Vuelvo sobre el inminente referendo en Venezuela pero antes debo una explicación a los lectores. En mi artículo anterior(La Jornada, 5/2/08) apareció 1992, erróneamente, como el año del caracazo. En la revisión final no advertí el gazapo, originado en la síntesis de dos párrafos realizada para ajustarme al espacio asignado. Apuntaban la relación causa-efecto entre aquel trascendental alzamiento popular del 27 de febrero de 1989 y la rebelión militar encabezada el 4 de febrero de 1992, tres años más tarde, por el entonces teniente coronel Hugo Chávez. Era indispensable enmendar mi yerro dada la importancia de esas fechas en la historia venezolana y latinoamericana.
El caracazo fue el primer gran estallido en América Latina y en el planeta contra la aplicación de un paquete neoliberal. Decretado por el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez y castigada sangrientamente la protesta, como era norma entonces en Venezuela. La rebelión de los militares patriotas respondió apuntando sus armas contra el régimen que había asaltado la república en provecho de unos pocos y reprimido al pueblo por más de tres décadas, “democracia ejemplar del hemisferio” según Washington. La derrota de los rebeldes, devino, empero, una rotunda victoria política, puesto que se tradujo en sólidos y crecientes prestigio y popularidad de su líder ante el pueblo. Mientras, el reinado de los partidos “democráticos” se desplomaba rumbo a la insignificancia electoral. Para confirmarlo, siete años después, el 2 de febrero de 1999 Chávez asumía la presidencia después de ser electo dos meses antes con más del 56 por ciento de los votos, cargo en el que sería confirmado en 2000, otra vez en el referendo revocatorio de 2004 por casi el 60 por ciento del electorado y de nuevo en 2006 por cerca de 63 por ciento.
No perdió tiempo una vez llegado a la presidencia. Mediante un gran proceso democrático de masas impulsó la aprobación abrumadora de la primera Constitución en América continental contraria al dogma neoliberal(15/12/1999). Acto seguido, con apoyo del parlamento surgido de la república refundada, dictó 49 leyes que ensanchaban la soberanía nacional y popular y abrían el camino al control por el Estado de los hidrocarburos –principal recurso natural venezolano- en beneficio de la sociedad así como a la reforma agraria y pesquera y a un orden promotor de la justicia social y el bienestar de las mayorías. La nueva Carta Magna establecía el derecho de los electores a revocar el mandato de los funcionarios electos, algo insólito en las democracias representativas.
En virtud de su compromiso con los humildes y su inspiración bolivariana, Chávez ha gobernado bajo la arremetida constante del imperialismo y la oligarquía, que hace más meritorias las conquistas logradas en su mandato. Los avances en educación, cultura, salud, infraestructura, industrialización, reducción de la pobreza, elevación del salario, seguridad social, derechos políticos de los trabajadores, campesinos, jóvenes, mujeres y ciudadanía en general, incluyendo a los opositores, superan lo conseguido por todos los gobiernos anteriores y se colocan a la vanguardia en América Latina. También en la transferencia de poder al pueblo, que cobra vida en los consejos populares, mesas técnicas, cooperativas, empresas socialistas, microempresas y en la autoestima, conciencia política y visión del mundo alcanzada por la población.
Venezuela es hoy uno de los países líderes de la lucha por la liberación, la democracia y el socialismo en nuestra región y en el mundo. La digna ruptura de relaciones diplomáticas con la pandilla sionista en respuesta al genocidio en Gaza es consecuente con su política exterior internacionalista, animada por la solidaridad activa, no sólo con los pueblos de América Latina sino con todos los que luchan y sufren en cualquier parte. Es ridícula la acusación de antisemitismo a Caracas, inserta en la colosal campaña mediática y los planes golpistas de quienes se horrorizan con la victoria del Sí en el referendo del domingo próximo. Esta victoria entregaría a la ciudadanía el derecho a la reelección continua de los funcionarios que hayan hecho bien su trabajo. Unido al derecho a la revocación, significaría un gran salto civilizatorio. Lograría, además, una conquista histórica: que únicamente el pueblo decida hasta cuándo Chávez empuñará el timón de la nave.
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