12 de agosto 2008. - El prefecto del departamento boliviano de Cochabamba, el opositor Manfred Reyes Villa, dejó este martes su cargo a un funcionario subalterno y reiteró su posición al considerar ilegal el referendo del domingo en el cual perdió por 63,86 por ciento de los votos.
"La decisión fue dejar la Prefectura en manos del secretario general (Jhonny Ferrel, de confianza de Reyes Villa)", afirmó el asesor de la autoridad regional, Erick Fajardo, al asegurar que "ahora corresponde al Gobierno convocar a elecciones" para designar al nuevo prefecto.
Según la Agencia Boliviana de Información (Abi), la Constitución Política del Estado establece que el único con facultades legales para designar prefectos es el Presidente de la República; y la ley de convocatoria a elecciones de prefectos no establece procedimiento de sustitución de estos mandatarios regionales en caso de renuncia o revocatoria.
Al abandonar la Prefectura, Reyes Villa, quien había indicado en un primer momento que no reconocía los resultados del referendo y no estaba dispuesto a entregar su cargo, dijo a la prensa que no se aferra al cargo e insistió en que seguirá defendiendo la legalidad.
"No estoy desesperado, de ninguna manera, Manfred es una persona que se debe a la democracia a la decisión de los cochabambinos", afirmó el prefecto revocado.
Explicó que dejó el cargo a Johnny Ferrel como muestra de que no se aferra al cargo y puntualizó que estará a la espera de lo que decida el Gobierno de Evo Morales.
Por su parte, el vocero de la Prefectura, Erick Fajardo, no quiso dar información sobre el futuro de Reyes Villa. Explicó que la ley boliviana establece que cuando se produce un interinato, como sería el caso en Cochabamba, el presidente convoca a un nuevo plebiscito en un plazo de 90 días, independientemente -según él- del referendo revocatorio del domingo.
"Ahora hay un prefecto interno que es Jhonny Ferrel, quien deberá ser reemplazado en nuevas elecciones", acotó Fajardo.
El referendo de esto domingo en Bolivia fue saludado por todos los gobiernos de Latinoamérica. Además, los organismos que actuaron de veedores, como la Organización de Estados Americanos (OEA), lo calificaron como un ejemplo de transparencia.
