El estado de emergencia económica que procede "cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación
J. Schumpeter ha sido considerado el padre de la llamada teoría competitiva de la democracia (teoría elitista para sus detractores); es decir, aquel paradigma teórico que está más orientado a entender que son de hecho las democracias modernas que a discutir que deberían ser, haciendo hincapié en el carácter estable, constitucional y liberal del sistema de múltiples élites, en la competencia de dichas élites políticas y en la responsabilidad que éstas asumen ante el electorado en las votaciones periódicas. Sin embargo, ¿hasta qué punto los planteamientos del economista austríaco son originales? Muchos son los politólogos que ya han señalado las claras líneas de continuidad que se establecen entre los trabajos de Schumpeter y la teoría de la democracia implícita en la obra del gran sociólogo alemán Max Weber. Aunque empleando un tono menos opaco, Schumpeter prosigue los análisis weberianos sobre las contradicciones que conlleva el proceso de burocratización y democratización. Ambos defienden la necesidad de una aproximación sociológica a los fenómenos del poder y de la política señalando que en la democracia existen también élites políticas, puesto que toda institución es imperfectamente representativa, que todo gobierno que se ve obligado a actuar con el consentimiento de la multitud, actúa con lentitud y debe tomar en cuenta la ignorancia y el egoísmo de los hombres , nos permite entender mejor la democracia liberal en la era de la política de masas. El sociólogo alemán elabora una crítica extensa de la teoría democrática clásica. La visión sintética del mundo y la época del relativismo es lo que opera como fundamento de la problematicidad de nociones tales como Bien Común y Voluntad General. Esta crisis tiene una vertiente teórica que conecta con el fin de la idea de la razón universal y con la fragmentación de la realidad en el pluralismo de los valores. El análisis sociológico conduce a tomar conciencia sobre la existencia del conflicto en toda decisión colectiva. De la crisis de la democracia como valor en sí, fruto del cuestionamiento implícito de ciertas ideas centrales de la tradición liberal, resulta la concepción de la democracia como "técnica". La fundamentación de la democracia como método capaz de proporcionar la posibilidad de dirigir la política de una forma eficaz, y no como valor, conduce a una crítica de las ilusiones de la democracia burguesa, desde la misma defensa de dicha democracia. Las democracias modernas no son ni más ni menos que un conjunto de reglas que canalizan la lucha política, organizan el consenso de una voluntad prefigurada (visión vertical de la política), controlan y seleccionan a las élites políticas más capaces educadas en el conflicto político para decidir los fines, aseguran la primacía de lo político, subordinan la técnica a la política, para evitar una máquina técnico-administrativa sin espíritu, y a los intereses económicos particulares, y finalmente son arreglos institucionales necesarios para promover la competencia entre valores y la libertad de elección en un mundo racionalizado. No son pues las formas de gobierno que se erigen contra el ejercicio alienado del poder, sino una de las formas típicas a través de las cuales un poder deviene válido, la forma más adecuada frente a la inevitabilidad del sufragio universal y la comparecencia de Weber y Schumpeter se adelantan a temas muy actuales en la ciencia política interesada por lo que ha dado en llamarse la derivación plebiscitaria de la democracia. Al respecto, recomendamos . El problema es la eficacia del poder y no la representación de dicho poder. La burocratización no es la deformación de un proceso cuyo curso debería pasar por otros caminos, su inevitabilidad conecta con la racionalidad típica de Occidente. Weber no intenta eliminar lo ineliminable, sino crear un sistema de contrapesos que permita generar una conducción política eficaz y que impulse responsablemente fines y objetivos nacionales evitando las disolución de la política en la administración. Pretender volver a la democracia entendida como participación plena significa el caos. La utopía de la extinción del dominio es inviable e irracional. Sólo un parlamento fuerte y un liderazgo probado, sostenido por la legitimidad de masas puede servir de contrapeso a la expansión de la burocracia. Un parlamento que actúe como mecanismo de selección de élites dirigentes, afirmando la inevitabilidad del "principio del pequeño número" (el Demos siempre es gobernado y nunca gobierna), atrayendo a los individuos con mejores talentos seducidos por la acción y la responsabilidad. Solo esta minoría de hombres preparados en la lucha política son capaces de controlar la máquina burocrática, dirigir e integrar a las masas irracionales a través de los partidos políticos y promover la innovación. El parlamento, entonces, es el lugar de publicidad de las discusiones, la instancia de contrapeso a la burocracia, la escuela de líderes y el mecanismo de legitimación vía partidos y elecciones. Por encima de la ineludible racionalidad burocrática, de la máquina partidaria, del parlamento que trabaja, emerge como rasgo de la modernidad el jefe político quien encarna las grandes decisiones. La imposibilidad de alterar la relación masas-política es radical, la política sólo puede entenderse en términos personalistas, la democracia sin caudillo supone el puro dominio de la burocracia. Weber busca y encuentra el equilibrio entre los conceptos de autoridad y responsabilidad sin ceder demasiado poder al Demos o emergencia Democrática
La Asamblea Nacional (AN), bajo moción de emergencia debe aprobar una Ley Habilitante para el presidente de la República Nicolás Maduro
El pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro Libertador Simón Bolívar y el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes y de los precursores y forjadores de una patria libre y soberana; con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad; en ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático,
De acuerdo con las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan en esta Ley, de conformidad con el tercer aparte del artículo 203 y el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, en consecuencia:
Declara el estado de emergencia económica que procede "cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la. Nación. la economía, los salarios son parte importante de los costos laborales y son una variable esencial para la competitividad de las empresas que requiere ser analizada, también en su relación con otros factores como el empleo, la productividad y la inversión.
Dictar medidas relativas al distintos aspectos de la economía que introducen el fortalecimiento del aparato productivo al problema problemas económicos con objeto establecer un marco normativo especial y temporal que provea al Poder Público venezolano de herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos nocivos generados por la imposición, contra la República Bolivariana de Venezuela y su población, de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, emanadas o dictadas por otro Estado o grupo de Estados, o por actos u omisiones derivadas de éstos, por organizaciones internacionales u otros entes públicos o privados foráneos.
Dictar medidas relativas al fomento, promoción, recuperación el salarios que constituyen la mitad de la riqueza nacional y, junto con las cotizaciones que llevan aparejadas, la más voluminosa cuantía de los costes de producción de la economía. sostienen variables cruciales como la demanda nacional de consumo e inversión, como desarrollo de la pequeña y mediana industria. En este sentido, se garantizará el financiamiento oportuno, la capacitación, asistencia técnica, y preferencias en las compras del sector público, en la reestructuración de sus deudas, en la capacitación de su recurso humano y en la investigación que sea útil para su desarrollo.
Dictar medidas con el objeto de crear, dentro del sistema financiero venezolano una banca de segundo piso, a través de la cual se concedan créditos para fortalecer las actividades microempresariales sustentadas en la iniciativa popular. Igualmente, se deberá crear el sistema Microfinanciero venezolano que integre las operaciones de microfinanciamiento en zonas urbanas y rurales y que permita su crecimiento de manera transparente y eficiente.
Dictar medidas que regulen y fortalezcan el sistema financiero, garanticen su estabilidad y estimulen la competitividad. A tal fin, se restituirán a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras las atribuciones que le fueron conferidas a la Junta de Emergencia Financiera por la Ley de Regulación Financiera.
Se ampliará el criterio de vinculación para el establecimiento de empresas relacionadas: se incluirán las filiales en el exterior dentro del concepto de grupo financiero; se establecerán regulaciones a las operaciones realizadas por la banca comercial: se propiciarán medidas de estímulo para el fortalecimiento patrimonial del sector bancario venezolano, para la fusión bancaria, así como para la racionalización y reducción de los gastos de transformación en dicho sector, y se modificará el régimen sancionatorio.
Dictar medidas para adecuar el funcionamiento de las cajas de ahorro, fondos de ahorro y similares a la realidad económica y financiera del país. Para ello, se dotará a la Superintendencia correspondiente de las potestades de fiscalización y control que sean necesarias. Dicha Superintendencia se configurará como un servicio autónomo sin personalidad jurídica, adscrito al Ministerio de Finanzas, con autonomía funcional, administrativa, financiera y organizativa.
Dictar medidas que regulen la actividad aseguradora con la finalidad de conferir al organismo de control los medios adecuados para el ejercicio de sus funciones; llenar los vacíos normativos en materia de supervisión contable, forma de reposición de capital y asunción de pérdidas de capital, adecuación de capitales mínimos, previsión de sanciones aplicables, establecimiento de responsabilidades de los administradores de las empresas de seguros y reaseguros y sus accionistas, modificación de las garantías previstas y la forma en que deben ser presentadas las reservas.
Se establecerá un régimen de fusión de las empresas de seguro y se redimensionará el mercado asegurador con el fortalecimiento institucional del sector.
Dictar medidas para transformar el Fondo de Inversiones de Venezuela en el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, el cual actuará como agente financiero del Estado, asumiendo la rectoría del manejo de los activos bancarios del sector público, para atender el financiamiento de proyectos orientados hacia la desconcentración económica, estimulando la inversión privada en zonas deprimidas y de bajo rendimiento, apoyando financieramente proyectos especiales de desarrollo regional. Actuará, además, como ente fiduciario de organismos del sector público; apoyará técnica y financieramente la expansión y diversificación de la infraestructura social y productiva de los sectores prioritarios y contribuirá con el desarrollo equilibrado de las distintas regiones del país. Administrará los acuerdos financieros internacionales. El Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela tendrá competencia para actuar en el territorio nacional y en el extranjero.
Dictar medidas que permitan garantizar al Banco de Comercio Exterior su carácter de institución financiera de desarrollo destinada al financiamiento y promoción de inversiones y de exportaciones, así como prestar asesoría y asistencia técnica al exportador de bienes y servicios nacionales no petroleros.
Dictar medidas necesarias para unificar y ordenar el régimen legal de los hidrocarburos, a fin de armonizar las distintas actividades del sector, así como las de éste con el resto de la economía; mantener la propiedad de la República sobre los yacimientos de hidrocarburos y la declaratoria de utilidad pública y de servicio público de actividades que sobre los mismos se realicen. Se adecuarán Las actividades del sector con los planes de ordenación del territorio y la defensa del ambiente.
Reformar la materia del impuesto de explotación o regalía, a fin de garantizar mayor eficacia en el control fiscal e incrementar la recaudación de ingresos para la República, armonizándolo con la correspondiente adecuación del impuesto sobre la renta y la reforma en materia de impuestos al consumo de los productos derivados de hidrocarburos con el propósito, al mismo tiempo, de mantener condiciones que favorezcan las inversiones necesarias en las actividades de exploración, extracción, transporte, almacenamiento, refinación y comercialización de los hidrocarburos y sus productos.
Igualmente, se regulará el aprovechamiento eficiente de los hidrocarburos como materia prima para su industrialización y exportación; se procurará que los bienes y equipos fabricados en el país concurran en condiciones de igualdad, para ser utilizados en las actividades vinculadas con los hidrocarburos. Asimismo, se establecerán condiciones que propicien la industrialización de los hidrocarburos en el país, con la finalidad de obtener el mayor valor agregado por sus productos; reservar al Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Minas, la facultad indelegable de fijar las tarifas o precios de los hidrocarburos. El marco legal a dictarse deberá considerar, tanto el establecimiento de mecanismos regulatorios eficientes por parte del Estado, como la rentabilidad de la inversión necesaria en el sector.
La nueva legislación en hidrocarburos será integral, es decir, regulará los hidrocarburos y su totalidad, cualquiera que sea su forma de aparición en la naturaleza: gaseosa, liquida o bituminosa. Igualmente, regulará las diversas actividades que se realizan sobre los hidrocarburos; exploración, extracción, transporte, almacenamiento, procesamiento y mercadeo, tanto el de exportación como el interno.
Dictar medidas para armonizar y coordinar las competencias en materias de gas y electricidad de los poderes público municipales, estadal y nacional.
Dictar medidas dirigidas a regular la organización y funcionamiento del sector turístico nacional, así como la orientación, facilitación, fomento, coordinación y control de la actividad turística, como factor de desarrollo económico y social del país, cuyo ámbito de aplicación comprenderá los órganos e instituciones, que desarrollen actividades relacionadas con el sector y los prestadores de servicios turísticos. Se modificará la normativa relativa al Fondo Nacional de Promoción y Capacitación Turística, con el objeto de hacer más operativo su funcionamiento. Igualmente, se dictarán medidas para establecer los mecanismos de participación y concertación del sector público y privado en la actividad turística.
Dictar medidas que promuevan la ciencia, la tecnología y la innovación, determinando los mecanismos institucionales y operativos para la promoción, estímulo y fomento de la investigación científica y la innovación tecnológica. Dicha regulación establecerá los mecanismos de coordinación y financiamiento de proyectos dirigidos a promover la ciencia, la tecnología y la innovación, con el propósito de impulsar los procesos de generación, utilización, difusión, transferencia y gestión de estas actividades en todos los ámbitos relacionados con el desarrollo social, cultural y económico del país.
Se establecerán mecanismos para incentivar el desarrollo de redes regionales, nacionales e internacionales de cooperación científica y tecnológica en apoyo al sector industrial, empresarial, académico y educativo del país, implementando programas de formación del capital humano para cultivar el desarrollo científico, tecnológico y humanístico. Asimismo, se fomentarán vínculos entre las instituciones de investigación científica y tecnológica y la industria, a los fines de facilitar la transferencia e innovación.
Dictar medidas que regulen la actividad informática, a fin de otorgar seguridad jurídica para la expansión y desarrollo de las comunicaciones electrónicas, especialmente dirigidas al uso de la red mundial de comunicaciones. De igual forma, se deberá promover el uso y la seguridad en el comercio electrónico y en la transmisión de datos. Se regularán las actividades de los proveedores de los servicios de certificación y los certificados electrónicos. En todo caso, se dictarán medidas para regular la firma, tramitación y formalización de documentos digitales.
Todos los Decretos que sean dictados en ejecución de esta Ley, deberán ser acompañados de su respectiva Exposición de Motivos.
