16 de agosto 2008. - La familia del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branco Marinkovic, obstruye las investigaciones y los juicios abiertos en su contra por el cobro irregular de 20 millones de bolivianos en certificados de devolución impositiva (Cedeim) y por apropiación ilegal de tierras en ese departamento de Bolivia.

La Agencia Bolivariana de Noticias (ABN), informó este sábado que los Marinkovic hacen lo imposible para trasladar los procesos de La Paz, la capital boliviana, a Santa Cruz.

La hermana de Branco, Tatiana Marinkovic, es investigada por el Ministerio Público por la comisión de al menos cinco delitos, entre ellos falsedad ideológica, legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de influencias y defraudación fiscal, por lo cual fue citada por la justicia en varias oportunidades, pero no acudió a los llamados.

El pasado viernes 15 de agosto, la jueza 4to de Instrucción en lo Penal, Margot Pérez, suspendió una audiencia de apelación sobre la excepción de incompetencia territorial presentada por los acusados, porque no se presentó la representante legal de la empresa IOL Sociedad Anónima, Tatiana Marinkovic. La jueza fijará hora y fecha para una nueva audiencia y exigió la presencia de Marinkovic.

La viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, “la ausencia de la representante de la familia Marinkovic es una muestra clara de cómo ellos están intentando perjudicar y obstruir la justicia. Esperemos que la jueza tome en cuenta estas acciones a la hora de dictar las medidas cautelares”.

La aceitera IOL SA fue fundada en 1967 por Silvio Marinkovic, padre del líder cívico, y su producto más conocido en Bolivia es el aceite Rico. Actualmente la empresa procesa granos de soya y girasol, además exporta a los países de la Comunidad Andina (CAN), a Centroamérica y a Europa. En 2003 sus ventas ascendieron a 100 millones de dólares.

La familia del presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz y propietario de la empresa IOL se benefició con 20,4 millones de bolivianos en certificados de devolución impositiva, mediante los cuales el gobierno devuelve a los empresarios el pago de impuestos por los gastos que hacen al exportar su mercadería.

Los Marinkovic crearon cinco empresas proveedoras de servicios e insumos inexistentes, se autogiraron cheques por supuestas compras valoradas en 11 millones de dólares y falsificaron documentos para recibir los 20,4 millones en 2000 y 2001.

La familia habría sobornado a funcionarios del fisco para que le reconozcan supuestas ventas al exterior que nunca se concretaron. Un informe de la Contraloría General de la República confirmó que la empresa exportadora no existe.

Los representantes legales de IOL, Tatiana Marinkovic de Pedrotti, Silvio Marinkovic Svarsic y Nenad Matkovic Vranjican, giraron en mayo de 2000, un cheque por 82 mil 74 dólares y en noviembre de 2001 otro por 45 mil 627 dólares a favor de Jorge Serrate Middagh, ex jefe de la Unidad Distrital de Control Tributario de Santa Cruz, quien ejerció el cargo entre agosto de 2000 y noviembre de 2001. Lo extraño del caso es que estos desembolsos no figuran en los registros contables de la empresa.

Se presume que al menos 15 funcionarios del Servicio Nacional de Impuestos Internos fueron cómplices del fraude. Por eso, el 1 de octubre de 2007 Suxo presentó ante la Fiscalía de La Paz una denuncia contra los ex funcionarios.

La ex directora regional de Impuestos de Santa Cruz, Salomé Nasica Azogue, afirmó que las devoluciones en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2000 beneficiaron a 124 empresas con la aprobación de la Contraloría General de la República.

Pese a contar con una orden de fiscalización para verificar las operaciones de mercado interno de la empresa, a Suxo no se le permitió investigar y, al contrario, le iniciaron un proceso.

Las tierras de los Marinkovic

Los Marinkovic reclaman la propiedad de las haciendas Yasminka (12.587 hectáreas) y Laguna Corazón (14.364 hectáreas) en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, más grandes que las ciudades de La Paz y El Alto juntas.

Los trámites de saneamiento de ambas haciendas son ilegales, porque se tramitaron después de 1996 en franca violación a la Ley INRA 1715, además constituyen un caso ejemplar del sistemático asalto terrateniente en el oriente del país con la complicidad de ex autoridades del INRA, de jueces y de dirigentes indígenas corruptos.

Una parte de la hacienda Yasminka se sobrepone a la tierra comunitaria de origen (TCO) del pueblo guarayo, inmovilizada por el INRA en julio de 1997. El 100% de la hacienda Laguna Corazón se encuentra dentro de la Reserva Forestal de Guarayos, creada por decreto supremo 08660 de 1969, el cual prohíbe expresamente asentamientos humanos y el otorgamiento de derechos agrarios en la reserva.

Es inadmisible e insultante para el Gobierno bolivianoque el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz intente despojar a los indígenas guarayos de las mejores 27 mil hectáreas de su territorio ancestral histórico, incluida la más bella y más importante laguna de la zona.

“Pareciera que el gobierno moral de los cruceños (el Comité Cívico) se convirtió en un instrumento de agresión y despojo”, lamentó el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz.

El Viceministerio de Tierras inició un juicio penal documentado contra Marinkovic, pero el proceso se entrampó varios meses, debido a la “chicanería”. El empresario trasladó el juicio a Santa Cruz, un ambiente que no garantiza la correcta y transparente administración de justicia.

“Cualquier boliviano mínimamente informado se da cuenta de que las autoridades judiciales de Santa Cruz serán víctimas de presiones muy fuertes si se trata de enjuiciar a Branko Marinkovic”, opina Almaraz, pero a pesar de todo confía en que las autoridades judiciales “resolverán el asunto con rectitud y que esa tierra tan injustamente despojada les será restituida a los guarayos”.

Ahora los Marinkovic intentan trasladar a Santa Cruz el juicio por los Cedeims y también otras investigaciones pendientes.

Un reporte del diario La Prensa reveló que ocho familias dueñas de grupos empresariales cruceños controlan el 14% del patrimonio del sistema bancario en Bolivia. Entre ellas figuran los Bedoya, Monasterio, Kuljis, Kempff, Petricevic, Tardío, Saavedra Bruno y los Marinkovic.

Datos de la Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros dan cuenta de que todas estas familias detentan aproximadamente 535,5 millones de bolivianos de los 3.931,8 millones que maneja la banca.

Tatiana Marincovik es accionista del Banco Económico (16,9%), cuyo patrimonio asciende a 218,5 millones de bolivianos. Según el último reporte del Registro del Mercado de Valores, Branco Marinkovic es uno de los directores de este banco, vinculación que no es permitida por las normas del sistema financiero.