Gladys Martínez López (Redacción) Martes 27 de noviembre de 2012. Número 18
La Comunidad de Madrid anuncia la privatización total o parcial de todos los hospitales y del 10% de los centros de salud.
Más de 100 centros santiarios mantienen encierros de protesta y se han organizado marchas multitudinarias y convocado varias huelgas.
Entrevistas en el Hospital de La Princesa
Se llama Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid, pero su aplicación en 2013 supondrá el desmantelamiento de un plumazo de lo que hasta ahora era el sistema madrileño de sanidad pública, ya de por sí lastrado por la entrada de capital privado en los centros hospitalarios inaugurados en los últimos cinco años.
Presentado el 31 de octubre, el plan, que se acompaña de un recorte del 7% en un presupuesto sanitario más bajo que la media del resto de comunidades, prevé privatizar totalmente los seis hospitales semipúblicos construidos en los últimos años, privatizar parcialmente el resto de hospitales mediante la externalización de los servicios no sanitarios, reconvertir los hospitales Carlos III y La Princesa en un centro de media y larga estancia y en un centro “altamente especializado” para personas mayores de 75 años, respectivamente, privatizar de entrada el 10% de los centros de salud, cerrar el Instituto de Cardiología y reestructurar y centralizar servicios, como, por ejemplo, los laboratorios, que se concentrarán en tan sólo cuatro hospitales. Asimismo, se privatizarán la Lavandería Central Hospitalaria y la Unidad Central de Radiodiagnóstico.
Quince días después se descubría que en el lote de la privatización de algunos hospitales se incluirán también centros dependientes de los mismos, como es el caso de los dos ambulatorios de especialidades de Vallecas, asociados al Hospital Infanta Leonor, por lo que no se descarta que otros ambulatorios puedan correr la misma suerte.
El plan incluye también el pago de un euro por receta, una medida de repago farmacéutico ya aplicada en Catalunya desde julio. Y a pesar de que el Consejo de Estado, órgano consultivo del Gobierno, dictaminó el 15 de noviembre que la instauración de la tasa “vulnera el orden constitucional”, porque las autonomías no tienen competencias en esta materia y se provoca discriminación entre sus habitantes, Madrid se ha reafirmado en su decisión de implantarlo a partir del 1 de enero y Catalunya ha decidido mantenerlo. El caso se presentará previsiblemente ante el Tribunal Constitucional, pero algunos movimientos en defensa de la sanidad universal y pacientes han decidido declararse insumisos desde el primer momento. En Catalunya son más de 6.000, según datos de la Generalitat.
La rebelión de los hospitales
En Madrid, el anuncio de la privatización y reconversión de centros ha puesto en pie de guerra a los hospitales de la región. Empezaba La Princesa el día 2 de noviembre con un encierro indefinido, la colocación de mesas informativas y de recogida de firmas y la realización de dos concentraciones diarias.
La reconversión de este hospital universitario puntero en especialidades como la neurocirugía o la hematología, y la del Carlos III, referencia en enfermedades como el VIH o la hepatitis C, provocará el cierre de los servicios y especialidades hasta ahora desarrollados y la eliminación de la investigación, obligará a un cambio de centro de referencia a cientos de miles de habitantes y provocará el despido de cientos de profesionales, denuncian sus trabajadores.
“La política que está siguiendo el Gobierno de la Comunidad es privatizar, y las empresas quieren que la sanidad sea rentable”, dice Juan Domingo García, portavoz de los trabajadoresmovilizados del Carlos III, que tiene una visión clara del porqué de la reconversión de estos dos centros: “Las empresas que van a quedarse con los seis hospitales semiprivados prefieren tratar a los enfermos agudos, que son más rentables, y que los públicos traten las enfermedades con mayor gasto. Por eso quieren convertir La Princesa y el Carlos III en hospitales de crónicos”.
Aunque en el caso del Hospital La Princesa las movilizaciones han conseguido que la Consejería de Sanidad negocie y hable de alcanzar una “visión compartida”, nada está ganado. Veinte días después del anuncio del plan, eran 25 los hospitales en lucha, con encierros permanentes, organizados en asambleas y coordinados en su mayoría a través de la Coordinadora de Hospitales y Centros de Salud. A partir del 19 comenzaron las movilizaciones en centros de atención primaria, cuando el del barrio de Carabanchel se unía a los encierros. El 26 de junio, primer día de la huelga, había personal y usuarios pasando la noche en más de 100 centros sanitarios.
“Es todo un plan de rediseño global de la sanidad pública madrileña, y el objetivo es ir hacia el modelo privatizador. Aquí la presa gorda, donde las empresas van a hacer el negocio, es la privatización de los seis hospitales más los centros de salud, por eso no me extrañaría que la Comunidad estuviera dispuesta a retroceder en algunas cuestiones en relación a La Princesa, que es un caso muy grave, pero lo de los seis hospitales va a ser difícil”, explica uno de los portavoces de los trabajadores del 12 de Octubre. “Es una jugada muy compleja. Ellos hacen una ofensiva y están dispuestos a retroceder un poco y a que les comas el peón que han puesto delante, mientras las piezas gordas las están reservando por detrás”, añade.
Seis hospitales a subasta
Los seis hospitales que se privatizarán totalmente –Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Henares, Sureste y Tajo– abrieron sus puertas en 2008 y fueron construidos por constructoras, inmobiliarias y otras empresas, según el modelo PFI (iniciativa de financiación privada). Es decir, ellas gestionan la parte no sanitaria con concesiones a 30 años, mientras que la Administración, que paga un canon anual a las empresas, se encarga de la sanitaria. Ahora se regirán por el modelo PPP (partenariado público-privado), serán enteramente gestionados por empresas y la Comunidad les pagará un canon por habitante, igual que se hace ya en los hospitales de Valdemoro, Móstoles y Torrejón, gestionados por las empresas Capio y, hasta ahora, Ribera Salud, siguiendo elmodelo implantado en Alzira (Comunidad Valenciana).
La privatización y el cierre de algunos centros y servicios o su remodelación y concentración provocará, denuncian los trabajadores, una reacción en cadena de despidos, desplazamientos de plantilla y más despidos. Sanidad ya ha anunciado que prescindirá del personal eventual e interino sanitario contratado en los seis hospitales privatizados, según el sindicato CSIT, y eso es sólo un primer paso. Si a todo esto se añade que en todos los hospitales públicos de Madrid se externalizarán los servicios no sanitarios que todavía no lo estén, entre 7.000 y 8.000 trabajadores podrían perder su empleo según las cifras barajadas por la Coordinadora de Hospitales y Centros Sanitarios, creada en julio, cuando la Comunidad anunció su decisión de “extinguir” las 26 categorías de personal no sanitario (mantenimiento, lavandería, cocina…), es decir, su progresiva privatización.
Empezaron entonces los primeros paros, cortes de carretera y asambleas, ahora generalizados tras el nuevo envite privatizador. Luis López, de la Coordinadora de Hospitales, explica que “esto es una reivindicación que va más allá de lo laboral, es una reivindicación de salud pública y es importante que los usuarios estén con nosotros”, y añade que las asambleas del 15M y las asociaciones de vecinos se han implicado en las movilizaciones. “La gente está muy concienciada de que esto va a poner en peligro la salud de todo el mundo. Si un tratamiento de quimioterapia de un día son más de 7.000 euros, se lo pagará el que sea más rico porque esto va encaminado a que tengamos una sanidad como en EE UU y no lo podemos consentir”, afirma L., una administrativa también portavoz en el 12 de Octubre.
Antonio Gómez, de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), pone como ejemplo el hospital de Alzira, donde los médicos de urgencias cobran incentivos si el paciente no es ingresado, o el de Torrevieja Salud, la empresa que gestiona un hospital de esa ciudad y varios centros de salud valencianos, que incentiva a los médicos de atención primaria con hasta 24.000 euros anuales si no derivan a los pacientes a los especialistas. “Los incentivos en el ámbito de la salud chocan con el código hipocrático. Va a haber una selección de riesgos: pacientes caros van a ser derivados a lo que quede de la pública y se van a imponer los incentivos económicos para reducir el gasto. Si se consuma, habrá un deterioro importante de la calidad de la asistencia”, explica.
Pero también insisten en que la privatización del personal no sanitario puede afectar, no sólo a los puestos de trabajo, sino también a la calidad asistencial. Un ejemplo práctico es el de Reino Unido, donde la externalización de los servicios de limpieza de los hospitales llevó a la reducción del número de limpiadoras de 67.000 a 36.000, lo que coincidió con un aumento en los hospitales del número de infecciones que se convirtió en récord en la UE.
Los profesionales también denuncian como falso el principal argumento de la Consejería para privatizar: “La privada sale más barata”. Un estudio realizado en 2010 por UGT a partir de datos oficiales demuestra que una cama de hospital en la privada cuesta el doble que en la pública. Según este estudio, los hospitales gestionados por Capio en la Comunidad de Madrid reciben una media de 200.000 euros más por cama y año de dinero público que un hospital completamente público como el Clínico, además de ofrecer una asistencia de “peor calidad” y “menor actividad clínica en procesos de alta complejidad”, que suelen ser derivados a la pública.
El mismo modelo privatizador acecha a los centros de salud. De momento serán un 10%, “aproximadamente 27”, según el plan. Los centros, que serán financiados con dinero público, pasarán a depender de sociedades constituidas por personal sanitario que se encarga de la gestión y contratación, como las Entidades de Base Asociativa (EBA) que gestionan algunos centros de Cataluña desde 1996, donde uno de los resultados ha sido la reducción de plantilla: en las EBA una enfermera se encarga de 2.903 habitantes, frente a 1.549 en los centros públicos, según un informe de CAS. Una segunda opción contemplada sería la gestión de los centros por mutuas o empresas sanitarias.
El origen: Ley 15/97
El objetivo de los movilizados es la retirada total del plan presentado por la Comunidad de Madrid, pero van más allá. “La raíz de todo es la Ley 15/97, de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. A partir de aquí se empezó a desarrollar la privatización de la sanidad en posteriores reales decretos y leyes”, explica L., del 12 de Octubre. Lo mismo opinan desde la Coordinadora de Hospitales y desde CAS. La ley fue aprobada en 1997 con los votos de PP, PSOE, PNV, CIU y CC. Hoy, muchos movilizados piden también su derogación.
En los últimos días, las reacciones se multiplican. La Princesa ha reunido 368.108 firmas contra su transformación, todos los colegios de médicos del Estado español han rechazado el plan privatizador de la Comunidad de Madrid y la marcha de cuatro columnas convocada por la Coordinadora de Hospitales el día 18 se convirtió en un “tsunami blanco” que inundó el centro de la capital. Entre tanto, la AFEM, una asociación de facultativos especialistas, decidía en una gran asamblea convocar una huelga indefinida para el 26 de noviembre. Diez días después, los sindicatos de la Mesa Sectorial, acusados de “mucho tiempo de inacción” por varios de los profesionales entrevistados y eclipsados en muchos hospitales por las asambleas de trabajadores, han decidido convocar finalmente cuatro jornadas de huelga (26 y 27 de noviembre y 4 y 5 de diciembre).
“Lo que nos está pasando en Madrid se va a extender a otras comunidades”, afirma Juan Domingo García, del Carlos III. “Deberíamos empezar una protesta masiva porque nos costó mucho conseguir la sanidad pública, universal y gratuita y vamos camino de que no sea ni universal ni gratuita ni pública”.