Que un médico ginecólogo en Venezuela, ejerciendo la medicina privada, llegue a ganarse 97 salarios mínimos (léase 230.000 bolívares) al mes cuesta creerlo; que un colega suyo, pero de la especialidad de traumatología, pueda amasar 189 salarios mínimos al mes, realmente parece una exageración, cuando no una “patraña”, para mal poner a la medicina privada y a quienes la ejercen.
Pues, esta conclusión la arrojó el análisis de más de 63.000 facturas recibidas de las propias clínicas privadas, y llevado a cabo durante más de año y medio por la Alianza Institucional para la Salud, ente de articulación del sector público creado por el Gobierno Revolucionario.
Los “mercaderes” de la medicina se niegan a reducir sus ingresos mensuales a 60 salarios mínimos, en el caso de los ginecólogos y a 90 salarios mínimos en el caso de los traumatólogos.
¿En cuáles universidades se graduaron estos profesionales que hoy venden sus servicios al mejor postor, como si la salud de los ciudadanos fuera un bien que se compra y se vende a quien mejor pueda pagarlo?
Pues, todos ellos y todas ellas se graduaron en universidades públicas, es decir subsidiadas por el Estado venezolano, cancelando apenas, en la mayoría de los casos, montos simbólicos para graduarse de “mercenarios” de la salud.
Salvo excepciones, excepcionalísimas, que siempre las habrá, los profesionales de la salud que se desempeñan en el campo privado no pasan de ser negociantes como los que podemos encontrar en cualquier bolsa financiera, con la diferencia que venden un conocimiento que la sociedad a través del Estado, por vía de las universidades, les traspasó sin ningún costo para ellos.
No es fácil imaginar cómo el Gobierno revolucionario encarará y derrotará a una gran mafia que tiene instalada un negocio altamente lucrativo y que no está dispuesto a ceder ni un milímetro en las ventajas leoninas que sus negocios desde hace buen tiempo le vienen ofreciendo.
Son muchos los casos ya documentados de pacientes que murieron porque la lógica del negocio no permitió que se considerara prioritario el derecho humano a la salud, el caso del bombero es uno de los más recientes. Más casos todavía que ni se han documentado y seguramente ni siquiera serán conocidos, más allá de los círculos de sus familiares y amigos, de venezolanos y venezolanas, de distintas edades y sexo que mueren porque no tienen como comprar en los centros de salud que lo “expende” a su mejor postor, su derecho a seguir viviendo.
Si le interesa el tema, sígale la pista al camarada William Castillo, quien viene haciendo acuciosos análisis al respecto, tanto en programación de TVES, como en publicaciones periodísticas regulares.
