El acto de corrupción administrativa en los organismos públicos y privados es un hecho social y político anti ético y anti moral que tiene su origen, no en el sistema capitalista como muchos creen, si no en la postrimería del modo de producción primitivo. La corrupción surgió al producirse por primera vez la división de la sociedad en clases sociales que dio origen al modo de producción esclavista al ser aprovechada la fuerza de trabajo de un colectivo por una sola persona.
Más acá en la sociedad medieval, en pleno imperio romano, según los relatos religiosos, Judas se convirtió en un corrupto al entregar a Jesús Cristo a los soldados romanos. Los vicios de corrupción administrativa son históricos, acompañado del nepotismo y las ansias de poder económico y político, la avaricia, la mezquindad, el egoísmo y todo vicio que conlleve al goce y disfrute individualista por encima del bien común. Por lo tanto, es un problema cultural arrastrado por las subsiguientes sociedades feudales, mercantilistas y capitalistas.
Simón Bolívar fue contundente al firmar el Decreto de Pena Capital en Lima el 12 de Enero de 1825 contra los funcionarios que tomaran dinero de los fondos públicos. Si nos preguntamos cual de los gobiernos que ha tenido Trujillo ha sido el más corrupto, respondería con toda responsabilidad que la corrupción actual en Trujillo supera a cualquier gobierno de la democracia representativa, es decir, desde 1.958 hasta 1.998, y los ocho años de gobierno de Gilmer Viloria. Eso se explica no solo porque los recursos presupuestarios son mayores hoy, si no por que hay más Direcciones y organismos autónomos en el Ejecutivo regional, más alcaldías y más organismos nacionales en la región.
Hay que destacar que los hechos de corrupción administrativa fueron menos conocidos en los años del punto fijismo de la cuarta República, porque los mecanismos de detección eran menos rigurosos y en consecuencia había menos conciencia social sobre el perjuicio social, económico, moral y ético de una administración pública corrupta.
La memoria colectiva apenas recuerda casos muy puntuales como el de JUDENATRU, FINANDES, el vaso de leche escolar apropiado por el entonces gobernador adeco Eleazar González y la apropiación de los Jeep adquiridos por el Ministerio de Relaciones Interiores. Durante los gobiernos de Gilmer Viloria se destacaron entre otros de 108.410 pares de zapatos escolares contratados por la gobernación a través del Fondo Único Social FUS con la empresa Jandro´S CA. Irregularidades en la adquisición del Sistema de Radiocomunicaciones Troncalizado para la Policía del Estado Trujillo; irregularidades en la transacción de locales comerciales propiedad de FOGADE, operación hecha por el prófugo Jesús Caldera Infante y la creación de empresas privadas a la sombra de la gobernación; la desaparición de más de 5 mil millones de Bs viejos que habían sido destinados para la construcción del Mercado Mayorista de Alimentos (MERCAL). Funcionarios de esa administración adquirieron haciendas, edificios, apartamentos, mansiones y bienes y raíces
En lo que va de la administración de Hugo Cabezas, hay muchos casos que ameritan exigir su renuncia a la gobernación. Se destacan, entre otros, la adquisición de dos hectáreas de terrenos por parte de FUDET con un sobre precio de 1.799 millones de Bs., cuando el vendedor adquirió el lote de 5 hectáreas por tan solo 18 millones de BS viejos ; la adquisición de modernas discotecas y haciendas por parte de Diputados a la Asamblea Nacional; el pago de más de 200 millones de BS por parte de cada empresario por el derecho de explotar la actividad arenera.; la protección y apadrinamiento de funcionarios y ex funcionarios públicos acusados de distraer miles de millones de BS por obras no construidas, ejemplo emblemático es la malversación de 5mil millones de bs viejos destinados a la construcción del acueducto Mirabel que no se construyó por parte del ex alcalde de Carvajal Richard Cabrices mediante recursos aprobados en un Gabinete Mobil del Presidente Chávez; el respaldo al candidato a la reelección de la alcaldía del Municipio Miranda del Estado Trujillo Douglas Linares, cuestionado por presuntos actos de corrupción; la sustracción, hasta ahora no aclarada de 712 millones de BS de la bóveda de la Tesorería de la Gobernación destinados al Programa Social Padre Rosario; la sospechosa desaparición de más de 45 unidades vehiculares que estaban asignadas a dependencias del Ejecutivo regional, la implementación de la figura de “emergencia legislativa” en el CLET para que se apruebe sin previa discusión de todo lo que exija el gobernador a sus seis diputados más uno de la oposición; el traspaso de fondos aprobados por el CLET al gobernador de 105.307.855,50 (más de 105 millardos), como remanente del presupuesto del 2.010 que habían sido destinadas para obras presupuestadas pero no ejecutadas en ese período. No se conoce el destino de los intereses generados y no se le notificó a las comunidades la existencia de ese monto para proyectos comunitarios en el año 2.010 (FIDE, LAE y presupuesto ordinario); además de esto, le aprobaron al gobernador casi 1/3 (272.412.717) más de 272 millardos para usarlos a su albedrío a través de donaciones o entrega de dádivas donde jugará importante factor el clientelismo.
También la ejecución de prácticas mercantilistas y capitalistas en empresas denominadas socialistas o propiedad social, donde se evidencia el aprovechamiento personal de altos personajes del Ejecutivo regional, pues allí no existe contraloría social alguna que regule el ingreso y egreso de recursos a estas empresas. Estas no tienen carácter socialista ni incide en el sector productivo como generadoras de empleo ni el abaratamiento de los precios de los productos y bienes que de allí se origina, ignorándose también el destino y la redistribución de los ingresos de dichas empresas; la contratación de empresas de otros Estados y de funcionarios públicos y ex funcionarios acusados de corrupción administrativa para ejecutar obras de Concejos Comunales; deudas hasta ahora no canceladas a trabajadores que contratan con el ejecutivo regional;
el progresivo ingreso en cargos de la administración pública regional y nacional de personas provenientes de otros Estados en sustitución de compatriotas de Trujillo, incluyendo a mano de obra calificada., el evidente nepotismo en la contratación de empresas de otros Estados, cuyos propietarios son fichas de la oposición.
La falta de diligencia para aclarar la acusación hecha de una doble cancelación por los terrenos donde se construye la planta de tratamiento de aguas negras a la entrada de la ciudad de Valera; la falta de consulta al pueblo sobre decretos en cuanto a aspectos de la identidad regional, cambiando epónimos de instituciones y calles y avenidas de Trujillo con lo cual se distorsiona la historia del Estado Trujillo; la ausencia del debate y promoción de lo que significa la Comuna Socialista, pues su lugar se limitan a imponer la práctica contratista y mercantilista en desarrollos urbanísticos; Hugo Cabezas saboteó la Jornada Humanitaria en Boconó, organizada por el grupo “TRUJILLANIDAD UNIENDO VOLUNTADES POR TODA Venezuela, en ocasión de celebrarse los 447 años de su fundación; la generalizada práctica de cobro de hasta 10 millones de BS viejos a profesionales para ingresar a cargos del Ministerio de Educación; presentación de obras construidas en la pasada administración como ejecutadas por el actual gobierno regional; graves fallas de construcción de muros y tramos de calles y avenidas que se han desplomado y no se conocen las empresas contratistas; gasto mil millonario en publicidad con presupuesto del Estado; represión violenta contra una comunidad de Carache con matanza de animales y contra familias damnificadas del Callejón Carabobo del Municipio Valera. Faltaría preguntar al gobernador si es cierto que plagió un proyecto de modernización de la ONIDEX elaborado por el Teniente José Francisco Vivas Chaya cuando fue Director General de ese organismo y sobre una supuesta nómina paralela.
Estas prácticas de la cultura capitalista y colonial fueron heredadas por parte de la derecha endógena del PSUV que siguen siendo fichas de la oposición y que sabotean el proceso bolivariano porque no lo quieren.
¿Y por qué no hay presos en Trujillo por actos de corrupción administrativa
Por la sencilla razón de que los administradores de la justicia y del Ministerio Público en su mayoría toleran y ceden ante las presiones de los gobiernos regionales. Razón capital: tampoco están ganados para sancionar la corrupción administrativa porque están formados en la cultura capitalista.
¿Qué medidas podrían aminorar estos males?
Se debe modificar la Ley de Contraloría, para poner estas instancias a la orden del Poder Popular. Así el Fiscal General de la República, el contralor de cada provincia y municipios deben ser elegidos por el voto popular meses antes de las elecciones de los poderes ejecutivos y legislativos, que sean candidatos nominales sin tarjetas de partidos políticos y previamente surgidos de asambleas populares parroquiales, municipales y regionales y que no sean postulados ni influidos por gobernadores ni alcaldes, y que estos contralores tengan a su vez un cuerpo de contraloría seleccionado directamente por la población.
De esta forma la contraloría se ejecutaría con mayor transparencia, imparcialidad, neutralidad y objetividad, aminorándose así la tolerancia hacia la corrupción y contribuiría por vía coercitiva la transformación de la cultura capitalista por una militancia socialista. También habrá que usar la vía persuasiva con la formación de la conciencia social de valores humanistas y socialistas a través del conocimiento masivo de la Ley de Contraloría Social, la Ley del Poder Popular, la Ley de las Comunas, ley de los Concejos Comunales y la Ley Contra la Corrupción.
*MIEMBRO DE LA CORRIENTE DEL PENSAMIENTO BOLIVARIANO Y SOCIALISTA DEL PSUV “FABRICIO OJEDA” DEL ESTADO TRUJILLO.
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