Este 20 de octubre se cumplen doce años del llamado Golpe de Timón, alocución icónica para el imaginario político chavista. Elementos como la autocrítica y la reflexión estratégica alcanzaron en él su más glorificante alcance lógico.

Como suele pasar con todo documento doctrinal, el paso del tiempo hace mérito para su interpretación, alcance y balance. Doce años después de aquel 20 de octubre, palabras como comuna, revolución, socialismo y democracia han parecido reconfigurarse ante el llamado de algunos promotores a pensarlas en los códigos de la nueva era y los nuevos tiempos del chavismo.

Bajo este escenario, ¿qué queda del Golpe de Timón?, ¿qué resta de sus propuestas y objetivos?, ¿se han encaminado de forma acertada sus diversas disposiciones?, ¿han sido certeramente asumidas las críticas y se han aplicado los correctivos? El gran desafío establecido por Chávez en aquella alocución, la imperiosa necesidad de "la transformación de la base económica del país para hacerla esencial y sustancialmente democrática", ¿ha sido firmemente asumida?

Una vuelta al Golpe de Timón

Hablar del Golpe de Timón es innegablemente hablar del proceso de transición venezolana al socialismo y de su vía comunal, de las cinco grandes determinaciones de dichas transiciones, a saber: 1. La modificación de la base productiva del país, buscando una mayor democratización del poder económico. 2. El cambio en el rol del Estado, para lograr que el proceso acumulativo se oriente a la satisfacción de las necesidades básicas de la mayoría de la población y a la defensa de la soberanía. 3. La incorporación de mecanismos de autogestión productiva a nivel colectivo. 4. La utilización de una planificación democrática como mecanismo regulador de las relaciones productivas. 5. La ubicación autónoma del país frente a la internacionalización del sistema capitalista.

De igual forma, al rememorar ese discurso, se retorna a la ambición fundamental del proceso bolivariano: la hegemonía democrática, el convencer desde la proyección de lo posible para lograr ampliación del imaginario político. Es transitar dialécticamente, utilizando palabras de Aníbal Quijano, de los movimientos sociales y su lucha democrática en la sociedad a los movimientos en la sociedad, para hacer de la política una potencia unificadora, pero en tensión y con creatividad dinámica.

El proceso comunal, en este caso, pasa a hacer una profundización de estos principios, esta vez por medio de la formulación de un nuevo sujeto político: "El Comunero" y un nuevo escenario de lo político "La Comuna", con la ambición de generar un nuevo sustento material de lo político por medio de la propiedad social y los sistemas de agregación de la geografía viva, en pugna permanentemente con los remanentes del viejo Estado burgués, acumulando cada vez más fuerza social y organización popular rumbo al Estado comunal; esa nueva máquina de la que habla Marx y en concordancia con las lecciones de la Comuna de París.

En esta misma línea, también corresponde hablar de la abolición de los elementos jerárquicos de la división del trabajo y su condición de dominación, de la desviación burocratiza desarrollada por la "división realista del trabajo entre partido y Estado", criticada por Mészáros a Lukács, que dicho en palabras del propio Mészáros en Más allá del capital —palabras reflexionadas por Chávez en su discurso—, determinan que:

"Es la superación progresiva de esta división mediante una organización consciente del trabajo, planificada por individuos trabajadores activos que se reapropian de todas las funciones de control todavía ejercidas por el partido y el Estado bajo la división del trabajo (posrevolucionaria). Sólo así podrán emanciparse de la tiranía del tiempo y de la ley del valor que todo lo cuantifica y nivela."

Formalmente escuchar de nuevo esa alocución es hablar de una brújula, que nos permite, al margen de no poder ver el horizonte al cual nos dirigimos, conocer el norte; en tal sentido, podríamos decir que es una herramienta para caminar hacia el Estado Comunal, pero también un llamado a la denuncia de las desviaciones que la búsqueda del norte podría causar. Es en este marco que la máxima "Comuna o Nada" debe ser pensada.

Volver al presente

En una reciente alocución, el presidente Nicolás Maduro, refiriéndose a la comuna, comentaba: "La comuna debe convertirse en la unidad de transformación de la sociedad venezolana", una unidad llamada a profundizar la democracia política y económica. Las dos recientes consultas de abril y agosto, dirigidas al ámbito comunal, parecieran apuntar hacia ese horizonte.

Recordemos que durante estas consultas más de nueve mil proyectos fueron escogidos para ser financiados por un monto superior a los 90 millones de dólares. Al margen de lo importante que resulta este financiamiento y la activación política territorial que este genera, hace falta ampliar la mirada, fundamentalmente porque la comuna es mucho más que la consulta o el voto.

Mas allá del sufragio, la democracia radical

La República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 5 que la soberanía, y con ella la legitimidad, reside en el pueblo, quien la ejerce de forma directa, según lo establece el artículo 70, por medio de "formas organizativas y asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad", entre ellas el cabildo abierto, la asamblea de ciudadanos y ciudadanas y las empresas comunitarias. También ejerce su soberanía indirectamente, mediante el sufragio, y con él dota de legitimidad a los órganos que ejercen el poder público.

La democracia bolivariana, participativa y protagónica, basa la legitimidad de sus instituciones y su poder político no solo en el sufragio y la escogencia de representantes y el equilibrio entre poderes, sino también, y de forma más directa, en lo que Fabienne Pete denomina legitimidad deliberativa, una legitimidad que alimenta el ejercicio del poder desde el pluralismo, el diálogo y el reconocimiento de la dignidad del otro, con amplias prácticas de participación, autogobierno y autogestiones.

Esta legitimidad deliberativa tiene su más grande respaldo y sustento en el poder popular y sus distintas instancias, tal y como lo establece el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Popular:

"El Poder Popular es el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, internacional, y en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad, a través de sus diversas y disímiles formas de organización, que edifican el Estado comunal."

Como lo expresa la misma ley, la soberanía y la legitimidad propias de este poder se ejercen según "los niveles de conciencia política y organización del pueblo". Entre más formas organizativas y asociativas logren dinamizar el ejercicio político deliberativo y ampliar la conciencia ciudadana de acción política, más soberanía será ejercida por el poder popular.

Bajo esta premisa, según lo establecido en el artículo 17 de la referida ley, la relación entre ambos espacios de gobierno se desarrolla "mediante la acción de gobierno compartida entre la institucionalidad pública y las instancias del Poder Popular", a condición, según lo dispuesto en el artículo 24, de que "todos los órganos, entes e instancias del Poder Público guiarán sus actuaciones por el principio de gobernar obedeciendo". Esto dejaría claro que el poder popular o comunal no es ni un cuarto nivel de gobierno mi un sexto poder. En rigor sería la manifestación del poder soberano directo y constituyente, algo que, por cierto, muchos adversarios y aún aliados no terminan de entender.

Los recientes esfuerzos de consulta comunal deben ser recorridos por este espíritu. No se debe caer ni en la trampa de confundir el gobierno compartido con la subsunción o colonización del poder popular por parte del poder representativo, ni en considerar que la democracia deliberativa se agota en el voto. La legitimidad de esta nueva democracia, que lucha por nacer en Venezuela, se esfuerza por liberarse de las ataduras de lo viejo para consolidar una nueva cultura de la democracia y de sus referentes, de sus acciones y ejecuciones.

Una rápida radiografía a las comunas

Según datos oficiales, hasta 2023 existían en el país 3.641 comunas y tan solo 4.048 empresas de propiedad social, de las cuales 3.891 son directas comunales y 177 indirectas. Lo cual significa que existe poco más de una empresa de propiedad social por cada comuna. A toda vista resulta un número muy pequeño para disputar la base material económico-social históricamente manejada por la clase empresarial, y también para pensar realmente en una autogestión general. Debemos admitir autocríticamente que esto coloca claramente en peligro la aspiración de generar una base material del socialismo en lo que respecta al campo de lucha comunal.

Por otro lado, la misma fuente señala que del total de las 3.641 comunas del país, solo el 16% cuenta con Consejo de Planificación Comunal, menos de 15% tiene Consejo Ejecutivo, poco más de 18% posee Banco de la Comuna, y de forma preocupante solo el 19,2% tiene Parlamento Comunal, 16,2% Consejo de Economía Comunal y 15,8% Consejo de Contraloría Comunal. Además de lo anterior, casi el 40% de los consejos comunales del país no está vinculado a ninguna comuna y las vocerías (el 30% de ellas) se encontrarían vencidas a la fecha. Esto claramente marcha en contracorriente al principio de la toma de decisiones sustancialmente democráticas y regidas bajo el control social mayoritario y popular.

Claramente, en estos números han influenciado mucho las consecuencias de las sanciones y el bloqueo, y también la desmovilización propia de la convulsión política que atraviesa el país, para nada negamos esto, pero tampoco negamos los esfuerzos que viene haciendo el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales para apalancar económicamente la comuna, a través de los distintos circuitos económicos, así como el empuje que viene realizando para actualizar las vocerías y fomentar la organización. Sin embargo, debemos decir que estos esfuerzos no han sido suficientes.

Un plausible horizonte dialectico, de la nada al todo.

Una propuesta del presidente ha levantado un cierto furor que comparto hasta cierto punto. Me refiero al llamado a avanzar progresivamente para el 2031, "el 70% de los recursos del país vayan directamente al poder de base, al poder popular a través de los nuevos mecanismos de consulta y decisión en las bases", esto parece algo difícil de imaginar si consideramos que de hacerse una tercera consulta antes de que finalice el año, el monto entregado a las comunas estaría levemente por encima de los 135 millones de dólares, mientras que el presupuesto nacional para este año fue de poco más de 20 mil millones de dólares, es decir, los recursos dirigidos a las comuna no superaron el 0,6%.

A pesar de lo ambicioso y abrumador de la tarea, podría ser posible lograrlo si reafirmamos las premisas del Golpe de Timón: más democracia y más esfuerzo dirigido a la modificación de la base productiva del país.

Solo ampliando la participación en vocerías e instancias comunales es posible empezar a dirigir el esfuerzo hacia elementos más estratégicos de cara al empoderamiento presupuestario y la planificación estratégica. Un elemento que podría empujarse desde esta primera tarea sería reforzar las bases del gobierno compartido, por ejemplo, teniendo mayor control sobre los presupuestos ministeriales. Sabemos que en la reciente consulta de agosto, 29% de los circuitos comunales votó por el manejo integral de agua, entonces ¿qué ha pasado con el presupuesto del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas que ascendía a más de 350 millones de dólares este año? Si sabemos que las comunas son más eficientes con el manejo de los recursos, no sería necesaria una auditoria radical y presentar, así, un presupuesto no solo participativo sino plenamente constituyente.

En esta misma línea, muchos de los proyectos aprobados y ejecutados están circunscritos a competencias municipales o estadales, como vialidad o transporte, por qué, entonces, no empujar la trasferencia de competencias, exigiendo, amparados en el artículo 9 del Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, que ellas pasen a la lista que debe ser entregada durante los primeros quince días de enero, por parte de las entidades político-territoriales con las competencias propuestas para ser transferidas al poder popular, lista por cierto que desde el 2015 nadie parece haber entregado.

A lo anterior debe sumarse una mayor participación de las distintas instancias del poder popular en los ingresos extraordinarios del Estado, por ejemplo, los originados por comercio de hidrocarburos y minería. Actualmente el 100% de los recursos dirigidos a la consulta y a sus distintas instancias son fruto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en rigor estos están por debajo del 3 % de la recaudación fiscal general.

Recientemente se anunció la entrega de 15 millones de dólares dirigidos al Plan Comunal del Café, esto es un avance, pero comparado con los más de 4 mil millones de dólares que se queman en las mesas de cambio privado, parece, en el mejor de los casos, algo decorativo.

Hegel afirmaba en su Lógica, que la verdad de una cosa se constituía por el movimiento dialéctico de su devenir, entre lo que ocurre, lo que ocurrió y lo que parece ser o puede ocurrir en ella para que algo nuevo o distinto surgiese de ella. Por ahora, la comuna ha estado pendulando sobre la nada, por presión imperial y por negligencias endógenas, pero quizá desde allí y retornando al Golpe de Timón, podamos relanzar la iniciativa como pueblo y dialécticamente hacer que ocurra algo nuevo y distinto, para transcender los límites de lo posible.