El proceso constituyente en Venezuela, cuyo hito más destacado es la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en diciembre de 1999, se inicia con la creciente convicción en los distintos sectores de la política venezolana del deterioro profundo del ordenamiento jurídico que convirtió, a lo largo de los casi cuarenta años precedentes a esa fecha, al Estado venezolano en un delincuente y reincidente en la comisión del delito de omisión y de una increíble voracidad sobre los recursos del propio Estado venezolano para engrosar las arcas de sectores privilegiados de la sociedad venezolana.
Sin embargo, el asunto es mucho más complejo que simplemente reconocer que la sociedad venezolana adquirió una conciencia de su situación de indefensión de cara al poder absoluto de quienes poseían el control político del aparato del Estado. En realidad, el proceso constituyente no se realiza es decir, no alcanza su máximo esplendor, con la aprobación de la Constitución de 1999. Entre otras cosas, porque las razones que daban lugar a su redacción y aprobación no se correspondían con la distribución de las fuerzas políticas que desde la década del 80, cuando se propuso la reforma del Estado venezolano através de mecanismos como la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado. Reforma que con una honda convicción liberal se disponía desarticular dos de las características más peculiares del Estado venezolano.
La primera de estas características se refiere a un Estado todopoderoso en el sector económico que caracterizó la posesión más anhelada de todo el sector privado en Venezuela. En Venezuela, el Estado venezolano no es una construcción de los acuerdos y pactos de los diferentes sectores de la sociedad sino, casi, al revés: un Estado que se construye una sociedad. La segunda es derivada de la primera: un Estado que se erige sobre una sociedad ficticia y termina siendo una ficción en sí mismo.
De este sueño de Estado se genera la pesadilla de una sociedad desconcertada. Se entendió entonces que la solución para esta situación de un padre que se devora a sus hijos, era la construcción de los procesos de balances de fuerzas en los actores que fueron adquiriendo el control del Estado. Pero este control en Venezuela fue secuestrado paulatinamente de las élites intelectuales y políticas de las generaciones del 28 y del 45 (momentos estelares en el acontecer político venezolano del siglo XX) para que el poder fuera ejercido por los sectores económicos con alta capacidad de negociación aunque muy poca voluntad de asociar la suerte de sus negocios e inversiones con la suerte del país. Basta revisar el tratamiento de la deuda externa privada en Venezuela, caso paradigmático de transferencia de recursos públicos a un sector privilegiado de la sociedad sin que ocurriera la más mínima protesta para medir el nivel de descaro con el cual se ejerció tal influencia. Pero también, revisando el modo como se redefinió el sistema de la seguridad social de los trabajadores venezolanos, se observa el nivel de enajenación de los llamados representantes sindicales.
Obviamente, los grandes sectores de la población no aparecían en las correas de transmisión del poder político en Venezuela. Pero, tampoco se pretendía que estos sectores aparecieran. Es desde allí, desde un Estado enajenado de su sociedad, inexistente, y desde una sociedad que no se siente responsable de las instituciones del Estado, desde donde se hace necesario plantearse la pregunta sobre aquello que constituye de forma fundamental a la sociedad venezolana. Esa es la pregunta central, de fondo que a juicio nuestro, se debió formular ante el hito constituyente inaugurado en Venezuela formalmente con la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1999¿Qué nos constituye como sociedad? ¿Qué nos define como pueblo, como Nación? Estas preguntas no sólo son pertinentes en este nuevo hito del momento constituyente que nos ocupa como ciudadanos (entendido como proceso de replanteamiento de nosotros como sociedad y de nuestra propia articulación), sino que su pertinencia histórica y las circunstancias en la cual ella ocurre, requieren ser revisadas.
Para ello, es necesario preguntarse de quien o de qué es que se busca liberar la sociedad venezolana en este proceso constituyente contemporáneo. La respuesta es simple: se busca la emancipación del poder absoluto ejercido por una élite que secuestró la única institución reconocida internacionalmente para conducir a la sociedad venezolana: el Estado venezolano. Pero decir Estado venezolano es referirse a toda la estructura y red de poder instaurada detrás, como soporte y por encima de las instituciones del Estado venezolano: el sector económico, principal propietario de las instituciones del Estado, PDVSA quien se constituyera en una empresa “rebelde” a los dictados de las instituciones del Estado para provecho propio y de las trasnacionales del petróleo, el aparato militar devenido en aparato policial represor de las diferencias sociales internas y, finalmente la jerarquía de la iglesia católica y las Universidades. Todos estos actores han sido beneficiarios y co-partícipes de las distitntas formas de asalto a los recursos del Estado, por razones comprensibles históricamente en el desarrollo del siglo XX venezolano, y más recientemente, también por la búsqueda desenfrenada de granjearse el favor de los grandes capitales internacionales, verdaderos protagonistas de la red de poder instaurado en Venezuela.
Sin embargo, hay un enemigo más fundamental, del cual poco se ha dicho y generalmente, se le asocia a frases efectistas o publicitarias. El enemigo más profundo, es la completa enajenación cultural, política e institucional que se evidencia en la forma como sectores que dicen promover la construcción de nuestra sociedad, interpretan tal construcción como la vulgar sustitución de unos por otros, en el asalto a los recursos públicos de Venezuela. Poder que se ejerce y oculta los verdaderos esfuerzos de algunos sectores comprometidos por constituirse en el punto de partida para construir la nueva sociedad venezolana.
Allí, en la posibilidad de plantearse la sociedad como proyecto, radica la más excelsa condición de la Carta Magna, de norma de normas capaz de ordenar el sentido de nosotros como sociedad y de nuestro quehacer como ciudadanos. No se trata de la reducción del poder absoluto del aparato del Estado, ni tampoco de la sustitución de una élite por otra. Se trata, de proponer una sociedad que no resulte de la negociación circunstancial de las cuotas de poder para algunos sectores en Venezuela. Deberá trascender a esos intereses. Esta tarea ni es de los proponentes de la reforma ni de sus opositores. Es una tarea de todos los venezolanos que se plantean a la sociedad venezolana como un espacio de construcción colectiva y no en la arena de la confrontación de intereses subalternos. En este contexto, es importante mostrar también que tales intereses requieren ser revelados y puestos en el espacio de la comprensión que la sociedad venezolana se debe sobre todos y cada uno de los eventos que nos han constituido hasta el presente. Eso no sólo es necesario, en términos de identificar culpables, por su acción si no, además, por las condiciones que permitieron la omisión en actores llamados, al menos en el plano formal, a velar por las condiciones mínimas para una sociedad que aprecia a todos y cada uno de sus ciudadanos. En este renglón, las Universidades venezolanas y todo el sector del conocimiento, cultural y educación tienen una tarea pendiente por asumir sus responsabilidades y actuar en consecuencia.
Es aquí donde queda más claro que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esa que se está gestando y cuyo parto no se puede predecir que terminará el 2 de Diciembre de 2007, será una Carta Magna, si es capaz de tener un destinatario preciso: la Sociedad Venezolana como proyecto y si es capaz de alcanzar su condición excelsa logrando superar los intereses bastardos que pululan en tantos sectores de la sociedad venezolana. Allí, en esa tarea titánica es que deberemos ser medidos los venezolanos que hemos asumido nuestro gentilicio como construcción y no como trampolín para hacernos con la riqueza de todos, para el disfrute de pocos. Cualquier otro resultado, será uno más de la larga lista de letras muertas sobre la cual se ha destruido la posibilidad de una nación, una Venezuela.
Nota:
En la siguiente dirección electrónica puedes aportar y consultar información sobre la reforma constitucional: http://reformaconstitucional.wordpress.com.
