Hemos acumulado una larga y enriquecedora experiencia en la materia del control público por haber desempeñado por varios años diversas posiciones en la Contraloría General de la República, primero como parte de los equipos de apoyo técnico en las actuaciones fiscales rutinarias o de carácter especial y, luego, como coordinador y gerente de programas de gestión dentro del área del control previo, cuando aún la norma legal le asignaba al organismo esa competencia de control para la administración central, la cual le fue transferida, muy pocos años después (1996), a las oficinas de control interno que operan en las distintas dependencias que integran ese entramado centralizado del Ejecutivo Nacional, dejando en manos de la máxima entidad fiscal, el control posterior.
Enfrentados como estamos ahora en cerrada defensa de este proceso de cambios que ocurre en el país, todo ello impulsado por un pueblo que derrotó una cofradía de politiqueros corruptos que gobernó a Venezuela por más de 40 años, se nos hace necesario abordar el tema de la lucha contra la corrupción desde una perspectiva real y concreta, en donde se plantee la necesidad insoslayable de instrumentar una clara y apropiada política de Estado en materia de anticorrupción, la cual coadyuve, en términos determinantes, a poner en marcha un esfuerzo colectivo que de manera permanente haga del mismo una razón más de vida, como única posibilidad que nos va a permitir transitar, con toda certeza, el único camino por el que podamos llevar a este país hacia estadios de la mayor dignidad y prosperidad posibles.
Para nadie es un secreto que los hechos de corrupción, de manera general, si no son denunciados, es muy poco probable que se logren detectar fácilmente. Como tampoco lo es aquello de que, para que haya corrupción, alguien debe sobornar a otro o, también, que ese alguien se vea compelido a pagar una “matraca” o “mordida”, como se dice en lenguaje popular y en esa fechoría ambas partes buscarán las fórmulas que les permitan mantenerla en el mayor de los secretos, pues en sus proyectos manejan, con toda seguridad, la necesidad de concertar nuevos y pingües negocios. Es así como ese terrible mal hace metástasis, al punto de que puede, sin lugar a dudas, llegar a dañar severamente la salud de la República. Ahora, lo que sí queda como algo muy evidente hasta para el más indiferente, es que esos personajes, tanto el uno como el otro, son corruptos por igual y, por tanto, se convierten en presuntos delincuentes candidatos a ser enjuiciados ante los tribunales del país.
Una de las armas que viene utilizando la oposición en su estrategia de lucha tenaz y permanente en contra del gobierno es, precisamente, la corrupción, sin percatarse de que para que ella ocurra, como lo hemos indicado, son imprescindibles dos actores. Sus liderazgos tan curiosos y dignos de estudio por especialistas, de manera persistente lanzan acusaciones de corrupción de todo calibre y sin limitaciones de ninguna índole, enlodando el nombre de personas e instituciones y con ello sometiéndolas al escarnio público, si aportar pruebas ni indicios que pudieran otorgarles a esos señalamientos un mínimo de credibilidad y lo que es peor aún, apuntalados en falsedades y/o medias verdades, pero con el mayor descaro guardan absoluto silencio cuando los señalados son gente que milita en sus filas o se trata de alguno de esos tantos disfrazados de “rojos rojitos” que hacen parte de la burocracia estatal y que se declaran, una vez descubiertos en la trampa, estar en desacuerdo con el gobierno tiránico de Chávez…. A estos últimos los declaran víctimas del régimen y como huyen del país, sus nombres los agregan a sus listas de “perseguidos políticos…”
Hemos sido persistentes a través de los años en la prédica de que la corrupción hay que atacarla sin piedad, provenga de donde provenga, independientemente del poder político o económico que tengan las personas que sean señaladas, pero comoquiera que esa experiencia que hemos acumulado en el área nos ha venido indicando que la tarea no es nada fácil, sencillamente porque quienes incurren en delitos de corrupción no dejan huellas o, en todo caso hacen lo imposible por borrar cualquier evidencia que los pueda incriminar, también hemos estado sugiriendo desde hace muchos años (más de 40), a través de cientos de escritos publicados en diversos medios de comunicación, que una política anticorrupción tiene, necesariamente, que contemplar no solamente la posibilidad de aceptar la denuncia, cualquiera que ella sea, como indicio o presunción de un hecho irregular, cuya investigación determinará si es no falsa, sino que el proceso de esas investigaciones admita la utilización de los más modernos mecanismos tecnológicos que puedan existir para ese tipo de pesquisas, a través de los cuales se puedan aumentar las certezas de llegar al meollo de los problemas, es decir, que se tenga éxito frente a cada posible fechoría y sus responsables sean puestos en evidencia y sometidos a la justicia. Más recientemente se nos ocurrió sugerir que valdría la pena que el Comandante Presidente examinara la conveniencia de crear el Ministerio del Poder Popular Contra la Corrupción para que asuma la rectoría de esa política y hoy de nuevo lo replanteamos...
Pero sigamos diseccionando le tema. No hay que olvidar que los delincuentes del erario público, generalmente, muestran con cierta satisfacción en sus propios entornos, los beneficios de sus robos adquiriendo propiedades inmobiliarias, viajando y comprando de todo lo que nunca tuvieron, pues sus sueldos no les daban sino para llevar una vida normal, sin excesos de ningún tipo, de manera que por esa vía siempre ha estado abierta, ciertamente, un resquicio que pudiera conducir, en una investigación nada complicada, a ponerlos en evidencia*. Hemos sostenido el criterio de que esta batalla hay que librarla aplicando las mismas estrategias que se utilizan en la guerra contra los traficantes de estupefacientes, entre las cuales destacamos como la de mayor importancia, aquella que tiene que ver con lo que en el argot policial se conoce como “labores o tareas de inteligencia”.
Damos testimonio de que en un alto porcentaje las investigaciones que nos tocó abrir mientras ejercimos funciones de gerencia en el organismo contralor (1.961/76 y 1978/85), fueron impulsadas por escritos anónimos y en la mayoría de las veces por denuncias formuladas a través de los medios de comunicación, quienes para entonces cumplían algunos con bastante seriedad, el rol de informar con objetividad, veracidad y ética. De ese alto porcentaje de averiguaciones así abiertas, en su gran mayoría arrojaron claras evidencias de actos de corruptelas de muy diversa índole. Claro, es interesante resaltar que al final casi nadie de los que resultaban involucrados eran sancionados o cuando mucho el que lo era, por cierto, siempre de los eslabones más bajos de la cadena o lo que en buen criollo se les llama los más pendejos, recibían una penalidad que no pasaba de una sanción moral administrativa, pues las de carácter penal yacían en expedientes que eran escondidos por presiones de padrinos y compadres de alto coturno, hasta que les llegaba la prescripción y eso sucedía tanto en las propias instancias de la fiscalía, como en los tribunales.
Esta política anticorrupción que propugnamos apuesta a enterrar esas perversiones y complicidades del pasado y tiene que estar fundada en principios morales de muy alto calibre, conducida, además, por equipos competentes e indoblegables y, para que no caiga en devaneos y perversiones, deberán estar bajo la lupa permanente del pueblo y para ello hay que darle un vuelco total al régimen de contraloría existente, cambiar radicalmente el modelo que ha venido prevaleciendo, impuesto por el neoliberalismo que extendió sus garras hasta nuestro país durante los últimos gobiernos de la Cuarta República, especialmente en el de Caldera II y que tuvo su origen y eso no podemos olvidarlo, en el Consenso de Washington (1990), en donde el gran capital intervencionista fijó la estrategia para consolidar aún más su influencia en las economías y políticas de nuestros países latinoamericanos de desregular y eliminar los controles (todos, incluyendo el Control Previo) , sobre la falsa premisa de que los Estados eran pésimos administradores y que sólo el mercado era el único que servía para salvar a nuestros pueblos y para hacerlos felices…!!!! y por ello había que dejarlo que actuara sin “ataduras…”
Esta propuesta hay que examinarla con urgencia, es perfectible, sin duda alguna, pero con ella creemos estar señalando una vía en la dirección de encontrar una salida que va a permitir que al fin podamos librar una batalla frontal y efectiva contra la corrupción, así como acabar con el intento de utilizar ese terrible flagelo como arma de lucha en la confrontación política. Es necesario que todos quienes sentimos verdadera y auténtica preocupación por el país y sus gentes, hagamos de esa lucha una bandera común, pues el corrupto no debe tener cabida en ninguna organización social de Venezuela, cualquiera sea su estructura o sus objetivos.
Esta propuesta, como vemos, nos convoca a todos, de manera que pongámonos a trabajar para ver si logramos impedir que una desmedida corrupción lleve al traste nuestro empeño por construir una patria socialista o lo que es igual, una patria soberana, digna, con justicia plena y en permanente tránsito hacia su desarrollo sin explotados ni explotadores, para beneficio exclusivo de su pueblo.
(*) Debe ser ampliada con urgencia la relación de funcionarios obligados por la Ley y los reglamentos a formular la Declaración Jurada de Patrimonio, como los fiscales de hacienda (nacional, estatal y municipal) a todos los niveles y en todas las áreas, inspectores, agentes policiales y militares que hacen parte de pesquisas de manera general, como por ejemplo, en aduanas, en puertos y aeropuertos; los fiscales en el ejercicio de funciones contraloras a todos los niveles; los inspectores de obras públicas; los funcionarios que otorgan permisos y/o licencias del cualquier tipo, así como quienes los asisten para la sustanciación de los respectivos expedientes, etcétera, etcétera…
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