Los precios en las clínicas privadas han salido por fin a discusión en virtud de su descontrolado crecimiento y acentuado carácter especulativo. Los intereses tocados se declaran víctimas de acoso. La pugna está planteada.
La iniciativa partió de diez de las instituciones públicas que para la atención médica de su personal administran fondos con los cuales adquieren directamente los servicios de empresas prestadoras de salud; y obedece a la constatación del hecho, tras ver como esos fondos se tornaban rápidamente insuficientes y requerían notables aumentos para poder responder al injustificable incremento de las tarifas.
La indicada alianza caracterizó la especulación mediante evidencias como: El precio de una habitación en clínica (sin trabajadores, materiales ni alimentos) es superior al de un hotel 5 estrellas; cobran por acompañante; la facturación de utensilios y enseres es de escándalo, y la de medicinas, hasta de 1.000 %; las facturas en los distintos tipos de clínicas (A, B, C) varían según la institución, y así mismo las tocantes a los particulares, que los favorecen frente a las instituciones, aunque éstas representan millones de pacientes; los presupuestos para cartas avales se vencen cada mes y sufren aumentos abusivos; se aducen los INPC, pero usados a la manera de las cuotas-balón, etc. (Y, aliados, ¡las farmacias!).
La alianza elaboró, con profesionales y técnicos idóneos, un baremo que introduce rebajas justas y revela un sobreprecio anual de por lo menos 2.000 millones de bolívares, buenos para fortalecer el Sistema Público, en función de la solución estratégica del problema. Mas entre tanto, el Ministerio congeló los precios y convocó al examen de costos, para regirse por la Ley recientemente aprobada.
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