Recientemente se hizo pública la noticia de la firma del acuerdo entre el Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) de la ONU con el gobierno venezolano, para brindar atención alimentaria a 185.000 niños y niñas en edad preescolar.
Vale la pena conocer los antecedentes de la firma de este primer acuerdo del gobierno venezolano con WFP-ONU, dirigido a mitigar la "inseguridad alimentaria" severa que afecta a un porcentaje importante de nuestra población.
Entre julio y septiembre de 2019, el WFP "invitado por el Gobierno de Venezuela" llevó a cabo una evaluación de seguridad alimentaria para estimar las necesidades y vulnerabilidades de los hogares en Venezuela", según lo publicado por el propio WPF.
El Gobierno de Venezuela, al que ciertos divulgadores de la "crisis humanitaria" llaman con contumacia "régimen de Maduro", además de haber tenido la iniciativa de invitar a este organismo internacional al país permitió que llevara a cabo sus actividades con plena independencia, como lo afirma no el gobierno sino el propio organismo "WFP tuvo completa independencia en el diseño e implementación de la evaluación, y tuvo acceso sin ningún impedimento en todo el país para la recolección de datos a nivel de hogar".
En versión noticiosa de la BBC, sobre el acuerdo firmado, el Director del Programa de la ONU (WPF), David Beasley, agradeció al Presidente venezolano "por permitirnos ser independientes y no permitir que nadie politice nuestro trabajo".
Pero volvamos a los datos que arrojó la evaluación realizada y cómo este importante trabajo, que lleva meses en el país, comenzará a traducirse en respuestas a las necesidades de la población.
Se estima que el 7.9% de la población, es decir 2,3 millones de venezolanos, está en "inseguridad alimentaria severa"; mientras que un 24,4% (alrededor de 7 millones) está en seguridad alimentaria moderada.
Ante estos reveladores datos (que no contemplan los efectos de la pandemia por covid-19 que desde marzo 2020 padecemos), el gobierno nacional está dando pasos importantes para mitigar los efectos de la crisis. El día de la firma del acuerdo entre WFP y el gobierno, el Presidente Nicolás Mauro afirmó "Se trata del primer paso de proyectos más ambiciosos que abarcarán el apoyo alimentario de todo el pueblo venezolano", según reseña de Telesur.
Por su parte, los que desde 2014 vociferaban que Venezuela padecía una severa "crisis humanitaria", y apelaron al relato de "ayuda humanitaria" solo como una burda estrategia propagandística para promover un derrocamiento del gobierno, hoy guardan sospechoso silencio ante las acciones gubernamentales.
Otros supuestos defensores internacionales de derechos humanos que también han sido "tenaces fanáticos del antichavismo" quedan al descubierto. Veamos el ejemplo de uno de los casos emblemáticos.
En un informe del año 2016, rubricado por HRW, organización internacional de "falaces defensores de derechos humanos", (que en 2008 fueron expulsados del país por injerencistas) se hicieron afirmaciones tales como "…hasta el momento, la respuesta del gobierno venezolano ha sido absolutamente inadecuada. Las autoridades niegan la existencia de crisis: No han articulado ni implementado políticas efectivas para mitigar la crisis por su propia cuenta, y han realizado acciones muy limitadas para obtener la asistencia humanitaria internacional que podrían mejorar sustancialmente los resultados de sus limitados esfuerzos".
También, en este mismo informe, en el rango Recomendaciones a los organismos humanitarios internacionales se expresaba "Incluso sin una solicitud de asistencia por parte del gobierno venezolano, los organismos humanitarios de la ONU deberían ofrecer públicamente asistencia humanitaria al gobierno venezolano para contribuir a mitigar la crisis en el corto plazo. A su vez estos organismos (de la ONU) deberían publicar una evaluación independiente y detallada de la situación en el terreno…".
Estos "falaces defensores de derechos humanos" contrariando las declaraciones de D. Beasley, firmante del acuerdo, son capaces de afirmar ahora de manera descarada que "El despliegue del Programa Mundial de Alimentos es, también, resultado de la presión internacional sostenida sobre las autoridades venezolanas para que permitan su ingreso". Y después que estas iniciativas estén funcionando plenamente sencillamente guardarán silencio y seguirán acusando al "régimen de Maduro" de causar la crisis y negarán rotundamente el impacto de las sanciones económicas y financieras que unilateralmente el gobierno EE UU con la complicidad de gobierno serviles han impuesto a Venezuela.
Un tal Pizarro, uno de los promotores de las sanciones contra Venezuela y que conforma la avanzada de los que desde 2014 han utilizado el colapso y la crisis del país como arma política contra el gobierno, con apoyo extranjero, expresó a través de su cuenta twitter "agradecemos al Programa Mundial de Alimentos sus gestiones y esfuerzos por iniciar operaciones en el país". Apellido de conquistador tenía que tener este cínico.
Un portal informativo suizo, absolutamente desconocido en nuestro entorno, publicó presuntas declaraciones de J. Guaidó, quien desde hace tiempo lleva la batuta entre quienes piden sanciones contra Venezuela, respecto a la firma del acuerdo entre PMA-ONU y el gobierno, según las cuales éste afirmó "Me permito extender mi agradecimiento a todos los funcionarios del Programa Mundial de Alimentos por los esfuerzos que han realizado para hacer esto posible".
En el marco del cumplimento de los 211 años de los primeros pasos para la independencia de Venezuela (19 de abril de 1810) es una demostración plena de un acto de soberanía que el gobierno legítimamente constituido firme acuerdos de cooperación con un ente internacional como la ONU, con el absoluto respeto a las leyes y reconocimiento a las autoridades que soberanamente hemos elegido, a los fines de poner en marcha nuevas medidas que ayudarán a mitigar los efectos de la crisis, especialmente dirigidas a los sectores más vulnerables.
