Desde hace varios años Venezuela padece una grave crisis socioeconómica producto de diversos factores internos y externos, agudizada en el 2020 por la pandemia de COVID-19 y la consecuente semiparalización económica local y global. Crisis que ha sumido en la pobreza y miseria a muchos más venezolanos de los que ya estaban en esa lamentable condición antes de la misma, y que claramente indica el colapso de la economía venezolana, que según palabras del mismo Diosdado Cabello, alto funcionario del Gobierno de Nicolás Maduro, no recibe ingresos formales por concepto petrolero desde octubre del año pasado (2019). Tristemente en medio de este nefasto contexto, la hiperinflación azota con todo nuestros bolsillos y los "salarios" ya no alcanzan ni para alimentarse de forma más o menos adecuada, aunque el artículo 91 de la constitución ordena que el sueldo mínimo debe ser más o menos equivalente al costo de la canasta básica; hay tanta hambre a raíz del oscuro panorama, que no es raro observar en las calles a hombres, mujeres e incluso niños agarrando de la basura las sobras de algún que otro alimento. De manera que buena parte de la población venezolana finaliza la jornada diaria habiendo ingerido apenas una comida, y con suerte dos, lo que significa la presencia de un pueblo subalimentado o desnutrido en una elevada medida.

Es evidente que los bloqueos y las sanciones internacionales son en gran parte responsables de la dura crisis que afecta a millones de venezolanos, obviamente por la insuficiencia de dinero disponible para la inversión social. No obstante a nivel interno hay situaciones anómalas e injustas que han posibilitado que una minoría viva en la opulencia a pesar de la tremenda crisis, en detrimento de la mayoría. Por una parte la élite militar y religiosa, y la dirigencia política, "revolucionaria" y de derecha, siguen disfrutando de una elevada calidad de vida material, en buena medida gracias a la corrupción o bien porque obtienen ingresos de maneras "misteriosas", todas deshonestas; en el caso de los inmorales dirigentes "revolucionarios" con un elevado nivel de vida, el cinismo se ha manifestado a flor de piel, considerando su justificación de los miserables "salarios" del pueblo común y su indiferencia ante la carestía, e incluso han osado dirigirse a los hambrientos por diferentes medios para "explicar" que debido a la difícil situación del país y a las sanciones y bloqueos, es necesario su sacrificio, todo en nombre del dizque socialismo del siglo XXI, claro está. Y ya que se hizo mención de los "salarios", el artículo 91 no existe para tales "socialistas" no obstante su defensa a ultranza de la constitución, y no podía ser de otra manera, considerando que precisamente en la administración pública es en donde se viola con más descaro dicho artículo, correspondiendo el sueldo mínimo a la fecha de escribir este texto (27-09-2020), a la mísera cantidad de menos de 2 dólares mensuales. En este sentido, ¡qué fácil es ser un líder político de "izquierda" y hablar de crisis y de sacrificios en tiempos como los actuales, cuando se vive de manera cómoda, y la pobreza y la miseria no se sienten cerca¡ En verdad la nación caribeña está prácticamente colapsada, pero eso no afecta a la minoría constituida por las élites, incluida la política, que es la misma sea de derecha o de "izquierda". A partir de aquí se entiende en parte que reine un estado de indefensión e indiferencia en Venezuela, y como hay una total inacción gubernamental para actuar, por ejemplo, contra los delitos económicos y para hacer respetar el mandato constitucional en materia salarial.

Por otro lado buena parte de los empresarios-comerciantes están aprovechando la terrible coyuntura para robar a más no poder a los consumidores y usuarios de distintos servicios, vendiendo a como les viene en gana rubros básicos como los alimentos y las medicinas. Verdaderas escorias que no tienen piedad con los hambrientos y enfermos de bajos recursos, y por tanto actúan peor que los delincuentes comunes, sacando ventaja de la crisis para enriquecerse aún más, como bien se ha evidenciado con Lorenzo Mendoza y otros hombres de negocios. Cabe mencionar en este contexto el caso de la distribución del gas doméstico, que lamentablemente se convirtió en una gran estafa para los ciudadanos a pesar que es un servicio básico esencial. Por desgracia todas las empresas que comercian con este combustible en Venezuela, lo están vendiendo a como les da la gana, y cuando les da la gana suben y suben los precios sin ofrecer una justificación razonable, y como no hay ningún control de precios, ni alguna regulación estatal sobre ellos ni un castigo judicial al menos por el delito de especulación, entonces los propietarios de dichas empresas concluyeron que tienen vía libre para andar desatados y perjudicar gravemente a millones de venezolanos.

Ante el panorama descrito en los párrafos anteriores, es evidente que debe haber una contundente y masiva reacción popular lo más pronto en Venezuela. Reacción contra la élite política por su inmoral y deshonesto enriquecimiento en una época tan crítica para el país caribeño, y su inacción e indiferencia general, y reacción contra la élite empresarial y parte del sector comercial mediano, que están haciendo lo que les viene en gana, y cuentan con el apoyo descarado del Gobierno en todos sus niveles político-territoriales, y con una total impunidad en el ámbito de los delitos económicos. A estas alturas ya es urgente para los pobres salir a las calles a protestar contra las autoridades estatales y la corrupción, la nefasta política económica interna y externa, la ineficiencia, la mala administración, la ausencia de castigo de los delitos económicos del sector público y del sector privado, y especialmente contra el incumplimiento y la violación del artículo 91 de la constitución. En el caso de empresas como las encargadas de la distribución del gas doméstico, hay que tomar justicia por manos propias, pudiéndose actuar al menos de dos formas: boicotear en lo posible los productos y servicios ofrecidos por aquellas, y de ser necesario controlarlas pacíficamente bien de forma temporal o bien de forma permanente, que significaría la apropiación social de las empresas, transformándolas entonces en propiedades sociales.

Ahora bien, más allá de que se advierta de parte de la dirigencia del Estado venezolano que hay una pandemia en curso, y que las protestas son improcedentes, irracionales, sanitariamente peligrosas e inútiles debido a que no hay dinero suficiente para la inversión social gracias a las sanciones y bloqueos, la realidad es que la lucha en las calles es la única opción para millones de pobres y miserables en la nación suramericana. La sociedad no puede desmovilizarse jamás, y menos en un tiempo como el actual, por más excusas que vengan de parte del Gobierno para preservar la estabilidad, la salud colectiva, la seguridad, la paz y la democracia "participativa y protagónica". La subversión permanente de los ciudadanos comunes es y será clave para intentar desestabilizar el Statu Quo dentro y fuera de Venezuela, como un paso importante en la construcción de una nueva humanidad.