras de riesgos como JT Morgan, Standard & Poor´s (S&P), Moody´s y Fitch que propagandizaron una inminente cesantía de los pagos de deudas venezolanas, campaña que fue desmontada al sufragar Caracas los adeudos adquiridos, en tiempo y forma.

La principal empresa generadora de divisas de la nación, PDVSA también sufre continuos ataques y sabotajes pero aunque ha disminuido su producción petrolera, no ha detenido sus labores.

Otras de las artimañas utilizadas fue extraer del país distintas denominaciones de la moneda nacional con el objetivo de evitar que el gobierno cumpliera con los proveedores de bienes, materias primas e insumos esenciales para el abastecimiento de medicamentos, alimentos y materiales de higiene.

La respuesta fue crear la criptomoneda petro, respaldada por las reservas de petróleo, diamantes, gas y oro que ofrece una alternativa a las sanciones pues puede funcionar como mecanismo de financiamiento en divisas y pagos, alejada de la banca estadounidense.

A pesar de las adversas condiciones derivadas de la prolongada guerra económica, Venezuela dedica un abultado presupuesto a la inversión social lo que permite a 9 de cada 10 ciudadanos de la tercera edad (unas 3 600 000 personas) disponer de una pensión equivalente al salario mínimo básico

Los datos son elocuentes: Del 19,6 % de la población pensionada en el año 2 000 pasó al 90 %; el porcentaje de hogares en pobreza extrema se redujo de 10,8 % en 1998 a 4,4 % en 2016; en programas de salud, más de 1 400 000 vidas se han salvado por la misión Barrio Adentro; la Gran Misión Vivienda Venezuela ha entregado 2 600 000 casas que resulta el 70 % del total fijado hasta el 2019.

La agenda Bolivariana para enfrentar las dificultades tiene varios objetivos fundamentales entre estos: fortalecer la producción nacional, luchar contra la especulación y lograr el acceso de la población a los alimentos y servicios públicos a precios justos.

Cuando en América Latina han tomado fuerza regímenes de derecha que apuestan por políticas neoliberales que benefician a la minoría adinerada y a las compañías transnacionales en detrimento de la mayoritaria población empobrecida, la gran osadía de la Revolución Bolivariana ha sido darle posibilidades de mejoría a la gran masa de ciudadanos que durante decenios ha estado discriminada.

La tarea de mantener un gobierno digno para sus ciudadanos será ardua ante los constantes ataques de Estados Unidos y de la oligarquía criolla que quieren adueñarse de las riquezas petroleras y minerales del país y para evitarlo será necesario mantener la cohesión entre el Gobierno y el pueblo. En ese sentido, el presidente Maduro expresó recientemente: Somos un país libre y cada vez debemos ser más libres con el desarrollo de las fuerzas productivas y económicas del país.