Una cantidad indeterminada de venezolanos -que no debe llamarse “minoritaria” o “microscópica”- está interesada en discutir las bases de la política económica. Particularmente, son públicas las críticas a las aseveraciones que pretenden posponer indefinidamente los reclamos de ajuste de salarios -muy necesario- dados los actuales niveles nacionales del costo de la vida. Es cierto que, el daño ocasionado por el bloqueo y las llamadas “sanciones” sobre el ingreso del país ha sido muy elevado. Sin embargo, de allí no se puede derivar que el costo integral de este daño deba ser cargado exclusivamente a los trabajadores y sus familias. No se puede prolongar por mucho tiempo el sacrificio impuesto a los trabajadores y es absolutamente imprescindible repartir ya mejor las cargas que el ajuste pudiera implicar, al menos, por el tiempo restante que este dure. Los trabajadores han sido afectados por la caída de sus ingresos, el deterioro del sistema de previsiones y su seguridad social. Y, además, han visto cómo -al mismo tiempo- se han encarecido los servicios públicos. Y todo esto, lo ha soportado hasta ahora muy tolerantemente el pueblo venezolano; debe subrayarse que ha sido un enorme sacrificio.

Pero, es el momento de adoptar también medidas estructurales que apunten a una orientación más positiva hacia una Venezuela de progreso y justicia social. Sobre todo, es necesario adoptar medidas prontas hacia esta nueva dirección; pues, en ausencia de las mismas, se ha venido conformando una sociedad crecientemente desigual e inequitativa, amenazando con ahondar las brechas sociales y hacer irreversibles las tendencias estructurales que impidan o hagan difícil al mismo tiempo el crecimiento económico, la estabilidad democrática y el progreso social de Venezuela.

El salario medio de los venezolanos ha venido cayendo sostenidamente desde el año 2009, a lo que se ha sumado la disminución -también sostenida- de la producción desde 2014. Como si no bastara, el panorama económico y social venezolanos han empeorado gravemente por la estrategia de políticos inconscientes que promovieron la desestabilización política desde el exterior. A esto debemos sumar factores relacionados con el deterioro del ambiente institucional: la corrupción, polarización, violencia, etc.

Es imprescindible adoptar una política integral o proyecto de amplias bases y consenso social, que modifique radicalmente las expectativas y genere, sobre todo, en las nuevas generaciones el deseo de contribuir a construir ese nuevo país que todos anhelamos.

Por ello, no se puede continuar postergando un alza significativa de los salarios, que apenas vendría a reconocer con retraso el alza de los precios y tarifas de bienes y servicios públicos nacionales.

Quienes se oponen a ello, esgrimen -como principal razón- la falta de suficiente renta petrolera debido a las “sanciones” externas. Aunque cierto, esto es una restricción relativa; pero no puede tomarse en términos absolutos y condenar a los trabajadores a recibir un salario nulo en términos prácticos. Se olvida que esta situación (la ausencia de renta petrolera) no les impide a otras economías remunerar en mejor forma sus factores productivos, particularmente, los trabajadores. Igualmente, olvidamos que Venezuela es un país con gran cantidad de recursos, que ofrece oportunidades atractivas de negocios a los que posean capitales. También omite que, los particulares y privados en Venezuela poseen activos, dinero y patrimonios en el extranjero equivalentes a cientos de miles de millones de dólares (hemos estimado esta suma en, al menos, 400 mil millones de dólares). Es visible que contamos con opciones variadas para financiar el crecimiento económico y éstas no pueden depender de la precarización de las condiciones de trabajo y remuneración de los trabajadores.

Quiénes se han opuesto, empecinadamente, al ajuste significativo de los salarios han olvidado las opciones disponibles. Y este olvido amenaza con dañar seriamente las capacidades productivas de la sociedad venezolana. Los trabajadores no pueden ser sometidos indefinidamente a condiciones en las que sus salarios son menores que sus necesidades para mantenerse productivos. Debería ser obvio que un trabajador no puede disminuir su consumo y el de su familia significativamente por un plazo excesivo. Y este plazo se ha extendido excesivamente. Es tiempo de corregir; el futuro está en riesgo.

El salario de los trabajadores no puede entenderse sólo como un costo productivo. El trabajo en el proceso productivo reproduce su costo y genera además un excedente económico. La adecuada remuneración de los trabajadores permite el funcionamiento continuo de la economía y la generación de este excedente. No se puede producir, si los productores no pueden cubrir sus necesidades; y, en el caso de los trabajadores, éstas tienen que ver con sus necesidades básicas y las de su familia: alimento, vestido, educación, salud, vivienda, etc. Mantener los salarios bajos impide que los ingresos puedan ser suficientes para adquirir la suma de los bienes y servicios que se producen o se comercian en una economía; por lo tanto, tal situación -cuando existe- genera una brecha que fuerza a la economía a crecer cada vez menos o, como hemos visto, a decrecer por varios años. La remuneración justa del trabajo es una condición para el crecimiento sostenido de la economía y para la construcción de una sociedad democrática y socialmente más justa. También es una base para financiar adecuadamente la Administración, los servicios públicos y la seguridad social. La adopción de políticas adecuadas de remuneración de los trabajadores está directamente relacionada, además, con el diseño de instituciones democráticas responsables, el logro de mejores niveles de bienestar social y la estabilidad política de esas instituciones. La remuneración adecuada de los trabajadores es condición para reiniciar el camino del crecimiento económico y progreso social que todos deseamos.

No se puede asegurar -y es visible en todo el mundo hoy el fracaso del neoliberalismo- que el funcionamiento “espontáneo” o independiente de la economía privada alcance a remunerar justamente a los factores productivos, particularmente, a los trabajadores; debido a la diferencia de partida existente entre el poder de los dueños de los capitales y los trabajadores, por lo que hace falta la adopción de una política estatal que regule adecuadamente la relación entre éstos y asuma la protección de los intereses de los sectores vulnerables de la sociedad.

Quiénes se oponen a remunerar adecuadamente a los trabajadores, omitiendo la existencia de opciones a aquella de extinguir sus salarios; situación ésta que se ha mantenido por un tiempo excesivo, se equivocan gravemente y amenazan con imponer un peso, también excesivo, sobre la sociedad e instituciones venezolanas; no sólo en lo inmediato, sino también proyectarlo a futuro. Una reforma de la política económica es necesaria, es urgente y es imprescindible.

Por último, temas como el que planteo aquí se debaten libremente en una sociedad democrática. No debería usarse este artículo para calificar o descalificar nadie. Intenta ser, al contrario, un aporte para el logro de los consensos fundamentales que necesita Venezuela.