Uno de los problemas más graves del Estado venezolano en la actualidad es el de la corrupción y la mediocridad de las agencias públicas. El despojo de los dineros colectivos por parte de altos funcionarios del gobierno es una patología social que amenaza la revolución y el proceso de cambios en la sociedad.
Las denuncias se conocen a diario y hay fenómenos que pesan con fuerza en el debate público nacional. Es la esencia de las cartas conocidas recientemente y de los análisis planteados desde diversos ángulos.
El caso de los 20 mil millones de dólares esfumados en el oscuro sistema del manejo de las divisas internacionales es el de mayor repercusión política y social. Muchos no salimos del asombro y nos planteamos preguntas e inquietudes al respecto. Qué sucede en el Estado y el gobierno para que se den tales situaciones? Qué pasa con los mecanismos de control? Qué pasa con la justicia que no procede de manera oportuna y diligente después de tanta denuncia y señalamiento?, como lo reclaman las mayorías populares de la sociedad.
Lo que más asombra es el silencio en las altas esferas del gobierno. Nadie dice nada. Todos callan y la sospecha se generaliza provocando la rabia e inconformidad en amplios sectores de la nación y la ciudadanía que debe padecer la inflación, la escasez, el acaparamiento y la inseguridad.
Ahora, por fin, surge una luz. La Fiscal General de la República, Luis Ortega, dice que su oficina ha iniciado 2.272 investigaciones criminales de personas naturales y jurídicas por el uso ilícito de dolares asignados a través de la anterior Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y el actual Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex).
Esas investigaciones penales hacen parte de la acción contra la corrupción ejecutadas por el Ministerio Público.
Esas pesquisas criminales se concentran en 1.490 personas naturales y 782 personas jurídicas relacionadas con estos procesos.
En el caso de las personas naturales hay 237 imputados, 49 acusados, 34 condenados por admisión de los hechos y se han solicitado 144 medidas cautelares sustitutivas de libertad.
En torno a las personas jurídicas, 38 de ellas han sido imputadas, 31 acusadas, 4 condenadas por admisión de los hechos y 4 condenadas en juicio oral y público (.
Le va llegando luz a este escabroso episodio que afecta la legitimidad de las instituciones públicas. En buena hora.
Las investigaciones y sus resultados no deben demorar, particularmente en esta coyuntura tan difícil para la revolución bolivariana.
