Está sonando mucho la gestión contralora. En tiempos electorales, como bien lo expuso el actual Contralor General de la República, se encrestan las críticas hacia la buena o mala, o deficiente o interesada, gestión de ese Poder administrativo.
Por esa razón expondremos parte del funcionamiento interno burocrático. Tocaremos el tema de la larga cadena procedimental que hace de la gestión pública una de las más insufribles penas que un cristiano pudiera invocar en pago a “promesas” cumplidas que haya recibido de tal o cual divinidad favorita.
Es que a riesgo de ser descubiertos y sancionados por la Contraloría oficial, nuestra Administración Pública ha ido configurando toda una red de coadministradores, veladores de sus personales y/o grupales intereses pecuniarios, y al lado de las gestiones inherentes a cada uno de los correspondientes cargos de las miríadas de funcionarios públicos.
No podemos ignorar que en esa Administración se halla todos los tipos de gente: nacionales y extranjeros, doctos y semiignorantes, vocacionistas e indiferentes, indolentes y humanitarios, serviciales e irresponsables. Obviamente, con semejante hibridaje es muy cuesta arriba armar equipos eficaces a favor de la colectividad restante. Pero eso no es lo peor.
Los funcionarios públicos así enredados han armado un aparataje de Control Administrativo paralelo, interno y autónomo, que en la práctica funciona sobre rieles. No pasa un documento ni se toma una decisión por escrito que no atraviese una larga y lenta cadena de procedimientos en cuyos eslabones está siempre un pendejo representante de la “matraca” en cuestión. Cuando llega un pago o una solicitud de gasto cualquiera, cada involucrado en esa gestión se toma su tiempo, hace sus propias consultas con sus superiores, aguanta, engaveta, analiza, revisa y hasta opina sobre la conveniencia o inconveniencia de aquella solicitud o salida presupuestaria.
A ese valioso tiempo invertido por esos funcionarios públicos, verdaderos dueños de la gestión pública, se suma el tiempo que invierten los demás funcionarios de menor rango. Estos sólo son funcionarios nominales y no funcionales que sin embargo ocupan oficinas, máquinas y equipos además de robustecer la cuantía de las nóminas institucionales.
Esa lentitud en la prestación del servicio lleva un mensaje inscrito que no es otro que la subrepticia exigencia de un bono dinerario por servicios extras, de tal manera que cada funcionario pueda “lubricar” la maquinaria burocrática correspondiente. También puede esconderse allí la propia ineptitud de un funcionario contratado por todos los caminos menos el de sus credenciales tecnoacadémicas. Para estos funcionarios públicos es una “honra” que los traten como corruptos en lugar de incapaces que bien podrían serlo.
Por eso, el papeleo burocrático siempre va más allá del número de pasos indispensables, según el flujo administrativo y organigramático. Es la lentitud que imprime cada burócrata para asegurar su s correspondiente bonificación y atornillar su propio cargo.
Me tocó trabajar en San Félix, segunda mitad, años 60. Durante la primera semana de tomar posesión tropecé con unas 27 (veintisiete) cajas personales. A la Tesorería del Municipio llegaba sólo una ínfima parte de toda la patente y tributación anual. A cada secretaria le tocaba determinada tributación: Aseo Urbano, patentes de comercio, de propaganda y publicidad, derecho de frente, etc. No sólo se mermaba el flujo de Tesorería sino que todas las gestiones insumían el doble o más del tiempo rigurosamente necesario.
Cuando la Contraloría Oficial averigua y vela por la sanidad administrativa lo hace sobre un personal teóricamente equipado para servir al público, sin caer en la cuenta, ni investigar nada sobre esa Contraloría paralela que, además de corrupta, es entorpecedora de la celeridad con que debe operar una Administración pública que funciona con excelentes profesionales enredados en las mafias de pendejos anidadas en nuestra Administración Pública de todos los tiempos.
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