El caso de la reducción de la jornada laboral constituye otra de esas propuestas de las cuales si bien de entrada se está de acuerdo, debe ser vista no obstante con mucho cuidado, sobre todo y especialmente si se considera que tras la indiscutible y transparente voluntad de beneficiar al colectivo de trabajadores, se puede estar cediendo terreno frente a la burocracia de estado tanto naciente como enquistada de la cuarta república. En primer lugar, con este tema de las seis horas ocurre algo similar a lo que decíamos en el escrito anterior con respecto a los trabajadores no dependientes, es decir, no tiene mucho sentido la reiteración porque de hecho la reducción de la jornada de trabajo ya está garantizada en la bolivariana. Ahora bien, lo que si ocurre es que el planteamiento no es taxativo ni general sino progresivo, y de hecho casi todo el artículo noventa está dedicado a esta progresividad: "La jornada de trabajo diurna no excederá de ocho horas diarias ni de cuarenta y cuatro horas semanales (…) Se propenderá a la progresiva disminución de la jornada de trabajo dentro del interés social y del ámbito que se determine y se dispondrá lo conveniente para la mejor utilización del tiempo libre en beneficio del desarrollo físico, espiritual y cultural de los trabajadores y trabajadoras ." (subrayado nuestro). En mi opinión particular, la intención del constituyente del 99 al exponer este carácter progresivo de la reforma no sólo apunta a un tema de tiempos sino, lo que creo es más importante, a consideraciones de "interés social" y "ámbitos de aplicación". Y es muy importante esta diferencia porque efectivamente la progresividad mal entendida da lugar a retardos innecesarios y a tecnicismo de tipo casi agnósticos. En tal virtud, no hay ningún tipo de problemas en que se acelere la aplicación de esta medida en un solo acto de decisión política, pero lo que si es problemático es que se generalice y no se tome en cuenta ámbitos que no responden a los mismos esquemas ni necesidades. Por otro lado, yo me pregunto si ese agujero negro en que se ha convertido el ministerio del trabajo es capaz de hacer seguimiento a que los patronos dispongan de " mecanismos para la mejor utilización del tiempo libre en beneficio de la educación, formación integral, desarrollo humano, físico, espiritual, moral, cultural y técnico de los trabajadores y trabajadoras" si es incapaz de verificar siquiera si se pagan o no las horas extras como dice la ley o se cumplen las condicione de seguridad industrial. Con respecto al primer problema, es perfectamente entendible la reducción de la jornada en el caso de ciertas áreas de PDVSA, por ejemplo, donde las condiciones de trabajo ameritan entre otras cosas una atención especial del trabajador que la fatiga puede mermar. Por otra parte, hay labores que por su naturaleza exponen al trabajador o trabajadora permanentemente a esfuerzos físicos o intelectuales que no sólo son riesgosos sino que a la larga influyen en su salud, como por ejemplo los obreros metalúrgicos. En estos casos, la solución planteada no solo beneficia al trabajador ya incluido sino que beneficiaría a los que no. Puesto que implicaría necesariamente la creación de nuevos turnos (que ya deberían existir por un asunto elemental de salud laboral) con los consiguientes nuevos empleos que esto genera. La pregunta, sin embargo, es si esta situación puede generalizarse y extenderse, por ejemplo, al personal administrativo de PDVSA que no está expuesto del mismo modo y que seguramente percibe mucho más beneficios y remuneraciones que el personal obrero. O si puede considerarse de hecho la reducción en el personal administrativo de toda la administración pública, tomando en cuenta entre otras variables el tema de la eficacia y la eficiencia de la misma o el mucho más sensible de la atención al público. Por su puesto, en este como en los casos anteriores se podrá argumentar siempre la solución de los turnos adicionales. Sin embargo, no estoy seguro que esto de respuesta al problema y de hecho me parece que lo complica, porque si actualmente no existen mecanismos para garantizar la eficiencia en la administración pública dudo mucho que agregándole nuevos turnos y trabajadores adicionales se pueda hacer. Desde este punto de vista, me parece que esta medida debe ser acompañada de algo que en lo fundamental no está ocurriendo no tan solo porque no exista un ministerio del trabajo competente, sino porque el ministerio de planificación es todavía aunque parezca increíble más incompetente: la reorganización de la administración pública. En efecto, en la actualidad la administración pública es un ámbito para nada acorde a las exigencias de la revolución. Y con esto sabemos que no estamos descubriendo nada, pero además se espera no estar ofendiendo a nadie porque el presidente es el primero en criticar el burocratismo y la corrupción en el estado. Ahora bien, tanto el burocratismo como la corrupción además de ser problemas que deben ser atacados desde el punto de vista ético, también deben serlo desde el punto de vista estructural. Y esto lo digo porque no es suficiente con que los empleados públicos se lean "Contra el burocratismo" si en la realidad tienen que enfrentarse con una estructura que, por un lado, desconocen técnicamente en su gran mayoría, pero que además está diseñada en buena parte para favorecer los retardos y por ende la corrupción. Adicional a esto, es bien conocida la tendencia de la burocracia de estado a acomodarse en una estructura de poder que en lo general garantiza la mayoría de las veces unos niveles de vida y privilegios que frenan los ímpetus revolucionarios. En lo particular del caso nuestro, por no referirme al clásico ejemplo de la burocracia soviética, esto no solo es patológicamente así para del viejo funcionariado sino también para el nuevo. Motivo por el cual cualquiera puede hacer la prueba de escoger al azar cualquier institución del estado y siempre se encontrará a un grupito comprometido (muchas veces contratado y sin mayores beneficios) que trabaja casi 24 x 24 para que las cosas salgan y una mayoría silenciosa de funcionarios que solo esperan que sean las cuatro y media para retirarse y los quince y los últimos para cobrar. En virtud de todo esto, soy del criterio que la reducción de la jornada laboral debe, en primer lugar, ser parte de una reforma profunda de la administración pública y además ser considerado por ámbitos y no en la generalidad. Ciertamente, como el presidente lo ha manifestado, esta reducción planteada se complementa con toda una reorganización de los horarios en general con las cuales en lo fundamental estoy de acuerdo. Sin embargo, creo que no se consideró el tema de la burocracia sus problemas y costos y que se le estaría haciendo un flaco favor al nuevo estado popular y revolucionario que queremos construir si se le recompensa. A este respecto, uno podría empezar a multiplicar los ejemplos y situaciones casi hasta el infinito; preguntarse, por ejemplo, en el caso de organismos como la DIEX como quedaría el ya de por sí precario servicio de atención al público. Si se le piensa resolver con más personal dentro de una estructura ya saturada o si se introducirán controles normativos para hacer mejor rendimiento del tiempo, etc. En conclusión, creo que es mejor dejar el artículo noventa como está y avanzar en la progresividad y en la aplicación de medidas más integrales. Ahora bien, hasta aquí nos hemos referido estrictamente al ámbito público, pero también y sobre todo en el privado debe prestarse severa atención si no queremos que nos salga el tiro por la culata, como quien dice. Yo no se si nuestro flamante ministro del trabajo ha escuchado alguna vez hablar de la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa. Yo estoy seguro que mi tío capitalista no, pero como buen capitalista fue en lo primero que intuitivamente pensó cuando escuchó esto de la reducción de la jornada laboral. Si la reducción de la jornada no viene acompañada de todo un entramado no solo legal sino institucional que supervise y controle sus efectos en la práctica cotidiana de los trabajadores y sus patrones, todo el discurso del tiempo de calidad de vida que se conquista para los primeros quedará en pura retórica vacía, puesto que lo que terminará ocurriendo en muchos casos es una intensificación del trabajo y desmejoras salariales indirectas, como lo planteo mi tío. Y es que no hay que ser un marxista de vieja escuela, para entender que la extracción de la plusvalía hace tiempo que no aplica solo por la extensión de la jornada sino por la intensificación del trabajo, de allí que ciertamente sea una tendencia mundial la reducción de la primera. En tal sentido, lo que tiene que ocurrir es que instituciones como Inpsasel y el propio ministerio del trabajo asuman lo que tienen que asumir, para que no se lancen propuestas ligeras que a la larga no va a solucionar nada porque no son parte de una política laboral integral, como la que alguna vez tuvo este proceso y que lo hizo avanzar tanto en la materia. ezequielbolivar@gmail.com