Lo que nos
lleva a considerar la necesidad de replantear el comportamiento ideológico
y procedimental en el marco de la administración de justicia; debe
prevalecer un ataque continuo y certero a la impunidad; debe aplicarse
el peso de la ley a quienes han apostado al fracaso del modelo democrático-político
venezolano. No se puede seguir aceptando como sinónimo de “oposición”
el ataque al proyecto de país aceptado y avalado por la mayoría. Hacer
oposición en democracia es exigir reivindicaciones, proteger los programas
sociales, evitar los despidos masivos, exigir al Estado la protección
económica y ciudadana; resguardar la imagen institucional del Estado
para que desde el exterior se invierta y se fortalezca el mercado interno
nacional; hacer oposición no es ridiculizar, imaginar escenarios desastrosos
para el país, confabular, resguardar intereses ajenos al colectivo
nacional. En fin, si hay dudas en la Justicia de Venezuela no es por
el discurso manipulador de un líder como se acusa, sino por la terquedad
de invitar al diálogo y hacer esfuerzos de tolerancia, con quienes
tienen otras intencionalidades políticas e ideológicas hacia el Estado
y sus protagonistas.
La mesa no
está servida para intercambiar ideas, está servida para colocar las
cosas en su justo lugar: se asume el proyecto de país o no se asume;
si los que no lo asumen son minoría, entonces hay que poner en cintura
a esos grupos para que sigan el orden establecido, de lo contrario ni
la “corte Celestial” que venga a juzgar tendrá credibilidad, porque
la credibilidad para los grupos de ultraderecha significa juicios ausentes
de verdad y decisiones complacientes y en perjuicio de los más afectados
por esa lucha infértil de unos cuantos que perdieron sus cuotas de
poder y beneficio.
Del mismo modo,
y eso no es ser especulativo sino racional, la posición de algunos
jueces de congraciarse con causas ideológicas, sean de un bando o de
otro, ha traído esta desconfianza en la justicia, en la legítima justicia
que sí existe pero que se ha opacado lastimosamente.
Esto nos lleva
a plantear la necesidad de revisar el marco jurídico nacional; de ir
tras cualquier agresor de nuestras leyes; de no dejar espacios para
negociar tolerancia en nombre de un diálogo maniquista y rastrero.
Los anarquistas
hemos tenido siempre una profunda aversión a los conceptos de derecho
y de estado, y nunca hemos dejado de acariciar la idea de destruirlos.
Todo intento de formular una teoría anarquista del derecho y del estado,
puede considerarse poco menos que asunto arriesgado. Rechazamos esa
práctica por ser un ejercicio esencialmente académico y oportunista;
no todos estamos por igual representados en el Estado de Derecho.
Pero otra parte,
los juristas están concientes de que no existe una teoría concreta
del derecho que busque formulas de organización basadas en la participación,
en que ésta y el control sean lo mismo. Por tal motivo, cómo entender
la justicia cuando desde los primeros momentos de su gestación ha estado
contaminada de cinismo y oportunismo. Hay falsedad notoria en lo que
se dice y expresa; por ello, la justicia libertaria es la que aplica
la ley en el instante y momento que se dan los hechos. No puede haber
prórrogas para justificación o alegatos; esa permisología del
alegato es lo que nos tiene en deuda con la Justicia de los hechos
de abril del 2002, y es la que nos tiene en deuda con nuestra conciencia.
