Una cosa es protestar exigiendo al patrono incremento salarial, que se honren deudas pendientes con los trabajadores, que se firme un CC vencido, etc. Y otra muy distinta es convocar marchas, paros o protestas, amparándose en el malestar y descontento de los docentes y trabajadores, pero esgrimiendo banderas políticas con pretensiones que distorsionan las reivindicaciones justas y legitimas de los trabajadores.

Las luchas reivindicativas y laborales que apuntan a la defensa de los derechos laborales de los trabajadores que se han vulnerado o por la conquista de nuevos derechos y o de mejores condiciones laborales, están permitidas y gozan de legitimidad en nuestro país, entran en el campo de lo que corresponde a protestas pacíficas.

Exigir en la calle mediante protestas o manifestaciones el fin de un gobierno traspasa las fronteras de luchas laborales y reivindicativas. Apunta a utilizar malestares y descontentos de los trabajadores en favor de corrientes políticas opositoras. Es asumir la lucha política, por un cambio de gobierno, utilizando a los trabajadores y sus demandas como tribuna y bandera política.

En la actualidad en Venezuela estamos viendo como el descontento laboral que se ha manifestado en protesta laboral y reivindicativa de los docentes adscritos al MPPE y otros trabajadores del sector publico esta siendo permeada por factores políticos opositores al gobierno, quienes amparándose en legítimas demandas de los maestros y maestras, insisten en anteponer su agenda política, por encima de lo que realmente demandan los trabajadores descontentos.

Entre las actuales demandas de los trabajadores de la educación tenemos: un incremento salarial que haga posible que su salario les permita cubrir las necesidades básicas de su familia, que el patrono les honre deudas acumuladas desde 2018, que se cumplan las primas salariales. Todo ello pasa por la firma del Contrato Colectivo vencido (2020). Hasta acá todo está enmarcado en reivindicaciones salariales y laborales, sino que además son demandas justas y legitimas de los trabajadores.

La cuestión da un giro cuando el descontento y malestar de los trabajadores educacionales se materializa en acciones y hechos, que en muchos casos podrían quedar incluso al margen de lo establecido en las leyes vigentes. Es preciso dejar claro que las acciones laborales de los trabajadores de la educación para que estén enmarcadas y sujetas a las leyes vigentes deben agotar una serie de pasos y de instancias que actualmente no se han cumplido, ni se están cumpliendo. Es necesario insistir que la ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento.

Hasta la fecha las organizaciones sindicales, que representan a los trabajadores educacionales, no han presentado ningún "pliego conflictivo" ante la Inspectoría del Trabajo, según lo estipulado en la Ley.

Es preciso que los afectados en el conflicto de trabajadores estén claros que las discusiones entre el patrono (Ministerio de Educación) y las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores no han roto el dialogo referente a la firma de la III Convención Colectiva y Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Educación.

La verdad es que detrás de esto hay sectores políticos que están jugando a utilizar justas demandas de trabajadores para imponer su agenda política. Muchos de ellos son los mismos que desde el 2014 impusieron a la violencia como medio para derrocar al gobierno, fueron derrotados pero dejaron regada a su paso una estela de muerte y miseria, aun conservamos cicatrices de esta amarga experiencia.

Lastimosamente el gobierno actual le da largas al asunto y no atiende oportunamente las justas demandas de los maestros y trabajadores de la educación, cediéndoles un vasto campo de despliegue y acción a quienes tienen claros fines políticos aunque intenten ocultarlos esgrimiendo la bandera de luchas reivindicativas y salariales de los docentes.

PD: las ONGs han sido utilizadas como bastiones políticos de la oposición extremista en nuestro país, ojo con ellas