Históricamente, desvalarorizar el dinero, confiscar y expropiar bienes han
sido frecuentes artilugios gubernamentales con fines ora públicos, ora
personales. Aunque legalmente esos privilegios estatales hayan sido
abolidos, regulados y hasta condenados popularmente todavía no escapan a su
práctica.
Es admirable la ingeniosidad burocrática que suele ponerse al servicio de
gobernantes inescrupulosos, ingenuos o ignaros para burlar o quebrantar
todos o algunos de los atributos que caracterizan la propiedad privada en
los regímenes clasistas, sin que ni remotamente esto tenga nada qué ver con
revoluciones socialistas. Inclusive la "expropiación" o compra forzosa de
algunos bienes particulares termina beneficiando a otros tantos particulares
con lo que el carácter público que le sirve de justificativo queda a un
lado.
En nuestras sociedades burguesas los gobernantes han complacido la voluntad
de algunos comerciantes y se han llevado por delante la propiedad otros. Las
obras viarias son un buen ejemplo.
Con la devaluación monetaria se comete una de las más hipócritas
confiscaciones en contra de todo el paquete jurídico que las condena. Veamos
por qué:
Por ejemplo, una devaluación de 50% ipso facto reduce a la mitad de su valor
todos los salarios y ahorros, el de los bienes consumibles y fungibles,
de muebles e inmuebles, y aparentemente ningún ciudadano escapa de esa
súbita reducción patrimonial.
Pero bien observado el fenómeno fiscal, nos encontramos con "comerciantes"
que obviamente por ajustarán el valor de sus inventarios para conservar
su mismo capital en términos de la divisa que originalmente avale la moneda
corriente.
Sabemos que los industriales exportadores aprovechan y presionan al Estado
para que los complazca con esas devaluaciones que supuestamente mejorarían
sus ventas y con ello el ingreso de divisas al país, pero se trata de
argumentos deleznables. Los salarios deberán ajustarse y otros costes
complementarios de la producción terminarán elevando los precios de las
mercancías de exportación.
En paralelo, como el gobernante posee los respaldos de la moneda fiduciaria
que él mismo ha emitido y devaluado, consecuencialmente, de perogrullo
reabastece sus disponibilidades fiscales con cargo a los mencionados
salarios y ahorros de los ciudadanos "no comerciantes". A esta drástica y
automática reducción patrimonial y devaluacionista podríamos perfectamente
asimilarla a una hipócrita confiscación.
marmac@cantv.net
