Venezuela se aproxima a unas nuevas elecciones, porque así lo manda la Constitución de nuestra república, y así lo ha decidido también soberanamente el pueblo venezolano. Los venezolanos han hecho, además, durante estos años, enormes esfuerzos; heroicos sin duda, para conservar la democracia e incluso la integridad nacional, y merecen llegar a estas elecciones en paz y en las mejores condiciones. Es comprensible que sectores políticos traten de obtener garantías que contribuyan a generar mayor confianza en el próximo proceso electoral, y el Estado debe -nadie puede albergar duda- ofrecer todas las garantías democráticas necesarias y realizar todo el esfuerzo a su alcance para generar esa confianza. Hasta ahora, las autoridades nacionales están actuando precisamente en esta dirección. Forman parte, sin embargo, de las garantías a lograr, que cesen el bloqueo y las medidas de violencia que potencias imperiales y gobiernos serviles imponen sobre Venezuela, haciendo complejo o difícil la satisfacción de necesidades esenciales y cotidianas de muchos venezolanos. Es claro que la presión indebida y, debemos decirlo con todas las letras, el chantaje y la violencia que estas acciones han ejercido sobre el pueblo venezolano resultan ilegítimas y antidemocráticas. Todo actor político que aspire a ejercer alguna autoridad en un sistema democrático debe condenar claramente el uso de tales acciones criminales. No se puede defender como legítima la invocación siquiera de una medida que tenga como propósito hacer daño colectivamente al pueblo y crear padecimientos entre quienes forman parte precisamente de los sectores más vulnerables de éste. Debe ser considerado criminal y sancionado severamente por las leyes de la República todo llamado a continuar este daño al colectivo nacional. Y no puede haber ningún liderazgo nacional válido y legítimo que solicite la continuación o extensión de tales medidas criminales. Por último, es claro que debe formar parte de las garantías ofrecidas al pueblo venezolano, por quienes participan en la actividad política venezolana, la condena a las medidas de bloqueo, cualquier forma de boicot a nuestra economía, confiscación, robo o apropiación indebida de los recursos nacionales, que pertenecen a todo el pueblo y deben ser dispuestos prioritariamente a la atención de sus necesidades, poniendo claramente en primer lugar a aquellos más vulnerables; tal y como todo candidato a ocupar democráticamente un cargo debe prometer igualmente acatar la Constitución y demás leyes de la República. Esto es lo que corresponde a una conducta democrática, otro proceder significaría consentir indebidamente a presiones y chantajes antidemocráticos.
Profesor del Instituto de Estudios Políticos de la UCV
