La propuesta de esa consulta surgió en noviembre pasado por parte de los prefectos departamentales, como una vía para enfrentar la crisis política por la que atravesaba la nación andina.

Pese a que entonces el ejecutivo desestimó esa medida y abogó por el diálogo conciliador, el pasado 8 de mayo de manera apresurada la alianza opositora Poder Democrático Social (PODEMOS) impuso en el Senado el análisis y aprobación del sondeo.

Cuatro días después, el presidente Evo Morales promulgó la ley, al tiempo que exhortó a sus adversarios a no temerle al soberano en la fecha prevista, el 10 de agosto.

De mayo hasta este domingo, varios obstáculos se han observado para impedir la realización del sondeo, según denuncias del propio ejecutivo.

Entre otras maniobras, utilizaron a Silvia Salame, magistrada suplente del Tribunal Constitucional, quien pretendió anular el plebiscito, pero sin tener las competencias adecuadas.

También los prefectos opositores, entre ellos el de Cochabamba, Manfred Reyes, presentó acusaciones legales para demostrar la inconstitucionalidad del referendo, pero sin las pruebas necesarias.

A su vez, las agrupaciones políticas adversas al actual mandatario cuestionaron la confiabilidad del padrón, lo que descartaron después que observadores internacionales ratificaran la legitimidad de las listas.

Como último plan, dirigentes cívicos de los territorios de la llamada Media Luna incitaron a la violencia.

Personas pagadas por las mismas prefecturas, tomaron instalaciones aéreas, protagonizaron manifestaciones para impedir la llegada del presidente Morales a sus territorios y también organizaron huelgas de hambre.

Por otra parte, se produjeron enfrentamientos de sectores obreros, personas con discapacidad y maestros con las fuerzas del orden público en defensa de viejas demandas, que ya eran atendidas por el ejecutivo y el parlamento, como quedó demostrado después.

Ninguna de esas medidas logró impedir que siguieran los preparativos de la consulta.

Este domingo, según la ley del revocatorio, los dirigentes bolivianos para mantener sus puestos no pueden recibir una cifra de votos en contra superior a los sufragios favorables obtenidos cuando fueron elegidos para sus actuales funciones, en diciembre de 2005.

De esa forma, el mandato del presidente Evo Morales sólo terminaría si sumara más de un 53,7 por ciento de boletas contrarias, mientras el rango para los prefectos oscila entre un 37,98 y un 48,03.

Sin embargo, en una nueva propuesta de la CNE, para ser revocadas las autoridades departamentales deberán acumular boletas contrarias a su gestión superior al 50 por ciento de los votos válidos.

En el caso del presidente Evo Morales y el vicemandatario, el porcentaje para revocarlos deberá ser superior al 53,7 por ciento, resultado con el cual triunfaron en las urnas en diciembre de 2005.

La propuesta fue interpretada por el ejecutivo como una sugerencia técnica pero deberá ser avalada por el Congreso para su puesta en práctica, según Palacio Quemado.

Acerca de esos comicios, el propio Morales ha aseverado que propiciará la instalación de un nuevo escenario político.

El mandatario de origen aymara dijo a la prensa que ese sondeo será la mayor expresión de democracia del pueblo boliviano.

En ese sentido, recordó en más de 50 años en Bolivia estuvo prohibido el voto universal, ejercicio que era vetado a mujeres y otros sectores sociales, marginados por los gobiernos de turno.

Después de este 10 de agosto, remarcó, estamos obligados a un reencuentro de las autoridades para formular el nuevo escenario que nos permita seguir avanzando en proyectos que traigan mayores beneficios a los bolivianos.

El jefe de Estado admitió sentir grandes esperanzas que la nueva consulta popular se realizará en paz y tranquilidad e instó a todos los ciudadanos a cumplir con ese deber cívico, debido a su importancia para el futuro del país.

Las primeras encuestas en Bolivia daban un respaldo del 59 por ciento a la gestión de Morales y del vicemandatario, Álvaro García, aunque legisladores del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) estimaban que rebasarían el 65 por ciento.

Esas mismas pesquisas avizoraban que los prefectos de La Paz, Cochabamba y Tarija serían removidos y se mantendrían los de Oruro, Potosí, Santa Cruz, Pando y Beni.

La consulta será fiscalizada por unos 300 veedores internacionales, además de cuatro mil nacionales, así como 132 mil jurados locales.

Unos 37 mil efectivos de la Policía Nacional han sido movilizados este domingo para velar por la tranquilidad ciudadana en el sondeo.