Partamos de la siguiente realidad nacional que alimenta la corrupción en
variopintas modalidades:

1.- El usuario de los servicios púbicos acude a un organismo público X de
una comunidad cualquiera, prefectura, gobernación, tribunal, notaría,
ministerio, alcaldías y afines;

2.- Allí suele ser remitido de X organismo a Y organismo, y cuando no es a
Y, a Z y/o hasta a Z+ 1 organismos;

3.- El mismo usuario regresa a X desde los demás organismos involucrados; y

4.- En alguno de esos organismos, luego de largas esperas y correveidiles,
obtendría respuesta, que ya sería bastante.

Proponemos que, cuando el usuario acuda a cualesquiera de esos organismos
burocráticos vinculados entre sí, según la naturaleza de su jurisdicción,
que sea ese organismo X, el Y, el Z o el Z+1 los que asuman la
responsabilidad de enlazarse directamente con los restantes organismos y
solicitar en nombre del usuario tales o cuales expedientes, tales o cuales
documentos o diligencias tendentes todas a la solución del problema
confrontado por el usuario del caso. Digamos que el primer organismo cuyas
puertas tocó el usuario debe asumir plenamente la solución del problema,
como si se tratara de un organismo polivalente e integral de la
Administración Pública.

Actualmente, y como parte intrínseca del sistema de corruptelas que se
sembró en nuestra sociedad desde tiempos que podrían perfectamente ser
coloniales y prebolivarianos[1], los organismos burocráticos-su
personal-inducen al usuario a que busque personalmente documentos,
indicaciones, formularios afines y demás trámites en la larga ruta de
organismos.

Es indudable que mediante este sistema[2] que proponemos, cada organismo, el
X, el Y, el Z y el Z+1, tienen más probabilidades de ser atendido con mayor
prontitud puesto que el organismo solicitante tiene una mayor ascendencia
gubernamental sobre los demás entes oficiales y hasta privados, si fuere el
caso, si se compara con la ascendencia un humilde hombre de a pie que
visitan la burocracia en búsqueda de soluciones a sus personales problemas
impuestos por las mismas leyes y organismos que tanta demora terminan
causándoles a los ciudadanos.

Pensamos que detrás de esa inoperante e ineficiente administración se halla
presente una intencionalidad corrupta porque a mayores dilaciones, mejor
caldo de cultivo para que el usuario ceda ante los funcionarios corruptos,
siempre prestos a resolverle el problemita por la vía onerosa.

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[1] En mi vecindario todavía vive un ciudadano que con gran orgullo,
petulancia y tupé afirma enfáticamente que él procede en línea recta de
una familia compuesta por 5 (cinco) generaciones en ese mismo lugar, casa y
coordenadas valencianas. El hecho lo descubrí cuando de visita puede
observar un peldaño que conduce al traspatio; peldaño de ladrillos que
exhibe claramente las onduladas huellas de la pátina de los miembros de las
familias que allí habitaron y se reprodujeron. Son las huellas que
hicieron esa hondonada que se va formando en los lacres ladrillos de barro
cocido y colocados de canto. Es de inferirse que no todos los descendientes
de la colonia sean corruptos, pero en sus viejos tiempos sus coetáneos sí lo
fueron, y lo prueba el famoso decreto mediante el cual El Libertador señaló
pena de muerte al funcionario público que robara desde Bs. 1 en adelante.
Recuerdo a un personaje de la Escuela de Derecho Miguel José Sanz-UCV-quien
no pudo contener una risita burlona cuando el profesor de turno disertaba
sobre ese decreto.

[2] Un sistema burocrático que ha mantenido una organización harto
antieconómica, la misma que se conoce como "papeleo burocrático", y como a
mayor dilación, mayor y más numerosas matracas, el sistema ha estado pasando
sin pena ni gloria, ha sido más costoso para el presupuesto nacional y por
supuesto para el bolsillito del usuario en cuestión.