Se ha venido acumulando una enorme deuda en materia de legislación cultural. Luego de aprobada y de entrar en vigencia la Constitución del año 1999, por lo menos, el Régimen Legal de los Recursos Culturales, que incluye una extensa normativa cultural, no se ha puesto en sintonía con el espíritu, propósito y razón de ser de la Carta Magna. Haciendo alarde de un supuesto lenguaje revolucionario, y como quien descubre el café con leche, se ha afirmado que todas la leyes culturales nacionales pertenecen a la IV República. Por supuesto, un lugar común de semejante tamaño no aporta nada a la discusión científica porque quien lo dijo no hizo absolutamente nada para que el país tuviese una legislación cultural revolucionaria.
La primera necesidad legislativa que aparece en todos los escenarios, tanto nacional y regional como local y municipal, tiene relación con la actualización y creación de una normativa que esté en sintonía con la Constitución Bolivariana. La prima labor tuvo que ser poner a tono las Constituciones de cada entidad federal, de cada estado con la Carta Magna del 99. En otras palabras, una intensa labor legislativa en materia de constitucionalismo cultural tuvo que haberse emprendido con diligencia y en sintonía con la Ley Fundacional del año 1999. Pensamos que el asunto no trascendió el corte y pega. Un solo estado emprendió con furia y decisión revolucionaria el legislar sobre una ley cultural marco. Se trata del estado Barinas. Hace algunos años el porcentaje destinado a cultura sería reducido con el grandilocuente argumento de que se requería para asuntos sociales. No sabemos que asunto puede ser más social que la cultura.
Luego se tenía que emprender el trabajo de legislar para: primero, actualizar las leyes que constituyen los Regímenes Legales Culturales del país. Estamos haciendo referencia al Régimen de Derecho de Autor y Depósito Legal, al Régimen Legal de los Recursos Culturales, en el cual se encontraba la Ley del CONAC del año 1975, lo que nos dice que andaba por las 33 ruedas. Sólo se alcanzó, a través de la Ley Habilitante, crear la Ley de Supresión y Liquidación del Consejo Nacional de la Cultura.
Las propuestas desde la época de Caldera II se orientaban en dos sentidos: quienes impulsaban la reforma de, la Ley del CONAC, y quienes, resueltamente, proponíamos la creación de la Ley Orgánica de Cultura. Y finalmente, el Régimen de los Medios de Comunicación Social. A éste último se le aprobaría la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que, sin negar sus aportes, parece una norma hecha a la medida y complacencia de la oligarquía mediática. Estamos jodidos.
La labor legislativa se ha limitado a sancionar un conjunto de leyes culturales aprobatorias, por supuestos necesarias por impulsar las relaciones internacionales, la Ley de Cinematografía y una propuesta, en primera discusión, sobre la Ley Orgánica de Cultura. También dentro del régimen de los medios se aprobaría la llamada Ley Resorte.La historia de la legislación cultural contemporánea anda por los rincones.
El devenir en esta materia se inicia con un anteproyecto que la entonces flamante diputada Milagros Santana capitanearía, a cuya propuesta le salió al paso a otra elaborada por el entonces también flamante Vice-Ministro de Cultura, Manuel Espinoza. Una vez nombrado el saliente Ministro de la Cultura, Francisco Sesto, se creo una comisión que intentaría juntar ambas mociones. Fallido el intento. Al igual que un mago raudo, la diputada citada, saco debajo de la manga una moción mutilada y chimba que sería aprobada, bajo la amenaza de saltar la talanquera, por unanimidad por la Asamblea Nacional, alrededor del año 2005. El movimiento cultural salió al paso y la receptividad de los entonces parlamentarios paró ese proyecto y el cual ha venido siendo sometido a consulta. Es vital retomar esa consulta. La discusión vuelve a la calle.
Sería mezquino afirmar que el diputado Cristóbal Jiménez no ha realizado las consultas necesarias. El propósito ha estado preñado de obstáculos, idas y venidas. El asunto, también, es que nuestro “movimiento” cultural es disperso y discontinuo. No obstante, nos convoca la labor legislativa porque necesariamente a ese proyecto hay que hacerla cambios contundentes y severos.
Nos resulta vital decirlo: todo norma tiene un punto de partida: el acuerdo político, la decisión política. Ese es el punto de partida para emprender la elaboración y discusión, sanción y aprobación de una normativa, sea cual sea. Y ello no ha sucedió en el campo cultural. La voluntad política anda extraviada, ausente, es pírrica. Por ello ha sido imposible aprobar la Ley Orgánica de Cultura. Sin voluntad política no hay legislador que sirva. Así de sencillo. Una norma sin dolientes es letra muerta.
Acaba de salir un informe-borrador elaborado por la Subcomisión de cultura de la Asamblea. Una propuesta para su discusión y en ella participaremos con furia, sin tapujos ni menoscabo, sin ninguna lisonjería y con resuelto objetivo de hacer aportes. Tenemos la firme confianza de que en esta oportunidad la receptividad sea el norte. Es menester para el país y para el proceso. Se ha montado una estructura pública cultural ejecutiva carente de base jurídica. Acompañaremos nuestras sugerencias con un motón de firmas. Cada argumento será razonado, lúcido, lucido y argumental con un claro objetivo socialista y revolucionario. Ni más ni menos.
efrainvalen@cantv.net
