Cierto que las cosas valen según su valor trabajo, pero este se expresa en precios, de tal manera que, como primera impresión, el consumidor tiende a reconocer mejor calidad en los precios altos. Hasta hay consumidores “sifrinos” a quienes les cae bien todo lo que les vendan bien caro con tal de exhibir toda su frivolidad y estupidez como ingenuos y bobos consumidores[1]. Los comerciantes saben y conocen muy bien esa frivolidad y pendejera de tales clientes.

Digamos que los bienes o mercancías subsidiadas lucen de tercera calidad siendo de primera, y así ocurre con el resto de las mercancías baratas o baratonas. Hay un viejo proverbio, un prejuicio popular alimentado por ese comerciante especulador de toda la vida, que suena así: “lo barato sale caro”.

Porque, y es una verdad palmaria, hay una correlación entre costos y precios, pero eso es lo que les ha permitido a todo el comercio aprovechar esa correlación para que la gente ingenua, y sifrina y pendeja terminen creyendo que dicha relación sea biunívoca, que no lo es porque no necesariamente a mayor precio, mayor, costo, aunque lo contrario sea cierto[2].

Además y para reforzar este punto, las mercancías baratas en general lucen   desconfiables, mientras las de elevado precios reciben todo el respeto y hasta admiración de todos los consumidores, hasta la de los más pobres, de esos que ahora son muy pocos en Venezuela.

Este fenómeno de precios bajos identificados como precios de mercancías de baja calidad incluye los servicios gratuitos, los que, por ejemplo, ofrecen la instituciones públicas o las burocráticas practicantes de matracas diversas, y los de profesionales “pendejos” que ofrecen conocimientos gratuitos, dizque ad honorem, de los que afortunadamente existen muy pocos.

Es indudable que por ahora algo anda cojo en los “precios justos” aprobados por la Superintendencia”, mismos que siguen luciendo muy altos, pero no precisamente para complacer a los escuálidos, a esos que prefieren precios elevados con tal de tener bien lejos de sí a los chavistas usuarios de pedevales y afines, a la gente pobre en general que es discriminada a través de los precios altos diferenciantes[3].    

Los consumidores, pues, merecemos una explicación.  Pareciera que el Estado coadmite precios no tan justos, pero “pareciera” que tiene que hacerlo porque, cuando un empresario burgués contrata con otro empresario o con el Estado al que aquel se acostumbró a tenerlo como sirviente burocrático, no espera otra cosa de fiscales, de magistrados, de gobernantes, de alcaldes y afines.

Pero, entendemos que el Estado está ajustando a un precio que, de estar haciendo lo mínimo contra este poderoso enemigo, eso de fijar una tasa máxima de ganancia para el fulano “precio justo”, ese precio “justo” ya no podrá ser elevado por lo menos dentro de 1 año, y mientras tanto ya no valdrá excusa alguna para los acaparamientos de mercancías ni del aparato productivo con operaciones a mediana o baja marcha productivas.

Pero, además, hay algo sobre lo que la Superintendencia de precios "justos” parece ignorar todavía, o le llevará más tiempo asimilarlo y practicarlo. Estamos hablando de que ningún empresario, fabricante o comerciante,  dentro de ese intervalo anual, podrá aplicar al costo o precio de compra ni siquiera 30% “ máximo” previsto, cuando ese nuevo costo y precio venga inflado por cualesquiera razones aducidas por el vendedor y proveedor de materias primas, de maquinarias, de consumo intermedio ni final.

Sobre esta aclaratoria, en lo a que a mí respecta, he explicado unas cuantas veces. Los empresarios en general deberían, por primera vez en su vida tratar de minimizar costos para seguir compitiendo entre sí, sobre todos ellos que giran alrededor de la libre competencia a la que contradictoriamente parecen negar. Es que por ahora los empresarios de esa caterva de empresarios rentistas petroleros y parasitarios actúan como los mecánicos de tercera: Se limitan a cambiar las piezas que presenten fallas y se abstienen de reconstruir o repararlas. Los  empresarios parasitarios se limitan a trasladar precios tal como les llegan por sus colegas proveedores.

Hemos explicado que un distribuidor final ni ningún un miembro de la cadena    pueden aplicar máximo 30% sobre el precio de compra cuando este le venga inflado respecto a la factura anterior inmediata. Si, por ejemplo, compro hoy a 10 y le agrego 30%, vendo a 13, pero si esa misma mercancía la compro luego a 20, en lugar de 10, puedo comprarla, pero ya no podré venderla con recargo de 30% porque entonces la vendería a 16 o menos, pero debo seguir vendiédola a 13, so pena de ser sancionado.

La idea de “ganancias justas” o reguladas es que ellas sirvan de amortiguadoras de posibles alzas de precios durante un año, que el empresario deba sacrificar parte de su ganancia como tendría que ocurrir con cargo a las ganancias previas respecto a los ajustes de los salarios, y no con cargo al precio de venta como ha venido ocurriendo. También tiene la opción de reducir sus costos operacionales a fin de ahorrar los innecesarios, los superfluos, los falsos costos[4].

Se comprenderá, si somos coherentes, que para estas asesorías ya   no se las puede ofrecer ad honorem como hasta ahora ya que “parece”, luce y de hecho   se estaría confirmando el prejuicio popular según el cual: lo barato no sirve, es de mala calidad, es despreciable por el sólo hecho de ser gratis, subsidiado, subvencionado o regulado.

De allí el encanto de los precios altos para quienes puedan pagarlos, es decir, a los ojos de la escualidad, como aquel arroz cuyo precio debía mantenerse elevado con tal de mantener bien lejos a los pobres consumidores del mismo arroz, de la misma leche, de las mismas chancleticas que hoy usa la mayoría de las escuálidas en una palurda imitación de las sandalias romanas de viejos tiempos. ¡Es que a esos consumidores debía vendérseles bien caro para que puedan reconocerle valor a los bienes y servicios recibidos! ya que para ellos todo lo barato huele a maloliente pobre.

[4] Véase Manuel C. Martínez M., PRAXIS de El CAPITAL, Primera parte.