A pesar de que comparto algunas de las preocupaciones planteadas por Margarita López Maya sobre el contenido y la dirección del proceso bolivariano, estoy en desacuerdo radical con la siguiente afirmación: "Las revoluciones no son democráticas sino que se imponen". Plantear esto, es plantear la imposibilidad de una estrategia hegemónica-democrática para las transformaciones radicales, para los cambios estructurales en el campo social. Ya Laclau-Mouffe nos habían permitido distinguir entre una práctica-concepción democrática de la hegemonía y una práctica-concepción autoritaria de la misma, distinción que parece ser obviada por López Maya.

Si esta distinción, simplemente es imposible una vía política de transición que asuma la revolución pacífica, democrática y constituyente, como articulación indispensable entre socialismo y democracia. Pero para comprender esto, hay que desprenderse de los prejuicios institucionales del horizonte liberal de la política. Además, hay que romper con la tesis de la continuidad entre el imaginario político jacobino y el socialista, dificultad con la que tropieza Chávez insistentemente, y la oposición (paradójicamente), por carecer de una adecuada estrategia hegemónica democrática, y por soslayar el proyecto de una democracia radicalizada.

Desprenderse del horizonte liberal de la política implica abrir la posibilidad de una democracia post-liberal, no anti-liberal como fue representada por el leninismo y el fascismo. Implica además comprender las relaciones entre procesos instituyentes, instituidos y dinámicas de institucionalización. No hay fetichismo institucional desde el momento en que se comprende que la democracia no es simple institución, sino proceso permanente de democratización, lo cual supone cuestionar los formatos liberales que han limitado el despliegue y profundización de estos procesos.

Más que tener expectativas sobre instituciones permanentemente estables, hay que comprender el cambio institucional correlativo a los procesos de cambio político más amplio. Se requieren arreglos institucionales, pero no necesariamente deben ser estabilizados para la forma liberal restringida de la democracia, creando una falsa oposición entre democracia y revolución. Esta oposición es la trampa del pensamiento liberal, que solo concibe la democracia bajo el horizonte de las reformas y la revolución bajo la lupa de la imposición, del autoritarismo o de la dictadura de la mayoría. Este es un viejo tópico no solo del liberalismo, sino del pensamiento conservador.

No comparto la tesis de que las leyes habilitantes sean una simple continuidad y equivalencia con la propuesta de reforma constitucional derrotada en el referendo de diciembre pasado. Las leyes habilitantes no fueron consultadas debidamente, fueron aprobadas precipitadamente, contienen errores de forma y fondo, pero no son simples enunciados equivalentes a la reforma constitucional, púes hay diferencias de forma y de fondo. De forma, los actos de legislación son desarrollos de un programa político enmarcado en un horizonte constitucional, mientras los actos de reforma son modificaciones parciales de este mismo horizonte. Esta distinción liberal-formal es desconocida, dada la fuerte penetración de los sintagmas de sentido común de la maquinaria mediática en la comprensión de los actuales eventos políticos. Los guiones de “fraude a la democracia” y de “fraude a la constitución” se convierten en un terreno nocional que hay que superar para ir más allá de la doxología mediática.

Visiones académicas que administran y refuerzan circularmente los mismos estereotipos de la maquinaria mediática, no pasan la prueba mínima de vigilancia epistemológica de “superar las prenociones”. De fondo. Reforma Constitucional y Leyes Habilitantes. Se trata de dos niveles y planos que obedecen a análisis específicos, y que no pueden dejarse a las esferas autónomas del conocimiento; es decir, a los supuestos expertos en derecho, como si allí no existieran controversias de justificación ni compromisos ideológico-políticos.

Me parece una ingenuidad apelar a los “expertos en derecho” para dirimir estas controversias, si no reconocemos de entrada que el derecho hegemónico es el derecho liberal y el derecho de cuño positivista. No es la teoría crítica del derecho, el discurso hegemónico del derecho. No se trata simplemente que “los juristas y constitucionalistas deberían analizar la legalidad de esas leyes”. La legalidad es un asunto de esfera pública, de competencia técnica en aspectos parciales, pero de competencia social y política, en aspectos medulares. Una norma jurídica no puede desligarse del análisis conjunto de los criterios de legitimidad, validez, eficacia; y cada uno de estos aspectos no es simple materia de expertos.

Por ejemplo, se dice que cualquier enunciado de la reforma fue sancionado negativamente el 2-D. ¿Implica esto que es imposible e ilegítimo impulsar una legislación que redunde en la reducción de la jornada de trabajo? Me parece que llegar a estas interpretaciones es confundir múltiples planos, que es precisamente la labor de la doxología mediática. Una reforma es inconstitucional cuando sus propuestas chocan con los límites materiales y formales de una Constitución. Una legislación es inconstitucional, cuando sus enunciados presentan vicios de inconstitucionalidad o generan colisiones con instrumentos jurídicos de mayor jerarquía o de igual jerarquía normativa. Esto en el plano de la validez.

En el plano de la legitimidad, plantear que algunos enunciados de la reforma son idénticos a los de la reforma pasa por una demostración práctica. Plantear que son políticamente ilegítimos pasa también por una controversia practica, y por un desenlace electoral. Si utilizamos el argumento de tipo electoral que plantea que “todo” lo que fue rechazado el 2-D no puede volver a debatirse electoralmente, estaríamos congelando el proceso político. Lo que dicta la Constitución es que una misma reforma no puede presentarse dos veces en un mismo período. No hay legalidad alguna que diga que algunos de los enunciados de la reforma, mejorados o no, no pueden ser sometidos a aprobación o rechazo electoral, o aprobados o no por mecanismos de legislación ordinarios o excepcionales, como las habilitantes. Los argumentos de legitimidad son controvertibles y están sometidos a la lógica hegemónica de la política. Llevándolo al plano de las exageraciones (que a veces permiten explicar mejor estos asuntos), un candidato rechazado no podría volver a intentar ganarse el apoyo del electorado porque ya fue rechazado. Sabemos que esto es una estupidez en el juego democrático, porque hay cambio de opiniones, producto de efectos de persuasión, influencia o convencimiento. ¿Acaso no había aspectos de la reforma que eran valorados positivamente, que incluso se proponía que fuesen incorporados como leyes ordinarias?

Hay que distinguir planos. Para esto hay que leer y analizar. Por ejemplo, yo no tendría problemas en analizar conjuntamente la Constitución nacional, la Ley de expropiaciones y la nueva ley para la defensa de las personas en el acceso de bienes y servicios. Allí podemos constatar las contradicciones entre el art.115 constitucional, el art. 13 de la Ley de expropiaciones y el art. 5 de la nueva Ley. Pero esto no im0plica que uno defienda las libertades económicas, pues queda claro que la propiedad privada esta sometida a las “contribuciones, restricciones y obligaciones” que dicte la Ley, en aras del interés general o la utilidad pública. Esta es la clausula constitucional del Estado democrático y Social del derecho y de Justicia. No hay propiedad privada ilimitada. Es este el ejercicio práctico el que debemos realizar para no caer en falacias sobre “fraude constitucional” y “fraude a la democracia”.

La falta de consulta de esas 26 leyes es una de las grandes debilidades, y como dice López Maya “quiebra el principio de democracia protagónica en la que se ha basado el proceso revolucionario en los últimos años”. Pero, los mecanismos de consulta en las leyes habilitantes, no son necesariamente equivalentes a las leyes ordinarias. Esto es un debate, no solo aquí, sino a nivel de todos los procesos habilitantes. La crítica fundamental es que el Ejecutivo legisla excepcionalmente, con baja deliberación y consulta, concentrando excesivo poder. Esto se reconoce aquí y en cualquier lado. Pero esto es parte de otro problema, de la escasa capacidad de articular al pueblo, organizado o no, a la formulación de las leyes.

López Maya dice que “todo es muy parecido a la situación de 2001”. Yo diría que es peor políticamente para el Gobierno y para la revolución, porque pasa por un momento de “reflujo político” y no hay movilización popular masiva alguna que parezca apoyarlo. Además, hay que leer el contenido de las Leyes para captar las diferencias con el 2001. Desde mi punto de vista, las leyes los que hacen es mostrar signos de debilidad de la acción del Estado, tratando de delegar responsabilidades en áreas de decisión en los Consejos Comunales, prefigurando el Estatismo de una vieja y enmohecida izquierda cesarista.

Pero a diferencia de Margarita López Maya, considero que todos los contenidos de los artículos de la reforma constitucional, que no afectan en sus principios fundamentales a la Constitución y que reportan beneficios para la mayoría del pueblo deben ser parte de estas y otras leyes. Deben ser parte de una agenda política de coyuntura del movimiento popular.

¿Qué fue lo que se rechazo o no el 2-D? Margarita López Maya dice que “algunos de esos contenidos fueron rechazados en el referendo de diciembre y por ese lado los juristas y constitucionalistas deberían analizar la legalidad de esas leyes. Eso es materia de interpretación legal por parte del TSJ. El problema es que al igual que en 2001 hay cambios muy profundos que no fueron consultados”. Creo que el acento de López Maya es la escasa deliberación pública de los contenidos que son aprobados. Estoy de acuerdo, hace falta mucha deliberación, consulta, información, pero esto es muy distinto que afirmar que todo acto de Gobierno se convierte luego del 2-D en un “fraude a la democracia”, en un “fraude a la constitución”.

Todo aquello que contravenga el principio de la democracia participativa y protagónica, que es lo que le da legitimidad al proyecto bolivariano, debe ser cuestionado. Aquí hay una gran zona de acuerdos con López Maya. Pero insisto, donde hay una gran zona de desacuerdos es en lo siguiente: “hay cambios que se hacen a través de los procedimientos democráticos, y otras veces se contraviene esa lógica y se utiliza una lógica revolucionaria”. Este tipo de afirmaciones corresponde a un horizonte que desconoce el significado de una revolución democrática. Es necesario releer a Laclau-Mouffe en este aspecto.

¿Pasar por encima de las leyes? No necesariamente, hay cambios de legislación, hay reformas y hay poder constituyente. La enseñanza básica del poder constituyente es que no todo se hace bajo el principio del fetichismo legal e institucional. Profundizar y radicalizar la democracia es liberarla del encuadramiento liberal. Allí esta la historia de las transformaciones de la relación contingente entre liberalismo y democracia para demostrarnos la dinámica de esta tensión constitutiva. Nada de fetichismos.

¿Se pasa por encima de las leyes porque las revoluciones no son democráticas? Falso, las revoluciones son actos constituyentes y desbordan los cuadros jurídico-institucionales existentes (el poder constituido e instituido), por esos son radicalmente democráticas. Las revoluciones que se imponen; se imponen… ¿A quienes? ¿Sobre quienes? Hay que precisar el juego de mayorías y minorías, pues las minorías no deben ser aplastadas, pero tampoco pueden apelar a un poder de veto sobre las mayorías.

A diferencia de López Maya, la lógica democrática es una lógica revolucionaria, pero no cualquier lógica revolucionaria es democrática. Lo que está en tensión permanente en las revoluciones de las mayorías es la lógica liberal. Lo que entra en tensión en las revoluciones jacobinas desde arriba es la lógica demo-liberal y la radicalización de la democracia, que se ve prácticamente bloqueada.

Hay que hacer nuevas distinciones. La revolución democrática venezolana vive las deformaciones del éxtasis cesarista, de la captura jacobina y burocrática del impulso inicial revolucionario. Experimenta un reflujo burocrático, autoritario y cesarista. Pero no se trata de decir, que toda revolución es autoritaria. Es en nombre de la revolución que se despliega una política bonapartista, centralista y concentradora del poder.

Por esta razón, el Presidente siente que no tienen necesidad de respetar las leyes y la Constitución. Fueron las ilusiones ilimitadas sobre la reforma los que lo llevan a sobrepasar la Constitución de 1999., impulsando un “Socialismo por decreto”. Estoy de acuerdo en que se está tratando de construir un socialismo que por no ser consultado, por no se participativo, por no ser debatido ampliamente, no es democrático y se están cometiendo los mismos errores del socialismo del siglo XX. Pero esto no es equivalente a decir que la democracia es antagónica a la lógica revolucionaria.

Estoy de acuerdo en que hay que cuestionar el Estatismo Autoritario, la subordinación de todos los poderes públicos al Presidente, además de la liquidación del proyecto del federalismo cooperativo descentralizado, con un Consejo Federal de Gobierno muerto y en mora, que da paso a un Estado centralizado, que también vimos que fracasó en el siglo XX. En este aspecto, he escuchado declarar a Müller Rojas de que Venezuela no es un Estado Federal. Un olvido imperdonable del propósito constituyente de 1999, y que puede tener altos costos políticos. Profundizar la descentralización desconcentrada es ir más allá de alcaldías y gobernaciones, es ir hacia los nuevos sujetos de descentralización. Ciertamente, el Gobierno no tiene suficientes ideas creativas. Yo diría, a diferencia de López Maya que es la lógica militar de los paradigmas del “ejército fordista” lo que impide pensar en la descentralización desconcentrada, formula que debió explorarse conjuntamente con una Ley del Consejo Federal de Gobierno, pues la geometría del poder, desde los planteamientos de Doreen Massey, lo que plantean es la democratización de los espacios y lugares, teoría territorial complementaria a los planteamientos de la radicalización de la democracia. Pero el alto gobierno, me parece que está preocupado exclusivamente de los juegos y conflictos geopolíticos globales, mucho más que en radicalizar la democracia en los espacios locales.

Por esto, todo huele a aquel capitalismo de Estado en los 70 que ya estaba fracasado. Compoarto que como somos un país petrolero, rentista, las élites montan fantasías, que cada élite que desplaza a la otra, cree que son magos que transformarán a la sociedad de un día para otro y así seguimos dando “palos de ciego”. Este es un mensaje para Gobierno y la Oposición.

Finalmente, sabemos de los despropósitos de una enmienda unilateral para la reelección continuada para el cargo del Presidente sin considerar otros cargos ejecutivos de las entidades federales. Esto depende de una variedad de circunstancias, entre ellas los resultados de las elecciones regionales. Por eso, creo errada la estrategia de batalla.

En noviembre no se juega la permanencia en el poder, sino la democratización del poder, es la comprensión de que sin democratización la revolución llega a un punto crítico. Ya hay una lógica perversa que impide inmediatamente modificar el esquema de polarización-cohesión. Esto funciona cada vez menos, se agotó como política.

Sin una dirección colectiva, con la presencia del auténtico poder constituyente, podremos decir, ¡la revolución ha muerto!. Pero no hay que ser pesimistas, está creciendo una masa crítica que cada vez menos se deja imponer una hegemonía autoritaria, ni del gobierno ni de la oposición. Lo que ha crecido en Venezuela son las ganas de profundizar la democracia, de radicalizarla, viendo al mismo tiempo como fracasa simultáneamente la restauración punto-fijista y los intentos de controlar desde arriba las pasiones libertarias de un pueblo, que desea que otra revolución sea posible: una revolución desde abajo, una revolución democrática y porque no decirlo, un Socialismo desde abajo, con el pueblo y desde el pueblo.