Recientemente la Presidenta del TSJ, la Magistrado Luisa Estela Morales, rompiendo el silencio que había sobre la polémica sentencia que anuló el artículo 31 de la ley de impuesto sobre la renta, cuando la entrevistó GLOBOVISION, dijo que las sentencias se pronuncian para ser acatadas; es decir, invocó el argumento de la autoridad; “Yo soy la ley y mis ordenes, en este caso serian sentencias, deben acatarse y el que no quiera que se vaya a llorar para el valle”. Este es el celebre discurso de la autoridad típico de las derechas conservadoras que ponen la letra de la ley por arriba de la vida millones, si fuera precisa, porque la ley es la ley y debe cumplirse.
Este botón de muestra, es suficiente para demostrar por donde va la administración de justicia en este país. Como es posible que estando en vigencia un proceso socialista y bolivariano-revolucionario, el máximo tribunal de justicia de la Republica que debería estar consustanciado con esos cambios y ser el fiel intérprete del pensar revolucionario del pueblo plasmado en la ley, ande desfasado con ese proceso revolucionario y recurra al argumento (Derechista y conservador) de la autoridad. Algo parecido hizo y dijo el TSJ cuando la sentencia indigna y bochornosa del 14 de agosto del 2002; que era una sentencia legal y se debía acatar, y no se discutía más. En verdad no sirvió para nada la reforma a la ley del tribunal supremo con miras a cambiarlo de composición; se cambiaron magistrados, pero la composición reaccionaria y de derecha sigue intacta con otros actores, quizás menos lúcidos intelectualmente que los anteriores. Lo único que han hecho estos nuevos magistrados es “no cazar pelea con el gobierno”, porque saben que la tienen perdida como lo hacían los anteriores, quizás en este aspecto sean mas astutos que los anteriores, pero astucia no significa amoldamiento a plenitud a la constitución bolivariana revolucionaria y este caso del articulo 31 de la ley de impuestos sobre la renta, es un botón de muestra, como dije arriba.
La jefa o el jefe de la máxima instancia tribunalicia, en un proceso revolucionario como el que estamos viviendo, ha debido justificar, razonar su sentencia y explicar las bondades de ella, sobretodo las bondades desde la óptica de beneficio del pueblo, eso es así en un régimen democrático, social, de derecho y de justicia como el que vivimos, el cual es de corte socialista porque la potestad de administrar justicia emana del pueblo, según la concepción de la constitución del 99, ellos son meros delegados del poder popular, pero al TSJ como que le cuesta mucho comprender esto, ellos siguen aplicando de facto, y están consustanciados es con la constitución del 61 (La muerta), y todavía invocan los elementos de autonomía e independencia. Ojo; cuando los Magistrados hablan de autonomía e independencia, es del poder popular (El pueblo) porque ellos ahora son “muy panas” del ejecutivo y los otros poderes, y esta polémica con el poder legislativo, es porque el pueblo está arriando a ese poder a que tome cartas en el asunto en contra del TSJ, por una pila de sentencias complacientes con los medios golpistas y el golpismo en general, la corrupción, el narcotráfico y sobretodo en contra de los trabajadores (La Sala Social de corte patronal) y del pueblo en general, el pobre Juan allí no pega una.
Pero nada que ver con razonamientos lógicos de una sentencia desde la óptica vigente, la óptica del poder popular; solamente se le ocurrió a la Presidenta invocar el principio de autoridad tal y como lo hacia la extinta Corte Suprema de Justicia o como lo hacen las cortes supremas neoconservadoras de países dizque desarrollados que han tirado hasta sentencias racistas como USA y Francia que han negado beneficios sociales y humanos a emigrantes y lo han despachado a sus lugares de origen.
Lo sano, lo correcto del TSJ, ante la aberración de sentencia que elimina o desaplica el mencionado articulo 31 de la ley de impuestos sobre la renta; ha debido ser, autocriticarse con humildad y decirle al país que fallaron y reconocer el error y sobretodo corregirlo, pero eso parece ser “mucho camisón pa Petra”.
Los asesores de este “nuevo” TSJ siguen siendo la rancia oligarquía jurídica, reaccionaria y antipueblo que se cree dueña del saber jurídico, quien jamás le recomendaría a ningún magistrado reconocer el error y autocriticarse ante el soberano; eso seria para ellos perder el criterio de la autoridad, la cual desde su óptica es infalible. De hacerlo, el pueblo que no es vengativo, los reconocería y los respetara mas, pero para ellos eso seria la muerte, y la prefieren, ante que reconocer un error o una falla.
El TSJ, y sobretodo el andamiaje jurídico nacional (Jueces, defensores, fiscales, funcionarios, universidades, etc.), son una de las instituciones que el pueblo debe arrasar, si queremos ser libres e independiente del Imperialismo Yanqui y socialistas, ya que ellos son una fuente inagotable y permanente de regresión y un obstáculo insuperable para que llegue el día de la máxima suma de felicidad para todos como lo quiso Bolívar.
franciscosierracorrales@yahoo.com.ar
