Caso 1: Una aparente confusión con resultados mortales
El 23 de noviembre del año pasado, entre las 3 y 4 de la tarde, en Maracaibo un funcionario del CICPC y otro de la GNB murieron en un evento que aparentaba ser un enfrentamiento, pero no con bandas de delincuentes, se enfrentaron entre ellos mismos. El funcionario del CICPC se dirigía a hacer compras al centro comercial, se encontraba solo, lo aborda un miembro de la GNB, vestido de civil, y lo apunta con su arma, el CICPC reacciona instintivamente pensando que es un asalto, el GNB se encontraba junto a otros 9 compañeros, luego el CICPC recibe 12 balazos, el GNB recibe 3, todos disparados por sus compañeros de la GNB. Posteriormente trataron de involucrar al CICPC fallecido en un caso de extorsión y hacer parecer lo sucedido como un "enfrentamiento" para justificar tales acciones. Pero al tratarse de un CICPC esto no resultó ser tan fácil; lo hubiesen podido hacer sin problema con cualquier civil de origen humilde, pero en este caso hay intereses corporativos que prevalecen. Se colectaron unos 30 casquillos de bala, esto sucedió en plena tarde en un centro comercial, las víctimas civiles pudieron ser muchas (como ocurrió al día siguiente en el Estado Sucre con un señor sordomudo de 45 años, cuyos responsables también son funcionarios de la GNB).
Caso 2: Por el amor de una mujer
A la semana siguiente de ese mismo mes de noviembre, en el estado Anzoátegui, dos jóvenes funcionarios de la GNB emularon las hazañas de Justo Brito y Juan Tabares. Las distintas reseñas del caso coinciden en que ambos funcionarios se dieron muerte dentro de las instalaciones de este organismo militar, haciendo uso de sus armas reglamentarias, motivados por la atención de una dama. En este caso destacan todos los ingredientes simbólicos de los enfoques culturales utilizados para la explicación de la violencia: masculinidad y armas de fuego, estudiados en nuestro contexto por Verónica Zubillaga.
En ambos casos está presente el uso del arma de reglamento y los victimarios son funcionarios de los propios cuerpos de seguridad del Estado. Sobre este punto ya hemos adelantado algunas ideas en un artículo anterior. Ahora nos interesa destacar dos aspectos: 1) el uso del arma de reglamento cuando no se está prestando el servicio; 2) la hipótesis del "enfrentamiento" con delincuentes como causal de muerte de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. Los datos que se presentarán continuación son el resultado de nuestra investigación sobre la victimización por homicidio de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado en el AMC que puede ser consultada en este enlace: https://revistas.urosario.edu.co/index.php/desafios/article/view/5051/3446
1) Sobre el uso del arma de reglamento: El 58,5% de los funcionarios víctimas de homicidios que no estaban en ejercicio de sus funciones se encontraban armados; sin embargo, esto no les sirvió como protección; por el contrario, posiblemente esa situación haya promovido su muerte, como parece que ocurrió en nuestro Caso 1. Un 25% de estos funcionarios provocaron previamente a su victimario con alguna amenaza real contra su vida. Lo anterior constituye un 60% de los casos en los que hubo este tipo provocación. Sólo en un 5,4% de los casos totales el funcionario víctima logró matar a su victimario y ambos perecieron el mismo día. Estos datos parecieran indicar que el porte de armas fuera de las horas de servicio no protege a los funcionarios, sino que los expone. Por otra parte, habría que considerar que dentro de los elementos robados a los funcionarios fallecidos, las armas de fuego representan el primer lugar (54,3%), lo que constituye un 33,9% de los casos totales. Adicionalmente, se pudo observar que el 10% de las armas con las que son asesinados los funcionarios provienen de los propios cuerpos de seguridad. Por todo ello habría que evaluar hasta qué punto portar el arma de fuego fuera de servicio termina siendo un elemento que no solamente incrementa la vulnerabilidad del funcionario, sino que, además, se convierte en una fuente de provisión de armas para la delincuencia, incrementando la inseguridad de la ciudadanía en general.
2) La hipótesis del enfrentamiento: El 73% de los oficiales fallecidos no se encontraban en ejercicio de sus funciones. En los casos en los que se pudo detectar un conflicto previo entre víctima y victimario, en el 72,8% de éstos el conflicto generador del hecho no se vinculaba con la prestación del servicio de policía. Nuestro Caso 2 es un ejemplo. Un 6% de los casos analizados en nuestra investigación ocurrieron en instalaciones militares, si bien no representan un porcentaje significativo, por su gravedad son de especial atención. Este tipo de casos cobra mucha importancia con la reciente aceptación de responsabilidad del Estado venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de la muerte del cadete Ortiz Hernández, donde se puede apreciar la desidia institucional en los distintos niveles del Sistema de Justicia venezolano, en el que una de las hipótesis es el móvil pasional.
Finalmente es importante destacar que apenas en un 7% de los casos la muerte de los funcionarios fue ocasionada efectivamente por enfrentamientos con delincuentes, es decir, estos supuestos son la excepción y no la regla. Esto es congruente con lo planteado por PROVEA en su último informe anual cuando afirman que más del 86% de los casos de muertes en manos de las fuerzas de seguridad son ejecuciones. Estas evidencias nos hacen desconfiar del relato oficial, policial y periodístico que presenta la mayoría de las muertes en manos de los cuerpos de seguridad como enfrentamientos, justificando de esta manera las mismas. Por otro lado, también nos hace desconfiar de la presentación de las muertes de funcionarios policiales como el resultado del ejercicio del deber, dejando abierta una serie de hipótesis distintas para la investigación de estos fenómenos.
