La elección de María Corina Machado (MCM) como presidenta encargada de Venezuela es un asunto de agenda en la política estadounidense. El descarte de Edmundo González para ese rol es una cuestión de trámite dado que, en primer lugar, él ha manifestado poca voluntariedad para asumir tan explosiva tarea por su edad y, en segundo lugar, producto de lo anterior y de la conveniencia del Departamento de Estado, se le propondrá su inhibición en favor de la damisela.
Una vez investida MCM, quien para los efectos invasivos de los EE. UU. no está inhabilitada, su figura suplirá el vacío dejado por Juan Guaidó y "legitimará" el inconcluso remate de la petrolera venezolana Citgo en ese país y el saqueo de lo que queda del oro venezolano en Inglaterra. Citgo estuvo a punto de ser despedazada hace poco, pero, para tapar el descaro de robarse sus activos sin una representación del gobierno venezolano presente, un tribunal gringo acaba de extender una prórroga, esperándose con ansiedad por MCM como tapujo para refrendar.
Como quiera que se le dé vuelta a este brutal esquema de saqueo imperial, en nada diferenciado del asalto de un corsario en aguas marinas del siglo XVIII, la persistencia del despojo continuará mientras algo aprovechable quede de Citgo en Houston y del oro en Londres. La existencia de la figura de un presidente venezolano encargado es hartamente requerida para proceder con las acciones debido a que la rapiña sólo se justificará con la narrativa de que se le entregan los dineros a MCM y su tren ministerial para cubrir el gasto de sus asuntos de Estado: apoyos humanitarios, sueldos, giras, marchas, convocatorias, prensa, etc.
No hay fuerza humana, política o legal que impida semejante cometido del país del norte y sus aliados contra la patria de Bolívar. No se requirió de nada para aceptar a un Guaidó autoproclamado e iniciar el saqueo, acometiendo lo que se le vino en gana; y no se precisará del visto bueno de ninguna institucionalidad mundial para continuarlo debido a que quien opera contra Venezuela es la eximia potencia militar que, desde 1776, ha realizado 400 intervenciones en el mundo sin cortapisas de nadie (https://misionverdad.com/eeuu-ha-lanzado-casi-400-intervenciones-militares-en-todo-el-mundo), llámese ONU o cortes internacionales de justicia.
En consecuencia, el panorama político inmediato para Venezuela después de sus elecciones se presenta sin variación: un presidente encargado, unos objetos para saqueos (Citgo y el oro) y una funesta intencionalidad de invasión como constante en proporción al tamaño de la riqueza mineral del país suramericano (la mayor reserva de hidrocarburos del planeta). Suma así el país dos despojos descarados, seculares: el territorio Esequibo por Inglaterra y los EE. UU. en el siglo XX, y unos grandes activos petroleros y oro en el siglo XXI, nuevamente por Inglaterra y los EE. UU. La guinda de la historia ahora sería la explotación de las riquezas esequibas.
En semejante contexto de fuerza impuesto por los poderosos, probado ya que mediante el diálogo o la diplomacia igualmente ha tocado históricamente perder, a Venezuela le queda la opción de considerar el endurecimiento guerrero de su posición nacionalista y soberana frente al opresor, y hacer valer su basamento interno como defensa autonómica, como le ha tocado hacer a países como Corea, Irán, China, Cuba, entre otros. Ello, como radicalización, tendría una expresión concreta sobre la realidad política: detención de Henrique Capriles, Edmundo González, María Corina Machado (los que están al alcance) y la confiscación de bienes y propiedades para resarcir el robo promovido contra la nación desde el exterior, y conjurar el aura de impunidad y disfuncionalidad de estatal. La consideración de la enmienda constitucional para permear penas severas como la prisión de por vida y la pena de muerte tendría que empezar a lucir como el inicio de un paso crítico para transitar una senda igualmente crítica, pero con horizontes de independencia auténtica, en un sentido bolivariano.
