La reciente reforma de la Ley de Ilicitos Cambiarios y las medidas anunciadas por el Ejecutivo Nacional respecto al control de cambio de divisas, representan un esfuerzo firme por desmontar los negocios turbios que se hicieron tan tristemente cotidianos en torno a la circulación ilegal de moneda extranjera. No deja de ser algo casi surrealista que frente a todos se manejara –y maneje aún- una agenda abiertamente ilegal, donde sucedían cosas tan disparatadas como que una página web marcara pauta diaria respecto al “valor” de las divisas desde cálculos arbitrarios y ajenos a cualquier marco regulatorio. En la práctica, una organización “parainstitucional”, asumiendo atribuciones exclusivas del Estado.
Mi opinión no pretende aproximarse a una explicación macroeconómica de las nuevas medidas. Contrariamente, me llama la atención el efecto cercano e inmediato en los que hasta esta semana fueron operadores cambiarios –a través de valores comercializados desde las casas de cambio y sociedades de corretaje-, a quienes la premisa legal según la cual toda persona se considera inocente hasta que se demuestre lo contrario, se aplica pero a la inversa, cuando ha trascendido que en allanamientos realizados a estos operadores por autoridades judiciales se hallaron irregularidades como computadoras recientemente formateadas y documentos desaparecidos, además de personal de altos cargos que abandonaron el país.
El que se haya dejado pasar el tiempo y con él la realización de delitos, cuando era un secreto a gritos que el dólar paralelo marcaba la pauta de la cesta de precios, debe llamarnos la atención. El repunte de la inflación -no sólo el reciente sino el que se registra desde que se ha aplicado el control de cambios y por tanto, desde que existe un mercado paralelo ilegal de divisas- ha afectado el nivel de vida de la población, que a pesar de haber mejorado en el periodo, pudiera ser hoy aún mejor.
Se tardó demasiado en tomar medidas en la materia. La centralización de las operaciones en el Banco Central de Venezuela no debe ser la única medida. Los responsables de los procesos de desfalco y trampa contra el erario nacional, sean grandes o pequeños, deben ser juzgados y condenados. En una deuda que se tiene con todos los venezolanos.
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