El control de la explotación de los recursos naturales es una preocupación primordial de los Estados. Ahora bien, dichos recursos se encuentran en grandes cantidades en los países del sur (petróleo, metales, diamantes, madera...), lo que suscita la codicia de las grandes potencias como Estados Unidos, la Unión Europea y China, que tienen una necesidad imperiosa de esos recursos para abastecer sus economías. El resultado, muy a menudo, es dramático para las poblaciones de los países del sur, que no se benefician de sus riquezas: por ejemplo, el subsuelo de la República Democrática del Congo está considerado un «escándalo geológico» debido a la gran abundancia de riquezas y, sin embargo, más del 70% de los congoleños padece desnutrición. ¿El uranio de Níger beneficia al pueblo nigerino o a Areva?

La confiscación de las riquezas naturales se lleva a cabo en provecho de sociedades internacionales de Occidente con la complicidad de los dirigentes del sur y del norte y con el apoyo de los proveedores de fondos internacionales como el Banco Mundial y el FMI. Estamos inmersos en el sistema: desde los años 1960-1970, los préstamos de los grandes bancos privados y el Banco Mundial tenían por objeto rapiñar los recursos al menor coste. Mientras los acreedores ignoraban las cuestiones de desarrollo humano, el estallido del endeudamiento de los países del sur desembocaría, alrededor de los años ochenta, en una brutal subida de los tipos de interés combinada con la caída de los precios de las materias primas, a las que siguió la crisis de la deuda. La salida se reveló dramática: planes de ajuste estructural impuestos por el FMI, liberalización de la economía, privatizaciones masivas, fuerte reducción de los gastos sociales, deterioro de las condiciones de vida...

Sin embargo, la expresión «la maldición de las riquezas naturales» no es adecuada para calificar esta situación, ya que no tiene en cuenta la estrategia deliberada de acaparamiento de los recursos. El FMI y el Banco Mundial están entre los principales artífices. En efecto, las ínfimas disminuciones de deuda que conceden a cambio de la aplicación estricta de las medidas dictadas por sus expertos ultraliberales incluyen privatizaciones masivas en los sectores estratégicos de la economía, el abandono de cualquier forma de control de los movimientos de capitales, la apertura de los mercados, poniendo en competencia desleal a pequeños productores locales frente a empresas internacionales. Los grandes ganadores son los mismos desde hace decenios: se llaman Total, Bouygues, Bolloré, Areva y sus socios.

Frente a la injusticia social que reina en el mundo estamos asistiendo, desde principios de los años 2000, a la recuperación del control de los recursos naturales por ciertos dirigentes de América Latina: vuelta a la nacionalización del agua en Bolivia, Argentina y Uruguay, de una parte de los hidrocarburos en Venezuela, Bolivia y Ecuador... Cada vez que ocurren, estos hechos suscitan vivas protestas por parte de la Unión Europea y Estados Unidos, cuyos jefes de Estado no han dudado en convertirse en representantes comerciales de los grandes grupos que, por otra parte, les ayudaron a llegar al poder... Por lo tanto, la explotación de los recursos naturales del sur al final beneficia a los accionistas de las grandes empresas de los países más industrializados, no deja ninguna perspectiva de desarrollo al sur y ataca directamente al derecho de los pueblos a disponer de sus propios recursos, inscrito en textos jurídicos fundamentales como la Carta de las Naciones Unidas.

En América Latina, la recuperación del control de estos bienes públicos, que se habían privatizado por prescripción del FMI y el Banco Mundial, sólo se pudo conseguir gracias a importantes movilizaciones populares. Las luchas sociales y las victorias políticas que siguieron en Bolivia y Venezuela son emblemáticas de este vuelco de la situación a favor de los pueblos. Después de quince años del neoliberalismo impuesto en Bolivia por las instituciones financieras internacionales desde 1985, que originó el despido de 23.000 mineros del sector público, 5.000 empleados del sector privado y 18.000 funcionarios de la administración pública, el pueblo boliviano dio una lección magistral al mundo entero movilizándose de forma espectacular en defensa de los bienes públicos.

Primero, en el año 2000 en la región de Cochabamba, los movimientos sociales bolivianos reivindicaron el derecho al agua y la multinacional estadounidense Bechtel tuvo que liar el petate. En 2005 en El Alto, las autoridades del país, presionadas por el pueblo boliviano, que consiguió arrancar la gestión del agua al sector privado, expulsaron al gigante francés Suez. Entre medias, en 2003, el presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada tuvo que dimitir a raíz de la lucha de los bolivianos para la recuperación del control público sobre el gas, después de motines violentamente reprimidos que provocaron la muerte de varias decenas de personas. En ese contexto social, a finales de mayo de 2005, Evo Morales se convirtió en el primer presidente indio de Bolivia. Con un gran apoyo de la población, que se expresó en un referéndum el 18 de julio de 2004, el 1 de mayo de 2006 Morales publicó un decreto de nacionalización de los hidrocarburos gestionados por 26 multinacionales extranjeras. Dicho decreto, además de legítimo, es totalmente legal.

Venezuela también es un caso interesante en este sentido puesto que las decisiones tomadas por el presidente Hugo Chávez en relación con los recursos energéticos son un resultado directo de las movilizaciones populares. Así, el Estado venezolano recuperó el control de la gran compañía petrolera PDVSA, lo que provocó el intento del golpe de Estado de abril de 2002, ejecutado por la clase capitalista venezolana y orquestado por el gobierno de Estados Unidos. Pero gracias a la movilización popular, Chávez pudo regresar al poder dos días después de la intentona golpista.

Esas medidas de nacionalización, tan criticadas por los dirigentes occidentales y los grandes medios de comunicación, sólo son la aplicación del Derecho internacional. Desde la Resolución 1803 de las Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1962, relativa a la soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, numerosos textos jurídicos han ratificado el derecho de los poderes públicos de adoptar todas medidas destinadas a garantizar el bienestar de la población. El derecho de nacionalización constituye, incluso, una obligación jurídica internacional, en virtud de la «Declaración sobre el derecho al desarrollo» adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de diciembre de 1986, texto de referencia en las alegaciones del CADTM.

El derecho de los poderes públicos a controlar la explotación, la gestión y el comercio de los recursos naturales es la consecuencia de la soberanía de los Estados, que constituye un principio básico del Derecho internacional. Por lo tanto, poco importan las acciones judiciales lanzadas por las multinacionales ante el CIADI (Centro internacional de solución de los conflictos relativos a las inversiones, un tribunal del Banco Mundial), ya que las decisiones soberanas tomadas por los gobiernos boliviano y venezolano se basan totalmente en el Derecho.

Bolivia también dio ejemplo abandonando el CIADI el 2 de mayo de 2007 al considerar, con razón, que este organismo es a la vez juez y parte, puesto que es una ramificación del Banco Mundial. Por lo tanto Bolivia ya no forma parte de dicho organismo y la nueva Constitución, que se someterá a referéndum este mismo año, dispone en su artículo 135 que todas las empresas que operan en Bolivia estarán sometidas a la soberanía, las leyes y las autoridades de la República. Un hermoso ejemplo a seguir...

Evo Morales lo dijo el 26 de enero de 2006: «Estamos obligados a nacionalizar nuestros recursos naturales y a poner en funcionamiento un nuevo régimen económico (...) no se trata de nacionalizar por nacionalizar el gas natural, el petróleo o los recursos minerales y forestales; tenemos la obligación de industrializarlos». Y lo hizo, lo que demuestra que, a pesar de las fuertes resistencias, la incómoda tutela del FMI y el Banco Mundial se puede llegar a eliminar.

Por lo tanto, ¡hay que seguir por este hermoso camino! A los gobiernos del sur les interesa totalmente realizar auditorías que les ayuden a demostrar el carácter ilegal y odioso de las deudas que les reclaman y después rechazarlas. En ningún caso los ingresos obtenidos por la explotación de las materias primas deberán utilizarse para reembolsar la deuda. Además, los países en desarrollo deben ser solidarios e inventar formas de intercambio innovadoras para que la recuperación de los recursos naturales beneficie lo más ampliamente posible a las poblaciones de los países concernidos. La misión del futuro Banco del Sur, alternativa al Banco Mundial, debería, precisamente, permitir la financiación de los proyectos públicos de integración regional en los siete países de América Latina implicados en este proceso, dotándose de esta forma de los medios para extraer, transformar y comercializar las riquezas naturales preservando al mismo tiempo el medio ambiente de estos países.

Las autoridades públicas de los países del sur tienen el derecho inalienable de propiedad y explotación de sus recursos naturales en beneficio de sus poblaciones, imprescindible para construir, por fin, un modelo económico socialmente justo y ecológicamente sostenible. Pero hace falta la voluntad política de trabajar por la mejora de las condiciones de vida y para la elaboración de una lógica basada en la satisfacción de los derechos humanos fundamentales. El bien común no puede malvenderse a un puñado de millonarios mientras cientos de millones de individuos no tienen acceso a los bienes y servicios básicos. Los autores de las violaciones de los derechos humanos como el saldo de los recursos naturales en provecho de algunos, deben responder de sus actos ante la justicia.