Considero necesario partir de un concepto central: cualquiera sea la forma jurídica que l@s trabajador@s adopten, si vuelcan toda su capacidad, toda su iniciativa, toda su creatividad, exclusivamente al interior de cada empresa, a la resolución de sus problemas cotidianos -algo totalmente comprensible por otra parte- será inevitable que recaigan en las anteriores relaciones sociales y en vincularse al mercado como una empresa capitalista más.

En este marco de análisis estas reflexiones buscan lograr acuerdos tendientes a fortalecer un polo de empresas bajo gestión obrera directa que opere como centralizador y amplificador de las demandas, necesidades y experiencias comunes.

Esta solución expropiatoria, que la legislación vigente solo admite como temporaria, si bien elimina la angustia y constituye un aliciente para l@s trabajador@s en lo inmediato, les genera un fuerte grado de incertidumbre en cuanto a su futuro.

El período de expropiación temporaria pasa demasiado rápido y probablemente venza cuando l@s trabajador@s recién han podido, con enorme esfuerzo, regularizar la situación empresaria, reconquistar parte de los mercados perdidos por abandono de las respectivas patronales y lograr cierto ritmo de producción continuado. (4)

No se trata entonces solo de modificar la ley de quiebras para permitir que l@s trabajador@s resulten acreedores privilegiados de ella. Esto implica la perdida de sus acreencias salariales devengadas por tareas efectivamente realizadas y lleva implícita la posibilidad de comprar estas empresas. Algo que salvo casos excepcionales -como el periódico Comercio y Justicia de Córdoba- es de difícil concreción dada la magnitud de los montos en juego.

Por el contrario se trata entonces de dar un nuevo marco jurídico que brinde un estatuto específico para estas empresas, a las que bien puede calificarse de propiedad social, garantizando la continuidad de las mismas cuando los trabajadores resuelvan democráticamente hacerse cargo de ellas.

Por lo tanto es necesario discutir acerca de un régimen interno para estas empresas de propiedad social que garantice la más amplia democracia estableciendo a la "Asamblea de Trabajadores" como el órgano decisorio por excelencia y asigne al "Consejo de Administración" un carácter ejecutivo. Los cargos del Consejo debieran ser rotativos, elegidos y revocables por la asamblea. Es esta quien debe fijar los salarios, los horarios, los ritmos y las productividades del trabajo.

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La mayoría de las empresas ocupadas y recuperadas tienen uno de sus puntos débiles en la estrategia de comercialización y venta, más aún en esta coyuntura de crisis y caída de la demanda. Al mismo tiempo, gracias al saber obrero acumulado durante décadas de explotación, están en condiciones -con el necesario apoyo técnico/profesional- de ampliar su línea de producción desarrollando nuevos productos orientados hacia la satisfacción de necesidades sociales y comunitarias sentidas por la ciudadanía, sin que esto implique abandonar su producción tradicional.

Buscando resolver esta cuestión pensamos es posible establecer líneas de acción por las que el Estado -sea a nivel nacional, provincial o comunal-, reoriente parte de su demanda hacia estas empresas, fomentando así su actividad, sin que ello signifique necesariamente ningún tipo de subsidio.

Se trata de establecer entre los distintos niveles estatales y cada una de estas empresas "contratos-programa", con un período de duración de 3 a 5 años, que impliquen la derivación de parte de la demanda estatal hacia las empresas recuperadas y, como contrapartida, que estas se comprometan a satisfacer esa demanda en tiempo y forma y a un costo previamente acordado. (4)

Esto permitirá a las empresas bajo gestión obrera directa trabajar con un nivel de demanda garantizado -que como mínimo debiera solventar sus costos fijos totales- y al Estado obtener bienes de carácter social y comunitario a precios inferiores a los de mercado que paga habitualmente -incluso pueden obrar como "precios testigo- ya que la estructura de costos tiene un diferencial absolutamente favorable. Puede preverse que técnicos estatales controlen y/o colaboren en la determinación y control de los costos de producción. Estas empresas de propiedad social, a diferencia de las que se encuentran bajo régimen de propiedad privada, no tienen nada que ocultar en ese sentido.

Es posible entonces, bajo los criterios de "utilidad pública" y "fomento de la actividad", establecer normativas que permitan adjudicar compras a estas empresas sin estar sometidas a los trámites licitatorios o de compra directa. Evitando así la competencia de grandes corporaciones que bien pueden trabajar a perdida durante un largo período tirando abajo los precios sacándolas del mercado.

En casos de compras específicas puede establecerse en los pliegos licitatorios una cláusula que admita la posibilidad de igualación o mejora de precios a estas empresas.

La reciente decisión del Gobierno Nacional de crear un fondo crediticio de $6.000.000, a bajas tasas de interés, no solo es insuficiente por su monto sino que las tasas aun cuando resulten ventajosas respecto al mercado financiero, constituyen un costo que estas empresas no pueden afrontar en lo inmediato sin dificultades.

Es factible resolver esta cuestión con la creación de un "fondo solidario rotatorio de capital operativo" que permita a las empresas escapar a la voracidad bancaria y financiera. Dicho fondo deberá constituirse con un aporte inicial del Gobierno Nacional a través del Banco de la Nación -o bien de gobiernos provinciales y sus bancos correspondientes- y con aportes de las propias empresas cuando estas estén en condiciones de hacerlo. Este fondo debiera ser administrado por un comité integrado por representantes de las Empresas, del Banco y del Gobierno. El monto y los tiempos de recuperación de los prestamos se adecuaran a las modalidades operativas de cada empresa y serán afectados con una tasa de interés variable según el índice de precios del INDEC. Este interés tendrá como único objetivo que el capital original no se desvalorice. Asimismo en la medida que los excedentes de las empresas superen un determinado porcentaje debieran aportar una cuota adicional al fondo rotatorio para incremento del mismo.

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Uno de los principales problemas a vencer es el aislamiento, que l@s trabajador@s se recluyan sobre sí mismas agobiadas en la búsqueda de soluciones a los múltiples problemas que enfrentan.

Creemos posible avanzar en el estudio de un programa de complementación entre estas empresas relacionando los productos de unas con los insumos de otras; creando equipos conjuntos de mantenimiento de las máquinas; compras conjuntas de insumos para aprovechar economías de escala cuando esto sea combinable; intercambiar criterios de comercialización, etc. Y a su vez vincularlas con los organismos tecnológicos del Estado y de las Universidades, con los emprendimientos productivos de los movimientos de trabajadores desocupados y de las asambleas.

Probablemente será necesario en su desarrollo pensar en la creación de un organismo, una superestructura, que las aglutine. Se trata de establecer una red solidaria que permita autopotenciar al sector y operar con la mayor autonomía posible del Estado y del mercado.

Aunque el resultado de todas estas propuestas será siempre relativo en un contexto de relaciones capitalistas -mas aún con una estrategia estatal que busca encerrar estas experiencias en el mundillo de las pymes- los esfuerzos por coordinar recursos y necesidades, por el establecimiento de contratos de provisión de productos y servicios de utilidad pública, el sostenimiento y desarrollo de nuevas relaciones sociales de producción al interior de estas empresas, tendrán un valor más que simbólico, en tanto no se modifique la actual relación de fuerzas sociales, en el sentido de mostrar efectivamente que la gestión obrera directa es una salida a la crisis, cualitativamente diferente a la que proponen el capital y el mercado.

Una salida donde los trabajadores, los únicos productores de la riqueza social, aquellos de los que Rosa Luxemburg decía que "..sólo tienen sus brazos, su cabeza y su corazón" son los auténticos protagonistas.

Buenos Aires, diciembre 2003

Eduardo Lucita es Director de la revista marxista Cuadernos del Sur. Miembro del colectivo Economistas de Izquierda-EDI.

1) ver mi artículo Brukman: algo más que justicia, en Página 12 del 8.11.03

2) Varias de estas empresas han optado por la forma más tradicional y nociva de las cooperativas, con Concejos de Administración que semejan cuerpos gerenciales, asambleas anuales, vinculaciones con el mercado como cualquier empresa capitalista, etc. La denodada lucha de Brukman y Zanón denunció públicamente estas cuestiones y preanunciaba criterios de producción social diferentes. Bajo el permanente hostigamiento del Estado han aceptado finalmente la forma cooperativa, pero no han renunciado a su proyecto original, ni a la gestión obrera directa ni a la democracia asamblearia. En sus dos años de ocupación y resistencia han demostrado, en condiciones por demás difíciles, que no hay contradicción entre la eficiencia en la producción y el desarrollo de nuevas relaciones sociales.