Debo aclarar, aunque los hechos están muy frescos, hay quienes pretenden borrar la memoria histórica; diciendo que esa decisión fue un acto de soberanía jurisdiccional o de un tribunal independiente, en realidad fue la salida política mas elegante, que busco el mismo sistema capitalista dependiente venezolano, para deslastrarse de tan pesada carga como lo era el impopular y aborrecible gobierno de CAP II.
Independientemente que fue una salida política, esa histórica decisión, debe recordarse como hito histórico positivo en materia judicial porque la derecha reaccionaria y oligárquica criolla, no quería la salida de CAP ni siquiera por “un acto del estado de derecho”; y hubo presión al respecto, en especial hacia el Magistrado Gonzalo Rodríguez Corro, ponente de dicha sentencia.
El 20-M, como se le conoció en su momento, y así lo debe recordar la historia, fue una oportunidad para empezar una revolución dentro del poder judicial, la que quedo pasmada, retenida y secuestrada por una derecha endógena, infiltrada y trepadora, que en este sector actúa muy armoniosamente con la derecha exógena o derecha simplemente.
Cuando en un país se dan procesos revolucionarios, como el que empezó en Venezuela el 27 de febrero del 1989, estos abarcas todos los aspectos de la vida; no solo el económico, político y social que es donde mas se notan los cambios revolucionarios sino que también en el aspecto cultural, educativo, científico y entre ellos, también incluye lo jurídico.
Por lo general, lo primero que se hace, en una revolución, al menos, es cambiar las caras del régimen relevado. En el aspecto judicial ni siquiera este cambio se hizo, es decir, que en materia judicial la supuesta revolución bolivariana y socialista, no llega a ser ni siquiera gatopardiana. El gatopardismo, es muy radical para lo que se ha hecho hasta ahora en materia judicial, y como ejemplo un botón, la mayoría de los jueces y juezas que le han dado titularidad, por intermedio de “cursitos”, en las ultimas administraciones del TSJ de Omar Mora y Luisa Estela Morales, el 80% son jueces y juezas que ya venían siéndolo desde la IV Republica, estas titularidades deben ser revocadas por inconstitucionales e ilegales.
El 20-M, en su momento implicó, la posibilidad (Hoy frustrada) de que se generara en materia del derecho, un movimiento social e intelectual que levantase las banderas de un derecho de avanzada y social, antineoliberal y humanista, cónsono con los cambios que se estaban dando, en el ámbito socio-político, pero nada de eso ocurrió, por el contrario, la única reestructuración en serio que se estaba empezando a dar, durante el periodo constituyente de 1999 y principio del 2000, inmediatamente fue abortado por “Don Luis”, jefe máximo del MVR, en aquel momento; y hasta el sol de hoy no ha podido levantarse un movimiento socio-político-jurídico que termine de echar al traste la vieja escuela positivista, reaccionaria y pro-capitalista que predomina en el derecho venezolano, instigada desde las cátedras derechistas de la UCV y la UCAB, que son las corrientes que predominan en el actual TSJ y el resto de la magistratura.
Debemos rescatar, lo que fue el espíritu de aquel 20-M, que cifró una esperanza, en el surgimiento de un movimiento jurídico independiente, progresista, socialista y revolucionario, en armonía con los principios esenciales de nuestra constitución actual y por el contrario tenemos una Sala Constitucional retardataria y conservadora que decide a favor del menesteroso solo cuando el poder político la presiona, para estar en la buena con el, y sobretodo, para que el ejecutivo no se meta con ella y así ganar tiempo para deshacer a gusto en lo interno; una Sala Social que favorece al patrón y perjudica al trabajador, débil jurídico, un proceso judicial civil del siglo XIX y una Sala Penal que promueve la impunidad del delincuente de cuello blanco y una Sala Contenciosa Administrativa que debe desaparecer, para darle cabida a cualquier ciudadano para que demande al estado directamente por la materia afín; y una Sala Electoral, injustificada, cuando se creo el poder electoral; la máxima instancia de decisión electoral debería ser el poder electoral; o de lo contrario se le debería quitar el carácter de 5º poder, a lo electoral.
Impera una CONSTITUYENTE JUDICIAL, que de al traste con todo el sistema jurídico actual, heredero de la Colonia con amalgama del capitalismo salvaje gringo; y se construya un poder judicial en donde la soberanía radique, pero de verdad, verdad, en el pueblo, y que ese dicho no sea un mero papel.
Felicitamos al Diputado Adel El Zabayar, por haber introducido una denuncia, para su investigación, ante el Consejo Moral Republicano, al Magistrado Luis E. Franceschi; esperamos que esta denuncia, su procesamiento y sus resultas, por la Asamblea Nacional sean el principio para volver a re-encontrar el rumbo, perdido, de lo que significó aquel 20-M.
