Los medios de comunicación enfocan el tema espinoso del canje humanitario y el posible encuentro entre el presidente Chávez y el líder guerrillero, Manuel Marulanda, como una negociación entre personajes públicos, cuyas personalidades generan noticia sobre hechos superficialmente tratados. Marulanda quiere reunirse, Chávez pide permiso y Uribe se niega rápidamente. Ahora bien, ¿reunirse para qué y negar el encuentro por qué?. Es curioso que el problema de la distribución de las tierras en Colombia no predomine en los titulares de los medios del hermano país. Los miles de despojados, no pueden regresar a sus tierras, no pueden vivir del campo, y el único análisis es que guerrilleros y paramilitares viven del narcotráfico y necesitan todo ese territorio para delinquir. Es curioso que la revista Semana reseñe en su edición de febrero del 2007 el asesinato de la líder campesina Yolanda Izquierdo, quien días antes de su asesinato estaba en la audiencia en la que el líder paramilitar Salvatore Mancuso reconocía más de 300 actos criminales. Yolanda era vocera de un grupo de víctimas de los paramilitares, quienes no solo asesinaron a sus familiares sino que además le robaron sus tierras. Según el reportaje, el asesinato tuvo tal conmoción, que el presidente Uribe pidió a la justicia congelar los bienes de los paramilitares.
La redistribución de las tierras, la justicia agraria y la prohibición del latifundio deben ser temas de una agenda entre Chávez y Marulanda, ¿por qué?, porque el origen de ese conflicto tiene mucho que ver con la pasividad del Estado Colombiano para impedir el despojo de sus tierras a los campesinos. La constitución venezolana de 1999 contempla un avance en materia de reforma agraria, y ello causó decenas de asesinatos en el Sur del Lago, muchos de esos asesinatos bajo la modalidad del sicariato. Los colombianos secuestrados por la guerrilla y los rebeldes detenidos son consecuencia de problemas más complejos que pocos se molestan en ventilar y esclarecer. Pero en Colombia hay un factor más grave y son las numerosas denuncias de importantes miembros del ejército cómplices de los paramilitares, para colmo de males, la complicidad de senadores, alcaldes y gobernadores. Pareciera que se organizó toda una ingeniería política y militar para aniquilar el campesinado colombiano y adoctrinar como asesinos a los jóvenes que salen del campo hacia la ciudad en condiciones de miseria. Otro hecho noticioso, curiosamente no el único, es la denuncia contra el Coronel Hernán Mejías Gutiérrez, uno de los oficiales más condecorados del ejército a quien se le acusa de haber ganado sus medallas gracias a una alianza macabra con Jorge 40, otro paramilitar cuyo accionar delictivo y declaraciones públicas siempre involucra a Venezuela.
En Venezuela se debate una reforma constitucional que contiene sin titubeos la prohibición del latifundio, la prohibición del monopolio. Son temas olvidados que en el pasado y en el presente motivan asesinatos. Y habrá que discutirlos, porque la exigencia de Marulanda de otro despeje no es una idea loca, teniendo en cuenta el largo listado de guerrilleros que incursionaron en la política y fueron asesinados. Tampoco es un argumento débil el de Uribe al negarse a despojar los territorios. Pero sus razones tienen menos peso, pues las denuncias de militares implicados en narcotráfico, en masacres y el escándalo de la para-política, sugieren que su negativa a las exigencias para un encuentro Chávez – Marulanda, se debilitarán pronto. Y a los medios se les hace agua la boca con la posibilidad del encuentro.
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