Una de las grandes tareas que tiene el gobierno nacional es el control de la especulación. La forma grosera como se ha manejado los precios de los bienes y servicios, y las fallas en el control de calidad de los mismos, imprime la necesidad de mirar hacia las instituciones públicas responsables de limitar el apetito voraz del capital por el dinero de los trabajadores. Y la reacción popular es inmediata: la responsabilidad es de Indepabis, que no está cumpliendo cabalmente su labor. Sin embargo, hay un contexto complejo que debe ser revisado.
Existen en el país dos importantes instancias que atacan directamente el fenómeno de la especulación: El Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) y la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (Sundecop). A pesar de tener competencias complementarias y concurrentes, están adscritas a entes distintos, Indepabis al Ministerio del Poder Popular para el Comercio y la Sundecop a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Se entiende que inicialmente por lo estratégico de la actividad que regulaba la Sundecop se adscribió a la Vicepresidencia. Sin embargo en el marco del acrecentamiento del problema de la especulación y el desabastecimiento de algunos productos y marcas del mercado, es importante repensar la forma como está organizado estas instituciones, que incluso debieran de fusionarse en una sola.
Por otra parte, Indepabis, organismo encargado de la defensa del consumidor, ha corrido una suerte peculiar. Desde su creación en 2008 ha tenido 5 presidentes: Eduardo Samán (dos años), Valentina Dos Querales (6 meses), Aura Hernández (5 meses), Augusto Montiel (9 meses) y Consuelo Hernández (actual desde 21/11/2011). Obviamente, los cambios comprometen el fortalecimiento institucional y hace complejo la planificación estratégica a mediano y largo plazo. Su actual Presidenta es la que hasta el momento se ha mantenido por mayor tiempo al frente de la institución (2 años y medio) lo cual se debería traducir en una fortaleza importante.
Otro aspecto es la organización. Llama la atención cómo está desconcentrada y descentralizada a nivel nacional. Existe una disparidad en los esfuerzos por hacer presencia en las entidades federales. Por ejemplo, es algo difícil comprender porque en Yaracuy existen 10 oficinas (1 de coordinación y 9 municipales) mientras que en estados con mayor densidad comercial y poblacional como Miranda sólo hay 4 (1 de coordinación y 3 municipales). Igualmente sucede con Anzoátegui donde existen 7 oficinas mientras que en Zulia hay 3.
Por la imperiosa necesidad de fortalecer la actividad fiscalizadora y reguladora de la actividad comercial en el país, considero que se debe revisar la forma como se han dirigido los esfuerzos institucionales que conocemos hasta ahora. Creo importante tres aspectos: En primer lugar la revisión de la forma como está actualmente conformada las instituciones reguladoras, sus entes adscritos y de adscripción y los niveles de coordinación entre ellos. Incluso, revisar una posible fusión y aglutinamiento organizado de esfuerzos.
En segundo lugar, acelerar la municipalización de Indepabis en donde sea necesario realizarlo. Hay espacios donde se pueden agrupar subregiones, pero necesariamente hay otros donde es requerida una mayor presencia de la acción reguladora con carácter permanente. Ello, debe emular la experiencia adquirida en instituciones como el SAIME, CADIVI, INTT, con respecto al gobierno electrónico, y el uso de las tecnologías al servicio de la función pública.
En tercer lugar, Indepabis debe asumir la tarea de fortalecer la acción fiscalizadora con la incorporación del Poder Popular, y fomentar tal como está estipulado en la novísima Ley Orgánica de la Contraloría Social, el control tanto colectivo como orgánicamente. No es solo la recepción de denuncias, sino la actuación conjunta entre el poder constituido y el poder popular empoderado para ejercer funciones fiscalizadoras. Igualmente, sobre la propia tarea de Indepabis, en coordinación con el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión del Gobierno. Esto no desmerita el control social individual, pero complementa y ayuda a que la acción de seguimiento y control cuente con un despliegue mayor.
Es perentorio el fortalecimiento institucional de las acciones dirigidas a fiscalizar y sancionar de forma severa y ejemplarizante a los especuladores. Ello contribuye a que las medidas económicas y los lineamientos de políticas públicas logren el efecto deseado, una mayor y mejor calidad de vida.
