Parece que el Gobierno nacional decidió sanar la administración pública deteniendo a dos delincuentes que, aprovechando la majestad que les otorgaba sus cargos, delinquieron para hacerle un gran daño no solo al patrimonio de todos los venezolanos, sino a la condición ética y moral del proceso revolucionario.

El primero fue el director nacional de Inspección y Fiscalización del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), Tryno José Martínez Calderón, y ahora le tocó a Raddawan Sabbag, expresidente de Ferrominera del Orinoco.

El caso de Sabbag fue algo así como la crónica de una muerte anunciada; ya desde hace tiempo varios articulistas de aporrea venían denunciando al gobierno nacional las barbaridades que se estaban cometiendo en el estado Bolívar y sus empresas básicas, en especial dos articulistas señalaban las causas de la derrota electoral en ese estado al comandante Chávez y toda la dirigencia nacional.

La cumbre del asunto vinculado a la corrupción está en la IMPUNIDAD y en la cadena delictiva que todo hampón deja como secuela, y por consiguiente, de solidaridades mafiosas cuya operatividad se manifiesta desde los altos cargos públicos y políticos, hasta los encargados de impartir justicia en el país, que son los que en definitiva pueden poner el sello de la vergüenza al dejar en libertad delincuentes y encarcelar o imputar gente inocente; cuando no se trata de inculpar venezolanos honorables para favorecer a algún allegado a los poderosos, las mismas mafias o un familiar o amigo de un jerarca.

Hace unas noches, en su programa en VTV, Nolia nos informaba sobre los mecanismos del leguleyo asociado a la impunidad y la corrupción: tal es el caso de Ilze Perozo de Montoya, esposa del diputado a la Asamblea Nacional, Julio Montoya, condenada a tres años de prisión tras admitir haber incurrido en actos de corrupción, a través de la construcción de obras de la Gobernación del estado Zulia.

La suma que se le señala haber sustraído está cercana a los 8 millones de bolívares...suficientes para sobornar a todo un ramillete de funcionarios y legisladores (incluyendo jueces y fiscales).

Nolia expresaba, palabras más, palabras menos, que ahora vendrán unos cínicos juristas y dirán...NO LO VUEL-VA A HA-CER y a la pobrecita le otorgarán el beneficio de casa por cárcel, luego el de presentación cada 15 días y finalmente, quedará en libertad plena, para disfrutar, junto a sus secuaces, los bienes patrimoniales robados a todos los venezolanos.

El caso de la Juez Afiuni está siendo también denunciado por diferentes voceros: se corre el peligro de que sea puesta en libertad otorgándole beneficios procesales...¿de dónde viene la orden? ¿quienes la ejecutarán?; mientras tanto, Julián Conrado sigue bajo régimen de privación de libertad sin ningún delito probado, o lo que nosotros en nuestra constitución consideramos delito, y es propensa la situación para ser deportado al cadalso...o sea a Colombia.

Y es que da la impresión que delinquir en Venezuela es muy lucrativo: delinquen quienes hacen tráfico de influencia; favorecen contratos sin concurso; retardan procesos judiciales; eliminan pruebas de flagrancia; absuelven procesados cuyos delitos están mas que demostrados; hacen silencio ante los entuertos administrativos de sus superiores; favorecen redes de solidaridad delictiva; criminalizan y satanizan la denuncia; boicotean los procesos de investigación...en definitiva, todos los que no cometieron el delito directamente pero que gracias a su poder (ejercido desde un cargo o una posición política) allanan los caminos de la IMPUNIDAD.

El ejercicio de la crítica, atalaya de los muros que sostienen el imperio de la verdad, pareciera que es también susceptible de ser tipificada como delito y condenada no con pena explícita constitutiva de la privación de libertad (a un crítico no se le darían beneficios procesales), sino sentenciando a quienes la ejercemos al ostracismo o a la invisibilización.

El gobierno nacional debe entender que de nada sirven las denuncias y auditorías, las fiscalizaciones y contralorías ejercidas desde las diferentes formas de organización popular (brazo fundamental de todo proceso revolucionario), si en consecuencia, no va a haber diligencia para castigar a los delincuentes.

Necesitamos dirigentes como Argimiro Gabaldón y Hugo Chávez, diputados como Fabricio Ojeda y Luis Tascón, maestros como Prieto Figueroa, poetas como Aquiles Nazoa, músicos como Antonio Estévez y Otilio Galindez, intelectuales como Brito García, Acosta y Sanoja, fiscales como Danilo Anderson y funcionarios como Eduardo Samán...necesitamos también , con URGENCIA, transparencia y equidad en los procesos tribunalicios.



salud!!!