Seiscientos cincuenta (650) trabajadores permanentes, 200 contratados y 250 empleados defienden su derecho a trabajar y que se cumplan con la convención laboral.
El boicot empresarial y la administración fraudulenta ponen en peligro la fuente de trabajo.
Así consta pues en el Acta que el CLEA, firmaron los diputados Mora y Amarilla González luego de inspeccionar la planta el 20/04/06.
Consta también que desde el 3/4 los directivos de la empresa dieron orden de “apagar los hornos” y desde entonces pues lo trabajadores permanecen cumpliendo horarios y guardando cuidado sobre las instalaciones, maquinarias y materia prima.
La empresa se ha negado al dialogo en todas las instancias creadas. El 12 y 26 de Abril no asistió a las Audiencias del Ministerio de Trabajo en Maracay. Tampoco el 25/4 a la audiencia citada con fecha 18/4 por el CLEA.
La empresa quiere ante la opinión pública hacer parecer que los trabajadores son responsables de esta situación pero la comunidad sabe que son los patronos quienes no han cumplido con sus obligaciones.
Pero Sanitarios Maracay no son ellos los responsables del estado actual. La empresa debe 29 millones de Bolívares de impuestos al Municipio, 30 millones a la caja de ahorros, 40 millones de Bolívares en luz, 100 millones de bolívares al concesionario encargado del comedor entre otros. Esta situación se agravaría con la puesta en vigencia del decreto de Solvencia Laboral ya que además de las deudas con los trabajadores por la violación de los derechos de convención laboral, hay incumplimiento con el seguro, LPH, paro forzoso y otros.
Trabajar aquí es un infierno. Indica el acta del CLEA que el 29/03/2006 el sindicato UNT presento el pliego de incumplimientos en busca de soluciones.
Adeudan 6 mudas de uniformes, materiales de protección necesarias para las tareas. Como consecuencia del trabajo 120 compatriotas tienen hernia de disco, incluso uno de ellos de utilizar silla de ruedas. No se hacen la cobertura médica preventiva y correctiva.
En el mes de noviembre los patronos no querían pagar utilidades. Y los trabajadores se vieron obligados a forzar el pago con 15 días de huelga.
Hoy representantes de
Las asambleas de turno decidieron, en el marco de la nueva política laboral “empresa parada empresa tomada” empezar el debate acerca de cómo reiniciar las actividades de la planta.
Hay preocupación acerca de que no se pierdan las 1.000 toneladas de pasta que existen en la planta, y el riesgo de daños a las maquinarias y tuberías el desuso, sin embargo los trabajadores han estado vigilantes de que esto no suceda.
Hay también la necesidad de trabajar y comercializar los productos para que las familias no vean afectadas como consecuencia del boicot empresarial.
Actualmente los trabajadores retiran una bolsa de alimentos gestionada por la compra del sindicato. El costo semanal de ello es de 30 millones de Bolívares. El dinero para costearlo es del fondo de emergencia que los trabajadores han juntado previamente.
El conflicto en Maracay es una cuestión de estado.
Aquí se debe cumplir los derechos constitucionales que constan en los artículos 87, 89, 97,99, de la constitución de Bolivariana de Venezuela.